PAÍS
La abogada vuelve a criticar que el representante del Gobierno, Mijail Bonito, haya concentrado la exposición de Chile en los daños materiales sin hacer ninguna mención a las víctimas por acción de Carabineros. Muñoz reconoce «responsablemente» que «es evidente que estamos frente a una situación de graves violaciones a los Derechos Humanos que se constituye en actos generalizados y actos sistemáticos por parte de agentes del Estado».
Desde Ecuador, donde asistió a la audiencia de Chile en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la abogada Patricia Muñoz, que encabeza la Defensoría de la Niñez, recibió la información de una niña de 3 años agredida en Punta Arenas por efectivos de Fuerzas Especiales y la detención ilegal de un niño de 12 años. «Dadas las circunstancias vamos a tener que seguir presentando acciones legales», dice, a pesar de que se ha reunido con el ministro del Interior Gonzalo Blumel, para hacer presente la situación crítica de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. La violencia desde los agentes del Estado sigue con una habitualidad pasmosa.
-¿Cómo se explica que Mijail Bonito, representante del Gobierno en la audiencia ante la CIDH no hiciera ninguna mención a las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos, niñas, niños y adolescentes, y solo se haya enfocado en los daños materiales? ¿Significa que el Gobierno quiere ocultar a la comunidad internacional lo que está ocurriendo? ¿O Mijail Bonito está muy desinformado?
-La explicación claramente la tienen que dar en el Gobierno, porque yo claramente sigo sin entender cómo es posible que ante la magnitud de la evidencia presentada, no solo en la comisión, sino que todos los chilenos sabemos la cantidad de personas heridas, lesionadas, los muertos que ha habido en el contexto de lo que se está produciendo, particularmente en lo que a nosotros nos convoca, niños, niñas y adolescentes víctimas de violación a sus Derechos Humanos. No existe una explicación razonable para lo que efectivamente oímos de parte del Gobierno. Que no haya ni siquiera hecho una referencia, que dé cuenta de la preocupación que tienen por la vida y por la integridad física y psíquica de todos quienes vivimos en el país. Particularmente si se trata de las personas más vulnerables como son las niñas, niños y adolescentes. Yo por eso manifesté, en el cierre de la presentación, que me provocaba muchísima decepción y sigo teniendo esa misma sensación de lamentar que mi país, que mi Estado no sea capaz de hacer una mención respecto de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y, por último, desde ese punto de vista hacer una reflexión, que dé cuenta de la preocupación por las vidas y la integridad de esas personas.
-¿Usted o algún representante de la Defensoría han tenido contacto con La Moneda para hacer presente su posición explícitamente?
-Nada de lo que dije ante la comisión podría sorprender a alguien en La Moneda y a ninguna autoridad. Me he reunido con el ministro Blumel, con la ministra Rubilar, he planteado estos requerimientos particularmente en lo que tiene que ver con el uso y el abuso de la fuerza policial desde diciembre de 2018 al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en esa época al ministro Chadwick, y finalmente lo que vemos es una absoluta resistencia por parte del Ejecutivo de hacer las modificaciones y de tener el control que corresponde desde el poder civil hacia las policías con las consecuencias nefastas que hemos tenido hasta la fecha y que desafortunadamente siguen ocurriendo. Acabo de recibir información sobre una niña de 3 años agredida brutalmente por Fuerzas Especiales en Punta Arenas. El lunes se produjeron episodios muy violentos en Lo Hermida. Tenemos también el caso de una detención ilegal de un niño de 12 años, que además fue agredido, violentado. Entonces, en definitiva, este es un tema que no ha cesado y respecto del cual las autoridades políticas desafortunadamente insisten en no hacerse cargo de la manera que implica exigir el respeto y la prevención de las vulneraciones a los Derechos Humanos, para que efectivamente la vida y la integridad física de las personas, particularmente de las más vulnerables, se proteja de manera adecuada. Cosa que no está ocurriendo. De verdad es una preocupación casi transformada en angustia. Porque no sé de qué forma y qué tiene que pasar en este país para que se tomen las medidas que eviten seguir teniendo víctimas.
-¿Comparte entonces la sensación de que no hay control, que hay un desorden en la autoridad policial y también política? Al menos parece no haber una política clara respecto de cómo abordar el uso de la fuerza.
-Sí, yo lo dije en la CIDH. Creemos que queda de manifiesto y en evidencia. Afortunadamente ha habido gente que registra los hechos con mucha facilidad y han dejado de manifiesto que desafortunadamente el Ministerio del Interior y Seguridad Pública no ha sido ni oportuno, ni eficiente, ni eficaz en ejercer un control civil respecto del actuar policial, particularmente de Carabineros de Chile, que es la entidad policial con la mayor cantidad de denuncias por abusos y exceso policial que no está permitido. En un Estado de democrático como el que nosotros tenemos y que tenemos que cuidar, es fundamental como el poder civil , representado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ejerza un control estricto del resguardo de los Derechos humanos, cosa que hasta la fecha no se ha producido. Lo grave no es solo lo que uno podría criticar respecto del accionar político, sino que está teniendo un impacto en la vida de las personas. De manera directa, en algunos casos causándoles la muerte y en otros lesiones físicas e impactos psíquicos que pueden ser irreparables. Los hechos de apremios ilegítimos tienen un impacto en las personas que es brutal. Por lo tanto, desde ahí resulta más angustiante y apremiante que no se tomen las medidas que se tienen que adoptar
-¿Ustedes han ejercido acciones legales, por cuáles delitos en particular?
-Hemos ejercido distintos tipos de acciones. En los casos que conocemos obviamente compartimos la información con el Instituto de Derechos Humanos, pero también hemos presentado querellas por el delitos de tortura y apremios ileítimos. Hemos presentado denuncias al Ministerio Público por los delitos de apremios ilegítimos y por otro tipo de ilícitos también. Dadas las circunstancias, todo indica que vamos a tener que seguir presentando acciones para poder de alguna manera lograr que estas víctimas sean acogidas por el sistema judicial, que es el único que ha estado a la altura de las circunstancias, tanto el Ministerio Público como los jueces, en definitiva, los defensores penales públicos han podido ejercer su rol para asegurar que, quienes han sido víctimas, tengan procesos penales que se investiguen y que a la brevedad posible lleguen las sanciones más rigurosas contra aquellos agentes del Estado que, usando el poder que les da el ejercicio de la fuerza policial, lo que han hecho es violentar a las personas a quienes juraron proteger.
-A esta altura del estallido social, ¿se puede usar el concepto de “sistemático” para referirse a las violaciones a los Derechos Humanos? Al principio hubo una controversia sobre la precisión del término.
-Lo dije en la Comisión. Con toda responsabilidad y sobre la base de los antecedentes que hemos conocido de manera directa desde la Defensoría de la Niñez, pero también por la información y los antecedentes que manejan instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, como la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, como el Ministerio Público, es evidente que estamos frente a una situación de graves violaciones a los Derechos Humanos que se constituye en actos generalizados y actos sistemáticos por parte de agentes del Estado.
