Apoyo de la oposición a la Reforma Tributaria: políticamente inexplicable

De aprobarse la Reforma Tributaria de Piñera, la reintegración reducirá el impuesto a las personas de más altos ingresos. Y aquello sucederá sin generar incentivos relevantes pro inversión, puesto que solo bajará la carga tributaria al retiro de utilidades. Es decir, será una reforma que traerá más desigualdad sin darnos nada positivo a cambio. Para profundizar al respecto, recomiendo estas excelentes columnas publicadas recientemente.

Dicho lo anterior, mi foco en esta columna no es el contenido del proyecto. Me interesa, en cambio, llamar la atención respecto a lo políticamente inexplicable que resulta que una parte de la oposición apoye esta reforma.

Un poco de historia basta para entender el por qué.

En la antesala al segundo Gobierno de Michelle Bachelet existía una (nueva) visión muy compartida en la centroizquierda, incluso entre sus economistas, respecto a la conveniencia de que la acción redistributiva del Estado no solo fuera a través de la focalización del gasto, sino también a través de una recaudación más progresiva.

Dada esta nueva visión, junto con el hecho de que los ingresos del capital estaban (y están) fuertemente concentrados, era esperable que la centroizquierda se propusiese aumentar la carga tributaria efectiva al ingreso de capital. Tal objetivo tenía cuatro caminos posibles: disminuir la evasión/elusión, hacer que la totalidad del ingreso del capital tributara (pasando a un régimen de utilidad atribuida), aumentar la tasa del impuesto de primera categoría y/o desintegrar el sistema.

La propuesta inicial del Gobierno de Bachelet contenía los tres primeros: se subía la tasa del impuesto de primera categoría, se hacía más difícil la evasión/elusión y se pasaba a un régimen de utilidad atribuida. Así, era una propuesta que, además de aumentar la progresividad del sistema (los ricos pagarían más), aumentaba también la equidad horizontal, toda vez que le quitaba el privilegio al ingreso del capital –respecto al ingreso del trabajo– de tributar por solo una parte de sus ingresos. La propuesta inicial no tocaba la integración.

La fuerte presión política de la derecha, las dudas en el oficialismo y la dificultad técnica de lograr atribuir las utilidades no retiradas de las empresas con estructuras jurídicas más complejas, hizo que el Gobierno de Bachelet se abriera a negociar con la derecha en el Senado, cambiando aspectos fundamentales de su propuesta inicial.

Fue así como hubo un “trueque” y –en el caso de las empresas más grandes– se cambió el régimen atribuido por la semiintegración. Es decir, se negoció que los tributos fueran solo por las utilidades retiradas.

Pero, a cambio de ello, un tercio del impuesto a las utilidades retiradas no sería un crédito tributario para sus accionistas. Tal negociación permitió que un cambio de sistema tributario (de régimen integrado a semiintegrado para las grandes empresas) fuese aprobado por casi unanimidad en ambas cámaras.

De hecho, el primer párrafo del acuerdo entre el Gobierno, sus senadores y los senadores de la oposición, señalaba: “Materializar dicha reforma es una misión país, de ahí la necesidad de construir acuerdos transversales, que den sustentabilidad en el tiempo a estos cambios que favorecen a la mayoría de nuestra población”. Los políticos y técnicos de la Democracia Cristiana fueron claves tanto en la negociación como en la defensa pública de este acuerdo.

Me permito acá una digresión. Pese a tener bastantes aspectos mal resueltos, creo que en lo estructural era un buen acuerdo y que quienes lo criticamos en su minuto por la forma poco democrática en que se llevó la negociación (la recordada “cocina de Zaldívar”), aun siendo correcta esa apreciación, no supimos valorar en su justa medida la profundidad del cambio que se estaba logrando.

A la luz de la historia reciente, resulta irónico que una parte de la centroizquierda justifique el apoyo a la reforma de Piñera argumentando que es importante dialogar y buscar consensos, cuando lo que se hace es justamente retrotraer la reforma anterior y el gran consenso detrás de ella. Un consenso, vale la pena resaltar, liderado por un Gobierno que –a diferencia del actual– sí tenía los votos para prescindir de la oposición.

Las vueltas de la vida es que seamos los que criticábamos el acuerdo del 2014 quienes lo defendamos, y que aquellos que más resaltaron sus virtudes –la derecha y el sector más moderado de la Nueva Mayoría–, quienes lleguen a un nuevo acuerdo que revierte todo lo sustantivo del anterior, sin siquiera esperar un tiempo prudente para evaluarlo.

Mientras los primeros debemos ser autocríticos, los segundos deben una explicación al país: la derecha, por su deshonestidad, y el grupo de la DC que lidera su presidente, por su inconsistencia.

Deshonestidad de la derecha, porque en el 2014 señalaron que era importante llegar a un acuerdo con ellos para así dar estabilidad al sistema tributario y ahora están dispuestos a cambiar todo lo sustantivo de la reforma anterior, aunque sea por “medio voto”.

Inconsistencia de esa parte de la DC, porque lo suyo parece ser una defensa sin ninguna consideración programática de los acuerdos, llegando al absurdo de hacer gárgaras con dos acuerdos tributarios que dicen exactamente lo opuesto.

Mirando este último lustro, lo que vemos es una derecha programática que tiene tan claro lo que quiere, que lo consigue aun siendo minoría. Y una oposición mayoritaria y desordenada, que ni siquiera es capaz de defender lo que ella misma hizo con mucho esfuerzo.