Opinión
Se equivocan quienes creen que la solución a la crisis se agota con una salida de los militares a poner orden. La solución opera en clave política y de liderazgos que dejen egoísmos, miopías ideológicas y se sienten a una mesa no solo para acordar los términos de un proceso constituyente refundacional, sino sobre todo para abordar respuestas estructurales, y eventualmente dolorosas para toda una élite, a las demandas por dignidad. Nosotros estamos disponibles, pero el Presidente Sebastián Piñera tiene la última palabra.
Hoy, qué duda cabe, hay una demanda claramente establecida por dignidad.
¿Pero cuál es su trasfondo y contenido?
Primero es una demanda por un cambio radical de las relaciones de poder, del uso del Estado y del mercado como espacios generadores de oportunidades y libertades y no perpetuadores de abusos y asimetrías.
Una demanda que pide hacerse cargo del alto costo de vida (uno de los más altos de Latinoamérica), ello como resultado de una estructura de relaciones económicas convenientemente ideologizadas y permisivas con intereses y beneficios concentrados en pocos. Estructura que por lo demás ha atentado contra las bases teóricas del propio sistema: lo vuelve ineficiente y políticamente vulnerable.
Es un contrasentido sostener el costo de vida actual en Chile, que no se condice ni con la calidad de lo ofertado ni con su precio en el mercado internacional –algunos productos de primera necesidad son más caros que en Europa–. El actual estado de cosas no permite el acceso a grupos emergentes a bienes básicos como salud, vivienda y educación y solo encarece el gasto público y subsidios estatales (basta ver, por ejemplo, las millonarias e ineficientes transferencias desde el sistema público de salud hacia las sociedades médicas privadas).
También se trata de una demanda concreta por una mayor eficacia del Estado. Nuestro Estado no ha sido capaz de adaptarse y dar respuestas a los cambios del entorno (economía mundial, conflictos emergentes, diversificación de demandas ciudadanas). Lo que tenemos hoy es un Estado ausente, ineficiente, si no, capturado por ciertos intereses.
Hay además una frustración frente a la incapacidad, indolencia y juicio de realidad de buena parte de la élite (clase política y empresarial) que se niega a un cambio de las reglas del juego, que a la fecha, y salvo el ítem dietas, no muestra mayores sacrificios para avanzar en equidad. Las grandes empresas y altos patrimonios aún no se pronuncian respecto a cómo aumentar considerablemente su aporte para financiar pensiones, salud o educación dignas y terminar con los abusos, y en cómo alivianar la carga de la clase media.
El Gobierno tampoco parece presionar por este ejercicio a propósito de la reciente discusión del presupuesto público. Aquí, ni el Presidente o el ministro de Hacienda parecieron preguntarse qué proporción de los 70 mil millones de dólares que componen dicho presupuesto recaen sobre lo tributado por la clase media (contribuciones, IVA, impuesto a los combustibles), y qué aporte entrega esta clase social de las utilidades de industrias como la banca, el retail, las AFP o las múltiples concesionarias de servicios públicos. Menos consideraron ampliar el gasto público (que en el caso de Chile llega al 10.9 % del PIB frente al 20.1 % de la media OCDE), en un escenario de menor crecimiento, aumento de desempleo y explosión social.
Por último, es una demanda por ser parte de algo más importante que uno mismo y un acto de consumo. Manifiesta un sentido de trascendencia, una creciente necesidad por reconstruir la comunidad como un espacio indispensable para el pleno desarrollo de la persona, dejando atrás el culto al individualismo, al exitismo y una competencia desenfrenada que a la postre segrega a millones.
¿Qué hacer entonces para avanzar en dignidad, salir del estado de violencia y reencontrar a los chilenos?
Como Democracia Cristiana, creemos que se debe establecer una agenda de reformas estructurales y culturales que ponga un dique de contención a los populismos y contenga la creciente polarización y escalada de delincuencia. Hoy es evidente una renuncia del Gobierno a gobernar y aprovechar esta crisis social como una gran oportunidad para liderar y convocar con urgencia a actores políticos, económicos y sociales a trabajar sobre una agenda de cambios estructurales más allá de medidas parche.
No obstante esa renuncia, la Democracia Cristiana tiene un compromiso con el país y opera sobre una ética de la responsabilidad. Entendemos que la única fórmula para terminar con las movilizaciones, aislar a los subversivos, y sintonizar con una mayoría moderada que se expresa en la calle y apoya las demandas antes expuestas (hoy se mantiene en el 70%), es asegurando respuestas de fondo a sus demandas.
Se equivocan quienes creen que la solución a la crisis se agota con una salida de los militares a poner orden. La solución opera en clave política y de liderazgos que dejen egoísmos, miopías ideológicas y se sienten a una mesa. No solo para acordar los términos de un proceso constituyente refundacional, sino sobre todo para abordar respuestas estructurales, y eventualmente dolorosas para toda una élite, a las demandas por dignidad. Nosotros estamos disponibles, pero el Presidente Sebastián Piñera tiene la última palabra.
