Opinión
Hasta la fecha no existe un argumento filosófico-político a favor de la participación triestamental, sin embargo, la contingencia de la Universidad de Santiago hace posible ahondar en este debate y mostrar algunas luces para una posición teórica a favor de la democratización interna. Tal propuesta toma en consideración la actual Ley de Educación Superior y una interpretación de la teoría de justicia de John Rawls.
Mientras el actual rector de la Universidad de Santiago de Chile, Juan Manuel Zolezzi, espera el resultado de la apelación que realizó al Tribunal Constitucional (TC) tras recibir el veredicto del Tribunal Electoral Regional que declaró la nulidad de su elección, estalló un debate sobre la democratización interna en las universidades estatales. En este conflicto, dos argumentos contrapuestos se apoyan en el mismo concepto de la autonomía.
Uno de ellos, favorece la jerarquización y el resguardo de normativas internas de la universidad –al que llamaré autonomía débil– y el otro, que además de promover la autonomía institucional, apoya el fortalecimiento de la participación triestamental al interior de las universidades estatales, lo llamaré autonomía fuerte.
La distinción entre autonomía débil y fuerte, que en apariencia es solo un matiz respecto a la elección de autoridades en las universidades estatales, es determinante a la hora de responder estas preguntas: ¿cuál es la función de la universidad en la actualidad y qué relación posee con la sociedad? ¿Cómo se relaciona el gobierno universitario con la producción de conocimiento?
[cita tipo=»destaque»]Mientras la comunidad de la Universidad de Santiago espera el fallo del TC, la discusión sobre el gobierno universitario exige elaborar alternativas. Una manera de superar el problema planteado por el oficialismo –donde se condena cualquier tipo de coerción externa a las universidades estatales, debido a que vulneran su autonomía– es democratizar las instancias de participación al interior de la universidad, de modo que sea posible discutir y legitimar las decisiones administrativas. ¿Cómo se puede fundamentar filosóficamente esta posición?[/cita]
El 29 de mayo, el Tribunal Electoral Regional declaró nula la elección del rector Zolezzi debido a la acusación que realizaron 12 académicos de dicha institución, quienes alegaron que en el proceso eleccionario se excluyó a los profesores por hora, desacatando la Ley de Universidades Estatales, la cual estipula que tienen derecho a voto todos los profesores con contratación vigente, independientemente de si pertenecen o no a la planta. Como respuesta a dicho fallo, Zolezzi decidió apelar al TC.
El primer argumento –autonomía débil– presentado por el Consorcio de Universidades Estatales (CUECh), declara que el veredicto emitido por el Tribunal Electoral Regional vulnera la autonomía de las universidades, mencionando, entre otras cosas, que dicha decisión obstaculiza a la institución “para estructurar su régimen de gobierno y de funcionamiento interno de conformidad a sus estatutos y reglamentos universitarios”.
Además, indicaron que “la eliminación de estas normas (la votación exclusiva de académicos pertenecientes a la planta en la elección del rector) desconocería la tradición y el valor que las jerarquías académicas tienen en el funcionamiento de estas instituciones, así como el reconocimiento a los tiempos de dedicación de los académicos que se encuentran más directamente vinculados al desarrollo de la misma”, indicaron (fuente: El Mostrador).
En oposición, esto se encuentra en el segundo argumento –autonomía fuerte– representado por algunos académicos de la Universidad de Santiago, quienes conciben la autonomía como la participación de la comunidad universitaria en las decisiones, entendiendo por comunidad a los tres estamentos que la componen.
La apelación efectuada por el oficialismo es tramposa, porque su principal argumento establece que la defensa a las normativas internas de la casa de Estudios es incompatible con el veredicto dictado por el Tribunal Electoral Regional. Sin embargo, el fallo emitido por tal órgano pretende, de acuerdo a la Ley de Educación Superior, ampliar la participación de la comunidad al interior de dichas instituciones para favorecer la democratización. No es el propósito de este dictamen impedir que las universidades determinen su propia normativa y elección de autoridades, como se interpreta a partir del documento presentado por la defensa de Zolezzi.
Ante tales reclamos surgen interrogantes: ¿qué ocurriría si las normativas que rigen el gobierno universitario, establecidas por la propia institución, atentaran contra principios democráticos?
Gracias a Kant sabemos que la universidad debe ser autónoma, noticia que data de 1798 con el texto “El conflicto de las facultades”. Allí el filósofo de Königsberg advirtió los peligros de la censura al conocimiento. Si la universidad depende completamente del poder del Estado, corre el riesgo de subordinarse ante una tiranía o el interés particular de algún gobernante. Pero este argumento no cierra la posibilidad de establecer normativas antidemocráticas al interior de la institución, ni tampoco es suficiente para excluir la participación triestamental de la comunidad universitaria en la actualidad.
Mientras la comunidad de la Universidad de Santiago espera el fallo del TC, la discusión sobre el gobierno universitario exige elaborar alternativas. Una manera de superar el problema planteado por el oficialismo –donde se condena cualquier tipo de coerción externa a las universidades estatales, debido a que vulneran su autonomía– es democratizar las instancias de participación al interior de la universidad, de modo que sea posible discutir y legitimar las decisiones administrativas. ¿Cómo se puede fundamentar filosóficamente esta posición?
La autonomía débil, que solamente resguarda a las instituciones universitarias de la coerción externa, resuelve solo formalmente el problema, pues, como se dijo, con esta indicación no se evita el peligro de operar bajo principios opuestos al progreso social. La autonomía fuerte, en cambio, reivindica la autonomía universitaria y, además, desarrolla esta posición al interior de la comunidad, proponiendo la participación triestamental.
Hasta la fecha no existe un argumento filosófico-político a favor de la participación triestamental, sin embargo, la contingencia de la Universidad de Santiago hace posible ahondar en este debate y mostrar algunas luces para una posición teórica a favor de la democratización interna. Tal propuesta toma en consideración la actual Ley de Educación Superior y una interpretación de la teoría de justicia de John Rawls.
A partir de la Ley de Educación Superior, se puede entender que la universidad es una institución que forma parte de la base de la estructura social, debido a que “la educación superior cumple un rol social que tiene como finalidad la generación y desarrollo del conocimiento”. Asimismo, establece que las universidades deben ser autónomas, además que “las instituciones de educación superior promoverán y respetarán la participación de todos sus estamentos en su quehacer institucional, con el propósito de fomentar la convivencia democrática al interior de aquellas y el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable y solidaria”. Con esto, se entiende que las universidades estatales en sus normativas deben respetar y promover las definiciones contenidas en dicha ley, lo cual implica su constante actualización y preocupación por un actuar de acuerdo a ellas.
Rawls, filósofo estadounidense, realizó grandes aportes al liberalismo político y a la legitimidad del poder en las sociedades democráticas del siglo XX. Entre sus grandes aportes se encuentra el libro Teoría de la justicia, en el que desarrolla principios sobre los cuales fundamentar la justicia, estableciendo que, si una sociedad se construye sobre la base de estos, será una sociedad bien ordenada y legitimada por la ciudadanía.
El autor estadounidense, siguiendo a Kant, menciona que “una persona actúa autónomamente cuando los principios de su acción son elegidos por ella como la expresión más adecuada de su naturaleza como ser libre y racional” (2006, p. 237). El principio de autonomía explicado por el teórico debe aplicar a la estructura básica de la sociedad, donde el respeto de intereses diversos entre los miembros –lo que Rawls llama pluralismo moral– es una condición para que una sociedad basada en principios democráticos y liberales, se pueda considerar justa.
Si la universidad es una institución que forma parte de la estructura básica de la sociedad, deben aplicarse los principios de justicia. En tal caso, siguiendo a Rawls, no debería imponerse el modo en que se conseguirá el propósito principal de dicha institución, que es el progreso del conocimiento y el fortalecimiento de los valores democráticos, donde los miembros de la institución universitaria, quienes según Rawls son personas razonables, libres e iguales –aunque posean diferentes funciones–, participan del mismo objetivo.
En otras palabras, una institución como la universidad, que pertenece a la estructura básica de la sociedad, está compuesta de ciudadanos autónomos. Tal característica, como estableció Rawls, es una expresión de la naturaleza libre y racional de los humanos, quienes se organizarán respetando esta condición y, además, promoverán los valores democráticos que necesita una sociedad bien ordenada.
Un gobierno universitario que defienda la autonomía de la institución, resguardándola de mandatos externos y fortaleciendo la autonomía en su interior, otorgando poder de decisión entre sus miembros, actuará de acuerdo a una sociedad democrática.
Este es el motivo por el que el fallo del Tribunal Constitucional no es solo una resolución al conflicto de la Universidad de Santiago, sino que pone en juego la idea de universidad.
