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El Presidente Piñera no es parte del problema, es el problema

por 13 diciembre, 2019

El Presidente Piñera no es parte del problema, es el problema
Producido el estallido social, con una agenda de peticiones reconocida por todos los actores políticos y sociales como legítima, poco se han apaciguado las movilizaciones porque el Presidente, en medio de un festival de dudas y contramarchas, no ha sido capaz de poner sobre la mesa una propuesta lo suficientemente maciza para recuperar la confianza de la ciudadanía. Su mezcla de insensatez, incapacidad gubernamental e inhabilidad personal, es un punto rojo en esta crisis; y sus atributos personales, seguramente algunos muy valiosos, resultan inservibles en ella, y han transformado la institución Presidencia de la República en un mecanismo trabado, que parece depender más del acertijo de un mago que de la sapiencia del gobernante.
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Cada intervención del Presidente de la República en las últimas semanas contribuye a aumentar la sensación de que el país tocó fondo y está sin salida. Hasta el punto de llevarnos a la convicción de que el problema es él y su falta de claridad, capacidad y voluntad política para adoptar decisiones y salir de la crisis.

Su anuncio de una nueva agenda económica –otro anuncio más– tuvo un tono de falsedad que aumenta la desconfianza. Todo lo dicho parece muy razonable aunque insuficiente y desarticulado si se mira en contexto. Pues es inevitable contrastar ese discurso con la coherencia de su historia política. Si se lo hace, sus enérgicas referencias a la colusión, a la evasión de  impuestos o al uso de información privilegiada en la economía, generan escepticismo, toda vez que, en más de una oportunidad, él ha estado en el bando de los infractores.

Y aún sigue latente la evidencia de su renuencia a transparentar sus negocios privados versus su posición de Presidente, o impedir que sus intereses se crucen o mezclen en el extranjero con el  Interés Nacional de Chile. Nadie tiene certeza de cómo es aquello.

La crisis que vive el país es de desigualdad y plantea la urgente necesidad de recomponer tanto el pacto social, como prácticamente todas las instituciones del país. El sistema político y social ha sido puesto al borde del colapso por el uso instrumental y abusivo de parte de la elite de poder sin ninguna contención ética ni convicción de equidad. Es también la protesta política por la ausencia de un poder equilibrador y firme que controle los abusos. Es decir, es también contra el Gobierno, ya que en el diseño de nuestro régimen político corresponde a este, y en especial a la Presidencia de la República, poner coto a las irregularidades, lo que Piñera es evidente que no puede ni quiere hacer.

El exacerbado presidencialismo de nuestro sistema se transformó en sus manos en un verdadero obstáculo para el curso normal del funcionamiento político del país, con un bloqueo grave de todas sus instituciones, con querellas permanentes entre ellas por temas de competencias o desacuerdos en la manera de ver el curso institucional del país. Ya casi sin remedio. Por eso la gente habla y trabaja por una nueva Constitución.

Es efectivo que en el último decenio de la vida política de Chile la corrupción ha golpeado fuertemente el funcionamiento total del sistema y judicializado prácticamente todo. Casos como Caval y el tráfico de influencias en el nivel presidencial, el financiamiento ilegal de parlamentarios por parte de empresas privadas para la dictación de leyes, el desfalco de fondos en Carabineros y las Fuerzas Armadas por parte de altos mandos, y la introducción de prácticas inculpatorias ilegales en la Inteligencia Nacional o en el propio Ministerio Público, indican un  peligro inminente de constituirse en un Estado fallido con grave daño a los derechos políticos de los ciudadanos.

Lo peor es que, además de la crisis y el estallido social, se ha exacerbado la violencia en todos los ámbitos, dejando desnudo y evidente, en el caso de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, su  desapego por el respeto de los Derechos Humanos, y la evidencia de que ellas lo consideran un obstáculo para su eficiencia como fuerza militar o policial. De esto, por cierto, no es solo responsable Sebastián Piñera, pero su ambigüedad e incapacidad de mando civil han generado nefastas consecuencias en su acatamiento a los principios doctrinarios del Estado de Chile sobre los DD.HH, que las ponen al filo de la legalidad y lesionan el prestigio internacional del país.

Producido el estallido social, con una agenda de peticiones reconocida por todos los actores políticos y sociales como legítima, poco se han apaciguado las movilizaciones porque el Presidente, en medio de un festival de dudas y contramarchas, no ha sido capaz de poner sobre la mesa una propuesta lo suficientemente maciza para recuperar la confianza de la ciudadanía, mientras el tiempo se agota.

Pese a todos los problemas, el curso de legalidad institucional aún está nítidamente marcado por la actual Constitución. Solo una asonada o una violencia incontrolable, que hoy resultan perfectamente neutralizables, podrían dar al traste con la voluntad de orden institucional que el país exhibe.

Pero debe quedar claro que en una República en forma, con funcionamiento y procedimientos democráticos, no existen autoridades, mandatarios o representantes que no estén sujetos al control de legalidad, a la transparencia y a la responsabilidad política por sus acciones. Y eso incluye al Presidente de la República, Primer Mandatario de la Nación, y también primer funcionario público, en este caso con el grave mandato de cumplir y hacer cumplir las leyes.

Lamentablemente el Presidente no lo ha hecho, frente a lo cual, tal vez, debiera considerar dejar su cargo.

Este es un debate normal en una democracia y, aunque no tiene precedentes ni mecanismos en la nuestra, en muchos países de democracia sólida tiene solución bastante simple: un voto de confianza denegado y elecciones anticipadas.

En nuestro caso, por lo menos debiera existir un debate que permita conocer a fondo y opinar sobre lo que quiere hacer el Gobierno ante una crisis que a todos nos afecta, desde abrir la billetera fiscal hasta garantizar lo necesario para que la ciudadanía tenga una participación libre y sin trampas en la dictación de una nueva Constitución.

No obstante lo anterior, se debe ser consciente de que tenemos un problema mayor que se llama Sebastián Piñera. Su mezcla de insensatez, incapacidad gubernamental e inhabilidad personal, es un punto rojo en esta crisis; y sus atributos personales, seguramente algunos muy valiosos, resultan inservibles en ella, y han transformado la institución Presidencia de la República en un mecanismo trabado, que parece depender más del acertijo de un mago que de la sapiencia del gobernante.

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