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Ministro Larraín deja las reformas institucionales puertas adentro: “Vamos a trabajar con nuestra gente antes de hacerlas llegar al Congreso” PAÍS

Ministro Larraín deja las reformas institucionales puertas adentro: “Vamos a trabajar con nuestra gente antes de hacerlas llegar al Congreso”

A pesar de que el presidente de la Cámara de Diputados mostró su descontento al enterarse por la prensa de los cambios que el ministro Andrés Chadwick tiene para el Poder Legislativo y señalar explícitamente que este tipo de discusiones deben abordarse “formalmente» y no «a través de recados”; el ministro de Justicia adelantó, precisamente a través de los medios, la ambiciosa agenda que busca impulsar. El secretario de Estado dijo a La Tercera que tiene varios proyectos en trámite y ahora solo le resta por enviar los cambios al sistema legal (justicia civil y penal) y las reformas institucionales que están a su cargo. Larraín precisó que ya tiene algo avanzado y sólo está a la espera de que el Presidente Sebastián Piñera le entregue el visto bueno para ingresarlas al Congreso durante este segundo semestre.


Cuando el Gobierno anunció en la Cuenta Pública la agenda de modernización institucional que tenía en agenda, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, se mostró contrariado al enterarse «a través de la prensa» de los cambios que el ministro Andrés Chadwick estaba dirigiendo.

El presidente de la Cámara dijo entonces que las discusiones de este calibre debían abordarse “en profundidad y con el alcance que Chile efectivamente necesita. Formalmente, por escrito, en el Parlamento de Chile, que es donde se deben discutir los temas legislativos (…) la modalidad no es a través de la prensa ni de recados”.

Sin embargo hoy, a pesar de los dichos de Flores, el ministro de Justicia Hernán Larraín adelantó, precisamente a través de la prensa, la agenda que busca impulsar el Gobierno, siguiendo uno de los caminos que había presupuesto para la modernización institucional: parcelar en varias reformas la propuesta.

En este caso, el secretario de Estado dijo a La Tercera que tiene varios proyectos en trámite y ahora solo le resta por enviar los cambios al sistema legal (justicia civil y penal) y las reformas institucionales que están a su cargo.

Si bien el timonel de la Cámara no se ha referido todavía al adelanto del ministro, hace unos días emplazó al jefe de gabinete a “que se acerque al Parlamento, que es donde tienen que ocurrir estas conversaciones, y haga las presentaciones formales” del acuerdo.

Cabe mencionar que Larraín está a cargo de modificaciones al Ministerio Público, al sistema de nombramientos de jueces y cambios al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

El titular de Justicia precisó que ya tiene avanzadas esas tres medidas y sólo está a la espera de que el Presidente Sebastián Piñera le entregue el visto bueno para ingresarlas al Congreso durante este segundo semestre.

Bajo esa premisa, Larraín espera enviar al Parlamento primero el proyecto que modifica el sistema de nombramientos de jueces; luego, el que dice relación con los fiscales y, por último, el que contempla los cambios al CDE.

“Vamos a trabajar (los proyectos) con nuestra gente antes de hacerlos llegar al Congreso”, señaló Larraín al matutino, añadiendo -respecto a posibles encuentros con la oposición- que “eso aún no se ha resuelto”.

De acuerdo a una minuta a la que accedió el matutino, en el caso de las modificaciones al CDE, los cambios apuntan a reformas sustantivas, que consisten en establecer estándares de probidad en el ejercicio de las funciones de los consejeros; reformas de fortalecimiento, que buscan potenciar la función de la defensa estatal que ejerce el CDE, incorporando nuevas funciones; y reformas orgánicas, que modifican la estructura del organismo.

«Se restringe a 10 años la duración en el cargo de consejero; se incorporan nuevos requisitos para ser abogado consejero del organismo (contar con título o al menos 15 años de experiencia y tener reconocida trayectoria); se modifica el actual sistema de nombramiento, estableciendo concurso por Alta Dirección Pública; se establece un sistema de remoción de los consejeros, a través del Presidente de la República o de un tercio de la Cámara de Diputados, la que será resuelta por la Corte Suprema luego de un procedimiento regulado por ley; se establecen, además, prohibiciones -de plazos de un año- posteriores al cese del cargo y sanciones en caso de incumplimientos, fijando multas de hasta 500 UTM, entre otras medidas», dieron como ejemplo.

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