La ansiada «modernización» de la Cancillería que no fue

Dos mil años atrás, Sun Tzu sostuvo que “el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar”, atribuyendo así gran importancia a la habilidad política y la diplomacia como medios para lograr los objetivos deseados.

Esa idea se mantiene plenamente vigente en el siglo XXI, en tanto la diplomacia –bien diseñada y ejecutada– se yergue como el instrumento más eficiente para representar y velar por los intereses del Estado en el concierto de las naciones.

La política exterior de Chile exhibe numerosos ejemplos de ello: la consagración del Uti Possidetis durante el siglo XIX, la visión pionera de integración regional con el Pacto ABC de 1915 (Argentina, Chile y Brasil), la proyección política y económica al Asia durante la última parte del siglo XX o, más recientemente, el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya frente a la supuesta obligación de negociar con Bolivia una salida al Océano Pacífico.

Además de eficiente, la diplomacia chilena es también eficaz, en tanto logra sus objetivos a un mínimo coste. En efecto, si se toma la Ley de Presupuestos 2019, los recursos asignados a la Cancillería representan únicamente el 0,62% del total. Si se contrasta ese valor con años anteriores, se observa que se ha retrocedido, en tanto los fondos del Ministerio de Relaciones Exteriores equivalían en 1990 al 1,2% del presupuesto de la nación.

Pese a la disminución en la participación presupuestaria, las tareas han aumentado y se han complejizado: actualmente Chile preside Prosur, la Alianza del Pacífico y APEC, organiza la cumbre de este último foro para noviembre y la COP25 para diciembre. Hechos de gran relevancia que caracterizan un liderazgo a nivel regional y mundial.

Junto con ese trabajo político y económico, la misma Cancillería ha experimentado un vertiginoso aumento del trabajo consular, particularmente por los recientes flujos migratorios al país, como también por el llamado de auxilio de cientos de chilenos y chilenas que precisan de ayuda o desean ser repatriados.

Lamentablemente, se han desaprovechado oportunidades valiosas para reestructurar la Cancillería y prepararla para los nuevos desafíos. La Ley 21.080, en vigor desde el 20 de marzo de 2018, es un ejemplo de eso. Si bien fue presentada como la tan anhelada “modernización” del Ministerio de Relaciones Exteriores, no fue más que una ley corta que ajustó problemas puntuales y actualizó la orgánica institucional –elevando jerárquicamente a la ex-Direcon a una subsecretaría económica, por ejemplo–, pero sin atender una parte esencial de cualquier modernización, que es asegurar perspectivas de carrera claras para sus funcionarios.

Un ejemplo: Chile mantenía en 1978 un total de 54 embajadas. Hoy son 75 embajadas las que se deben cubrir, sin que se haya ampliado la planta del Servicio Exterior desde dicho año. Países con tradición diplomática, como Brasil, hicieron lo que corresponde en estos casos, es decir, aumentar la dotación cuando se decide abrir más embajadas.

La carrera diplomática –a diferencia de la militar–, si bien posee un inicio claro, carece de un fin determinado, lo que atenta contra la planificación y la predictibilidad. ¿Se imagina usted que no existiese en las Fuerzas Armadas un escalafón de complemento? ¿O, peor aún, que se nombre general a alguien sin formación en la disciplina, como un político o un empresario? Sin duda una mala práctica en la que han caído gobiernos de diverso signo político. Aspectos que, desgraciadamente, no fueron tratados en la mencionada Ley 21.080.

Como Asociación de Diplomáticos de Carrera tenemos la confianza de que para el ministro Teodoro Ribera, será prioritario encontrar soluciones de corto y largo plazo para las falencias y omisiones de la Ley 21.080. Una política exterior acorde a los nuevos tiempos, demanda avanzar en la profesionalización de la carrera diplomática, tal como lo han entendido países amigos de la región.