Opinión
Lo que sí es predecible, es que Perú entrará en una comprensible etapa de incertidumbre respecto al poder. El efecto inmediato será la cautela en materia de inversiones, especialmente las grandes y de largo plazo. Aclaremos que estas ya estaban medio paralizadas por diversas resistencias regionales, como lo fue en el pasado el proyecto Conga, en Yanacocha, y más recientemente en el proyecto Tía María en el sur. Ambas de gran minería y de capital internacional. Asimismo, la burocracia ante la incertidumbre sobre quién vendrá, no se arriesgará a implementar grandes decisiones. ¿Resultado? El que nada hace, nada teme y la economía lo puede resentir.
El presidente peruano, Martín Vizcarra, anunció el envío de una reforma constitucional que permitiría adelantar las elecciones legislativas y presidenciales. De aprobarse, tendríamos renovación del poder político en los tres países vecinos.
En efecto, en octubre, tanto Argentina como Bolivia tendrán elecciones generales. Si nadie obtiene mayoría, en ambas se irán a segunda vuelta.
En Argentina el epicentro de las elecciones es la economía. Con una inflación oscilando entre el 2 y el 3 por ciento mensual y una tasa de interés cercana al 60 por ciento, no hay que ser economista para entender cómo se siente la población. La ecuación es simple: si la economía da muestras de estabilizarse (ideal si repunta), ello favorecería la reelección del presidente Mauricio Macri.
Está difícil, porque queda poco tiempo, aunque algo ha logrado en las últimas semanas con la generosa ayuda del FMI y de su par de Estados Unidos, Donald Trump. Si la pobreza sigue creciendo, con el desplome del empleo y el consumo, entonces la bronca crecerá y eso lo cosechará el principal candidato de la oposición: Alberto Fernández, quien lleva a Cristina Fernández como vicepresidenta.
[cita tipo=»destaque»]Las alternativas son múltiples, pero el factor tiempo corre inexorable. El actual mandato presidencial y legislativo termina en julio del 2021. Una reforma constitucional debe debatirse en el Congreso, luego someterse a un referéndum y, si se aprobase, recién entonces convocarse a elecciones. ¿En qué fechas estaríamos? Suponiendo incluso un fast track, estaríamos en una dudosa fecha de adelanto, porque obviamente toda elección tiene que ser convocada con tiempo suficiente, para que se conformen las diversas candidaturas legislativas y presidenciales.[/cita]
En Argentina tendremos un test en la segunda semana de agosto: las PASO –Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias– en las que los ciudadanos consolidaran sus fórmulas electorales y permitirán detectar volumen de participación, votación por provincias y distritos electorales, como también la forma en que movilizarán “infantería” de sufragios para la recta final. En suma, después de las PASO viene lo medular de la campaña.
En Bolivia las elecciones también serán en octubre, con días de diferencia con las argentinas (una buena cantidad de bolivianos viven en ese país). Para los bolivianos, la economía no es el centro de sus preocupaciones, tienen una inflación en torno al 2 por ciento anual y un crecimiento cercano al 4 por ciento. Tampoco la campaña está centrada en la corrupción y la seguridad ciudadana. Las encuestas dan hoy a Evo un 37 por ciento y a Carlos Mesa un 30 por ciento. La campaña esta centrada en temores, a la posibilidad de un autoritarismo creciente de parte del oficialismo si es que triunfa y el temor a que un triunfo de la oposición termine con los subsidios que hoy llegan a los más pobres. La oposición es fuerte en las ciudades, pero Evo lo es en el campo, donde las encuestas no miden con exactitud. La oposición va dividida en 8 candidaturas, su unidad es difícil, solo realizable si es que hay segunda vuelta.
Otra preocupación es el deterioro del equilibrio de poderes, que a la fecha ha afectado a los organismos de control electoral, sembrando la duda sobre la legitimidad del proceso, empezando por el desconocimiento del referéndum del 27/f, cuando Bolivia dijo No a la reelección de Morales.
En Perú se vive hace rato una crisis de legitimidad que afecta a las principales instituciones del Estado. Todos los expresidentes procesados, muchos jueces y parlamentarios ídem. La causa es la misma: la corrupción desatada. Odebrecht es una de las principales causas, pero no la única. Sería largo describir cómo se llegó al actual punto, la síntesis es que la ciudadanía está indignada y, al mismo tiempo, descreída de sus gobernantes. Ello se suma a un entrampamiento entre Congreso y Ejecutivo, que ha llevado a la última iniciativa presidencial de llamar a elecciones anticipadas tanto del Congreso como para un nuevo presidente.
Las alternativas son múltiples, pero el factor tiempo corre inexorable. El actual mandato presidencial y legislativo termina en julio del 2021. Una reforma constitucional debe debatirse en el Congreso, luego someterse a un referéndum y, si se aprobase, recién entonces convocarse a elecciones. ¿En qué fechas estaríamos? Suponiendo incluso un fast track, estaríamos en una dudosa fecha de adelanto, porque obviamente toda elección tiene que ser convocada con tiempo suficiente, para que se conformen las diversas candidaturas legislativas y presidenciales.
Lo que sí es predecible, es que Perú entrará en una comprensible etapa de incertidumbre respecto al poder. El efecto inmediato será la cautela en materia de inversiones, especialmente las grandes y de largo plazo. Aclaremos que estas ya estaban medio paralizadas por diversas resistencias regionales, como lo fue en el pasado el proyecto Conga, en Yanacocha, y más recientemente en el proyecto Tía María en el sur. Ambas de gran minería y de capital internacional. Asimismo, la burocracia ante la incertidumbre sobre quién vendrá, no se arriesgará a implementar grandes decisiones. ¿Resultado? El que nada hace, nada teme y la economía lo puede resentir.
Sumando y restando en el panorama vecinal, tenemos elecciones muy competitivas en Argentina, en menor medida en Bolivia e incertidumbre política en Perú.
La economía argentina camina por el «callejón de la amargura» y la de Perú entrará a una fase de calma. El desempleo en el vecindario se puede elevar y, ante ello, es probable que emerja una presión migratoria. En primer lugar se dirigiría en contra de los migrantes, especialmente venezolanos en el caso peruano. A su vez, el desempleo en Argentina golpeará a las colonias boliviana y paraguaya. Pero también el desempleo genera expulsión de población. Adivinen hacia dónde mirarían los desempleados peruanos.
Todo lo anterior se daría en el contexto de una economía cruzada por las disputas comerciales entre China y EE.UU.
También es un momento de oportunidades, de adelantarse y prevenir. Construir escenarios y desplegar iniciativas que nos convengan a todos, eso habla de incrementar la cooperación, de fortalecer las soluciones multilaterales, del mutuo apoyo y del abandono tanto de los sesgos ideológicos como de las políticas fundadas en el inmediatismo y las encuestas.
