Cuando la regulación tarda más que el mercado: fintech se multiplican para competir con la banca

La fintech de pago Stone.co, donde invierten el dueño de Alibaba, Jack Ma, y el multimillonario Warren Buffet, mira a Chile. También lo hace la gigante escandinava Sweet pay, que eligió al país como su primer mercado en la región, lo mismo la local MACH de la familia Yarur –ligada al banco BCI– y Consorcio, el negocio de las familias Hurtado Vicuña y Fernández León.

Todos actores que comparten el gusto por un emergente sector de negocios: las empresas fintech de medios de pago. Se trata de tecnología aplicada para realizar transacciones que, históricamente, han estado en manos de los bancos. Las operaciones que abarcan tienen que ver con una serie de movimientos lejos de la formalidad que, tradicionalmente, supervisa la plaza: pedir comida, ver una película, arrendar una bicicleta, pagar cuentas, comprar por internet, solo por mencionar algunas.

¿Por qué los grandes capitales ponen sus ojos en este sector? Porque en medio del retroceso de las industrias tradicionales, este segmento no hace más crecer. No es una afirmación antojadiza, así lo demostró un estudio de 2018 realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en cooperación con Finnovista.

«En América Latina coexisten dos factores principales que han impulsado el auge de soluciones tecnológicas de pagos y remesas: un alto índice de la población excluida del sistema financiero tradicional, pues tan solo el 51% de la población adulta en la región tiene acceso a una cuenta en una institución financiera, y una elevada penetración de teléfonos inteligentes, pues la tasa de penetración móvil en la región se sitúa en torno al 67% (GSMA, 2018). Ambos elementos han potenciado el auge de las soluciones que permiten realizar transacciones a través de dispositivos móviles, llevando a posicionar al segmento de pagos y remesas como el más importante en la región, con 285 emprendimientos (24% del total) y un crecimiento anualizado del 61%», detalla el estudio.

El análisis pone otros datos sobre la mesa. La industria fintech de pago no solo crece en cifras, sino también en el interés que despierta. El informe Trend Watch de 2017 reflejó que el segmento representa el 25% de las inversiones de capital de riesgo en tecnologías de la información (IT) en la región y el informe de CB Insights Fintech Trends to Watch in 2018 apuntó a que la región superó a otros mercados, como África y Australia, en número de acuerdos fintech cerrados en 2017.

[cita tipo=»destaque»]Parece relevante entender en qué cancha se juega, tomando en cuenta que ya participan de importantes operaciones. Como ejemplo, el pago de la colusión del confort implicó mover fondos por US$150 millones e involucró a bancos, pero también a fintech. Si bien la compensación acordada por CMPC y el Sernac se pagaría por BancoEstado, el organismo estatal no llegó a acuerdo por el costo de transferencias a otros bancos, por lo que el Sernac –vía trato directo– contrató a Khipu, la plataforma de cobro y pago electrónico fundada en 2011 por Emilio Davis y Roberto Opazo, a la que luego se incorporó Luis Hernán Paúl como inversionista «ángel».[/cita]

El «hambre» de los capitales por invertir en este segmento viene, principalmente, de actores extranjeros. En efecto, de los países que afirmaron haber recibido financiamiento externo, el primero fue Chile, donde el 88% de las empresas confirmó haber obtenido fondos de terceros.

«703 emprendimientos fintech fueron identificados en 15 países de América Latina. Tan solo un año más tarde, se han identificado 1.166 emprendimientos fintech en 18 países de la región», agregó el informe del BID. De esos 1.166, 84 correspondieron a emprendimientos chilenos, un 7% del total y el quinto a nivel regional.

A nivel local, por ejemplo, el BCI ha colocado importantes capitales a través de MACH, una tarjeta virtual de prepago que ya tienen 1,6 millones de usuarios. Su público son, precisamente, los usuarios frecuentes de las aplicaciones más reconocidas como Netflix y Spotify –parte de la canasta básica de los chilenos– y de Uber, Google Play, Paypal, Itunes e incluso Pokemonedas en la famosa aplicación de Pokémon Go.

«MACH no solo ha atraído a jóvenes y chilenos, sino que también a personas de la tercera edad y extranjeros, entre otros. Se trata de segmentos que estaban subancarizados, que querían tener acceso a productos financieros y para los cuales acceder a una tarjeta de crédito es complicado», detalló el gerente de MACH a El Mostrador Mercados, Ignacio Larraín.

Las aspiraciones en el segmento son infinitas, más aún tomando en consideración que en 2017 en la región solo el 54% de la población estaba bancarizada.

Además de MACH, el gigante español Santander traerá a Chile la App One FX –empujada por los hijos de Ana Botín– y Consorcio invirtió en la firma Pago Fácil. Payku, Multicaja, Ionix, PagaYa, Pago46, VirtualPos, PágaloAsí, Khipu, Finciero, Cuurency Bird, Puntopagos, son solo algunas de las chilenas que ya conviven en el vecindario.

Regular o no regular: he ahí el dilema

Todas las compañías que operan en el segmento fintech están peleando por quitarle parte de la torta a la banca tradicional, pero también por atraer a disidentes del sistema. Surge entonces el debate en torno a qué tanto se debe regular a estas empresas, más aún, cuando manejan recursos de terceros.

El expresidente de Banco Estado, Javier Etcheverry conoce de cerca el mercado de los medios de pago y ha liderado una cruzada para liberar a Chile del monopolio de pago de Transbank, que también tiene operaciones electrónicas a través de Webpay. «La regulación estipula que quienes pueden captar plata del mercado son los bancos. La excepción es la ley de prepago, es decir, cuando la gente abona a cuentas previamente. Son los dos únicos ejemplos en que la ley permite: banco y empresas no bancarias de prepago que captan plata del público. Es decir, recibir dinero que se guarda y destinarlo a diversos usos», explicó el fundador de Multicaja.

Parece relevante entender en qué cancha se juega, tomando en cuenta que ya participan de importantes operaciones. Como ejemplo, el pago de la colusión del confort implicó mover fondos por US$150 millones e involucró a bancos, pero también a fintech. Si bien la compensación acordada por CMPC y el Sernac se pagaría por BancoEstado, el organismo estatal no llegó a acuerdo por el costo de transferencias a otros bancos, por lo que el Sernac –vía trato directo– contrató a Khipu, la plataforma de cobro y pago electrónico fundada en 2011 por Emilio Davis y Roberto Opazo, a la que luego se incorporó Luis Hernán Paúl como inversionista «ángel».

El comentario obligado de la banca entonces fue bajo qué ley se regía cualquier error en el manejo de las platas. El punto es aplicable a variadas transacciones en las cuales clientes confían sus fondos a empresas que no son bancos. «Es importante que se regule, pero que tampoco se convierta en una cortapisa para un sector que no va a detener su crecimiento», agregó Etcheverry.

El informe del BID denota que la regulación a nivel local y en toda América Latina está en pañales. «No es una tarea fácil, principalmente debido a la tradición del Derecho Civil heredada por muchos países, lo que hace que los mandatos y las facultades de los reguladores y supervisores financieros sean muy vinculantes y específicos», se señaló en el documento.

Chile, como parte de los países de la Alianza del Pacífico, trazó una serie de principios que implican que se debe regular en la materia. Y México, nación pionera en trabajar en un marco jurídico para las fintech, es el ejemplo.

«El anteproyecto de Ley Fintech en México comenzó a elaborarse en julio de 2016, y el 1 de marzo de 2018 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 264 votos a favor, 61 en contra y una abstención, la Ley que Regula a las Instituciones de Tecnología Financiera, comúnmente conocida como Ley Fintech, convirtiéndose así en la primera de la región. El objetivo de la nueva ley se centra en ofrecer una mayor certeza jurídica, a través de un marco legislativo, para regular las plataformas denominadas Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), así como establecer un marco que asegura una competencia justa entre los emprendimientos Fintech y las instituciones financieras y bancarias tradicionales», explicó el BID.

El gerente de estudios de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), Matías Bernier, aterrizó algunos puntos, como que sí existe una intención regulatoria por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en materia de banking, pagos y transferencias y gestión financiera y que el tema de fondo es lo que debe estar contenido en una posible regulación.

«Se debe velar por el cuidado de la cadena de pago, mantener confianza y confiabilidad en su proceso completo. Es fundamental que exista simetría regulatoria. Servicios similares deben tener regulaciones similares. La simplicidad y lógica de este principio es evidente, siendo gravitante su incorporación en los marcos regulatorios. Si este principio no es incorporado apropiadamente en la regulación, no solo se gestaría un escenario de competencia desleal, sino también podrían incubarse vulnerabilidades en el sistema financiero frente al potenciamiento de agentes menos regulados», explicó Bernier.

Para la Abif es importante que el análisis regulatorio también incluya a empresas que participan en gestión financiera, especialmente aquellas que consolidan información financiera, pues los clientes les están entregando sus credenciales personales para acceder a las distintas plataformas y no tienen un estándar definido de protección de datos.

En este sentido, la regulación no debe acotarse únicamente a requisitos de capital o liquidez, sino también debiera hacerse cargo de riesgos operacionales, riesgos de traspasos de fondos y custodia involucrados, asimetrías de información y potenciales conflictos de interés. Adicionalmente, exigir procedimientos para mitigar los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, como asegurar la protección de nuestros datos personales.

«Un elemento que en ocasiones no se incluye en este análisis es que las empresas fintech no necesariamente corresponden a emprendimientos que buscan crecer y consolidarse en el mercado, sino por el contrario, muchas de ellas corresponden a organizaciones de gran tamaño –denominadas bigtech– y, en consecuencia, esto plantea la necesidad de considerar en la regulación la naturaleza sistémica de estas organizaciones», agregaron desde la Abif.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha liderado la discusión pública en este tema. En una presentación del comisionado de la CMF, Kewin Cowan, este detallo en qué estatus nos encontramos. Lo primero es que las compañías de este sector, por más innovadoras que sean, «no eliminan los riesgos que justifican la regulación en el mercado de valores (ejemplos: conflictos de interés, riesgo operacional, entrega de información a inversionistas…)», lo que hace evidente que «la regulación existente en Chile en los ámbitos cercanos a la CMF, es inadecuada para estos nuevos modelos de negocios».

En el sector financiero hay conciencia de que la regulación no debe ser un obstáculo para el emprendimiento. El Banco Central es el otro organismo que ha tomado posta en el debate. En el último Informe de Estabilidad Financiera del ente emisor –primer semestre de 2019– recalcó que «el BCCh ha señalado con anterioridad que resultaría apropiado incorporar algunas actividades Fintech al perímetro regulatorio, tales precisamente como el crowdfunding y las actividades asociadas a los criptoactivos, y que una ley que regule estas actividades podría fomentar el desarrollo de la industria Fintech en Chile».

Con todo, en abril, el Ministerio de Hacienda anunció el envío al Congreso –durante este año– de un proyecto de ley para regular y supervisar a diversos servicios del financiamiento alternativo y la transacción de activos virtuales. «El proyecto de Ley Fintech que enviará nuestro Gobierno resguardará la seguridad y los intereses de los consumidores, a la vez que potenciará la innovación. Esto constituye una piedra angular de nuestra agenda de inclusión financiera, para que nuestra clase media y sectores más vulnerables puedan acceder a servicios financieros seguros y de calidad”, destacó el ministro Felipe Larraín, cuando se anunció la iniciativa.