PAÍS
La idea no es nueva y se ha concretado con un éxito escalofriante en países como Irlanda, Alemania y Australia. En Chile, aunque la clase política no se cierra a la idea, todavía no entrega su apoyo explícito a la posibilidad de formar un grupo especializado que, tal como se hizo con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos en dictadura, establezca una verdad histórica sobre los abusos sexuales cometidos por representantes de la Iglesia católica. El Presidente, Sebastián Piñera, hace un año recibió una carta de la red de sobrevivientes con la propuesta, pero hasta ahora la respuesta ha sido solo el silencio. Por eso, comenzaron las conversaciones informales con parlamentarios para juntar apoyos.
El modelo no es nuevo. En Australia, país marcado por el caso del cardenal George Pell – ex jefe de finanzas del Vaticano y que permanece en prisión- se entregó en 2017 el informe de la «Comisión Real de Respuestas Institucionales al Abuso Sexual Infantil». El gobierno australiano decidió convocar a este ente autónomo -formado por dos abogados, dos jueces, un siquiatra, un policía y un ex senador- que durante cinco años hizo más de 8 mil entrevistas privadas y, estableció una verdad histórica sobre los abusos cometidos por religiosos, junto con sugerir reformas como que el celibato no sea obligatorio para los sacerdotes.
En Alemania, su conferencia episcopal pidió a un grupo independiente formado por personas de tres universidades, un informe que el año pasado cifró en 3.600 las víctimas de abuso sexual eclesiástico entre 1946 y 2014. En Holanda, en tanto, la comisión Deetman calculó en 20 mil las personas abusadas por religiosos desde 1945 y en el caso de Irlanda -país especialmente católico- también se establecieron cifras escalofriantes en la «Comisión Ryan», denominada así por el juez que la encabezó.
Este grupo que trabajó durante diez años, presentó el 2009 sus conclusiones en un documento de 700 páginas, que estableció que desde 1960 unas 30 mil personas fueron víctimas de distintos tipos de abuso -desde lo sexual, pasando por golpizas hasta situaciones de esclavitud- junto con establecer la lógica del encubrimiento de dichos casos, por parte de la Iglesia católica y el Estado.
En Chile, la idea está aún en una etapa muy germinal, ya que al parecer todavía las condiciones no están dadas. Eso al menos se puede concluir, teniendo en cuenta la respuesta que hasta el momento ha dado el Gobierno al respecto.
[cita tipo=»destaque»]“Debe ser un ente independiente de la Iglesia, que haga un estudio desde diferentes perspectivas, de lo que ha sido el abuso eclesiástico en Chile, buscando las raíces y dando espacio también a todos los sobrevivientes que quieran aportar en este proceso y que termine en un documento avalado por el Estado chileno, sobre lo que ha significado para Chile el abuso eclesíastico, desde la perspectiva de los Derechos Humanos. Para nosotros esa es la mirada correcta sobre este tema, que es una violación a los DD.HH clara y constante en el tiempo. Para nosotros, como organización, es súper importante que participe en una comisión de este tipo el INDH y la Defensoría de la Niñez”, explicó Kramer.[/cita]
La Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual en la Iglesia -que encabeza Helmut Kramer- entregó el 3 de agosto del año una carta al Presidente, Sebastián Piñera, para crear una instancia de este tipo. “Lo planteamos hace más de un año atrás, cuando enviamos la carta al Presidente Piñera, a través de la ministra, Cecilia Pérez, y todavía no tenemos respuesta. El silencio también es una forma de respuesta”, sentenció Kramer.
Para el doctor en historia y experto en historia de la iglesia, Marcial Sánchez, los hechos recientes complican la posibilidad de concretar la idea de una mesa de trabajo que establezca la verdad sobre los abusos sexuales cometidos por representantes de la Iglesia católica en Chile. «Hoy para el Presidente después del caso de su tío, Bernardino Piñera, no sé si están dadas las condiciones. Además, no tenemos ninguna causa terminada, salvo en los casos de Fernando Karadima y la de Óscar Muñoz, el ex canciller de la Iglesia (católico)”, explicó.
Sin embargo, la salida del nuncio apostólico, Ivo Scappolo, es una señal positiva. “Ayuda a que efectivamente se pueda generar algo, porque el nuncio era la voz del Vaticano en Chile y por este personaje, ningún tema iba a pasar. Dedocráticamente él llamó a algunas víctimas, pero sobre el resto hizo oídos sordos. Espero, sinceramente, que algún día se haga justicia con este personaje”, enfatizó el académico. “No me cabe duda que el próximo nuncio le va a quitar piso a quienes lo tenían con Scappolo, como los sectores más conservadores de la iglesia.”
Teniendo en cuenta que, a través de los canales formales, la red de sobrevivientes de los abusos sexuales de la iglesia han tenido muy poca recepción, es que éstos comenzaron su propio lobby para llegar al mundo parlamentario y sensibilizarlos con la idea de crear esta comisión que investigue y establezca la verdad histórica de los abusos cometidos por la iglesia.
Ya que según la ley, la única vía para crear esta instancia es por iniciativa presidencial, la red de sobrevivientes espera que el peso de las permanentes denuncias y la presión política, lleve a Piñera a crear la comisión. “Una comisión de este tipo debe ser convocada por el Presidente de la República, pero ante el silencio negativo de Piñera hemos tomado la decisión de empezar a conversar con diputados y senadores apuntando en esta dirección”, explicó Helmut Kramer.
Así, desde abril concretaron acercamientos informales con parlamentarios como Tomás Hirsch, Manuel José Ossandón, Rene Saffirio, Pamela Jiles y Gabriel Boric. Ninguno les ha cerrado la puerta, pero tampoco ha habido un compromiso explícito de apoyar la idea.
Desde el equipo de Boric explicaron que recibieron un correo de la red de sobrevivientes, en el contexto de la ley de lobby, y se reunieron con la jefa de gabinete del parlamentario. Tras esa conversación, el diputado comprometió su interés en estudiar detalladamente la propuesta.
“Sentimos que hay sectores políticos como el Frente Amplio, el PC y la ex Nueva Mayoría que van a apoyar. Pero para que logre salir adelante con más fuerza y Piñera se haga cargo, debemos acercarnos, por lo menos, a los sectores liberales de la derecha”, agregó Kramer.
En estas conversaciones informales de las víctimas con actores políticos, uno de los temores que ha quedado consignado es que esta instancia se convierta en una avalancha de personas que presenten testimonios falsos y eso, sea contraproducente con los fines de esta comisión. Pero, precisamente, por eso es que se pide que el grupo esté integrado por especialistas en salud mental: “Todavía hay gente que no entiende que esto es una ayuda para la Iglesia y no un ataque. Ahí estamos con problemas”, recalcó el académico Sánchez.
Desde la Red de Sobrevivientes que encabeza Kramer ya trabajan con un grupo de profesionales de distintas áreas, para afinar una propuesta y ya tienen claro, el perfil de quienes deberían ser convocados a dicho grupo. “Debe ser un ente independiente de la Iglesia, que haga un estudio desde diferentes perspectivas, de lo que ha sido el abuso eclesiástico en Chile, buscando las raíces y dando espacio también a todos los sobrevivientes que quieran aportar en este proceso y que termine en un documento avalado por el Estado chileno, sobre lo que ha significado para Chile el abuso eclesiástico, desde la perspectiva de los Derechos Humanos. Para nosotros esa es la mirada correcta sobre este tema, que es una violación a los DD.HH clara y constante en el tiempo. Para nosotros, como organización, es súper importante que participe en una comisión de este tipo el INDH y la Defensoría de la Niñez”, explicó Kramer.
Desde el mundo de los derechos humanos hace, al menos, un año pasado que se escucha esta propuesta. El hoy director del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, planteó en una entrevista con El Mostrador en mayo de 2018 la posibilidad de establecer una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación: “Se da un plazo, se forma un grupo de personas de toda confiabilidad que reciba todas las denuncias. Además de reparación económica por parte del Arzobispado”.
Según quienes han estado estudiando la propuesta, el trabajo de una comisión de este tipo podría durar cinco años, entre que se recogen los testimonios y se acuerde algún tipo de reparación colectiva.
“Para mí, la investigación debiera partir en 1925, cuando se separa la iglesia del Estado”, precisó Marcial Sánchez.
Una de las preguntas que también entrampa la concreción de una instancia de este tipo es por qué el Estado debiera hacerse cargo de un problema generado por una institución privada como la Iglesia. La respuesta, para Kramer, es que el país tiene que asumir «que el abuso eclesiástico, de poder, de conciencia y sexual, no ha sido un problema entre una institución privada, la Iglesia y quienes lo hemos sufrido. Es un problema social, eso es fundamental. No existe, prácticamente, ningún colegio católico donde no haya habido abuso”; remarcó.
Esa afirmación tiene bastante asidero, si se considera que uno de los primeros casos documentados es de 1904 y afectó a un menor de seis años, hijo de un diputado del Partido Conservador. Cuando los sacerdotes involucrados iban a ser detenidos, salieron escondidos hacia Mendoza y se perdió para siempre su rastro.
