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Lindo país enojado con vista al mar

por 17 enero, 2020

Lindo país enojado con vista al mar
El escenario impone un desafío mayúsculo a todo el sistema político e institucional. ¿Cómo hacer avanzar cambios en un clima de “enojo social” y desconfianza estructural? ¿Qué pueden hacer autoridades –políticas e institucionales– que carecen de credibilidad y de confianza ciudadana para emprender esfuerzos de cambio? En un escenario marcado por el escepticismo, el único camino que podrían transitar los actores políticos es precisamente lo que les dice la ciudadanía: ejerciten la democracia, generen acuerdos para fijar nuevas reglas del juego que sean más justas y resuelvan los problemas estructurales de desigualdad y de calidad de los servicios públicos: pensiones, educación y salud.
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Chile es un hermoso país, pero donde domina la sensación de enojo y enfado. Cuando en la última encuesta CEP se consultó sobre cómo se sentían las personas al momento de estallar la crisis del 18 de octubre, un 46% dijo enojado, y cuando se les interrogó cómo se sienten en la actualidad, la cifra subió al 50%. Solo un 34% se muestra esperanzado. Convivimos en una sociedad donde las emociones principales son la rabia y el susto. Mala cosa.

¿Qué ha provocado este enojo social? Las causas podrían ser múltiples: torpezas de las autoridades, pobre calidad de los servicios públicos, deuda excesiva, abusos de la policía, violencia callejera, rabia con los partidos. ¿Qué nos dice esta encuesta? La mayor parte de los encuestados sostiene que en la génesis del estallido se encuentra la alta desigualdad de ingresos (38%), seguida de las bajas pensiones (16%), el alto costo de la vida (16%) y la mala calidad de la salud y educación públicas (13%). Las condiciones materiales de subsistencia, no cabe duda, constituyen el motor del descontento. El 55% de los entrevistados apoyó las protestas y otro 18% tuvo niveles oscilantes pero, con todo, una gran mayoría respaldó esta causa social.

Entonces, ¿por qué no hay un mayor sentimiento de esperanza, de optimismo respecto a que la sociedad pueda cambiar? La respuesta parece estar en la forma en que las autoridades han respondido a la crisis. Cuando se solicita evaluar las respuestas de diversas instituciones ante la crisis, los que mejor salen evaluados son los alcaldes con un paupérrimo 11%.

Pero los mismos entrevistados entregan soluciones a esta crisis radical de representación. Primero, en dos años se incrementa en 12 puntos (52 a 64 por ciento) la cifra de aquellos que sostienen que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Segundo, el 78% preferiría que los líderes políticos privilegiaran los acuerdos a mantener sus propias posturas políticas. La intolerancia a la hora de sentarse a la mesa es rechazada abrumadoramente. Tercero, se favorece mayoritariamente que las personas puedan participar de una marcha como forma de protesta (59%). Todavía más, la gran mayoría (57%) rechaza que Carabineros use la fuerza contra un manifestante que actúa violentamente. El ideal de una forma de convivencia tolerante, democrática y donde se permitan la manifestaciones públicas, parece ser compartida por los chilenos.

Se cristalizó una desconfianza estructural en las instituciones de representación política, como partidos, Congreso, Gobierno; en las de seguridad y justicia –Poder Judicial, Ministerio Público, Carabineros– y los medios de comunicación (salvo quizás la radio), además de otras  relevantes, como empresas y la Iglesia católica. La sociedad se aleja de los partidos (14% de identificación con ellos) y se distancia de la identificación en el eje izquierda-derecha (28% de simpatía con esos términos).

Me permito un paréntesis. No hay institución que se salve del colapso en la confianza social en esta y otras encuestas. Mientras en épocas pretéritas –las décadas del 60, 70 y 80– ciertas instituciones actuaban como mediadoras entre la frustración social y el sistema político (gremios, sindicatos, organizaciones de base, iglesias, partidos), hoy ninguna lo hace. Esto es preocupante, por cuanto las democracias requieren de un robusto tejido social para canalizar demandas sociales. Una democracia sin un tejido social denso avanzará irremediablemente hacia formas no-democráticas (clientelares) de estructurar relaciones sociales.

Pero los mismos entrevistados entregan soluciones a esta crisis radical de representación. Primero, en dos años se incrementa en 12 puntos (52 a 64 por ciento) la cifra de aquellos que sostienen que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Segundo, el 78% preferiría que los líderes políticos privilegiaran los acuerdos a mantener sus propias posturas políticas. La intolerancia a la hora de sentarse a la mesa es rechazada abrumadoramente. Tercero, se favorece mayoritariamente que las personas puedan participar de una marcha como forma de protesta (59%). Todavía más, la gran mayoría (57%) rechaza que Carabineros use la fuerza contra un manifestante que actúa violentamente. El ideal de una forma de convivencia tolerante, democrática y donde se permitan la manifestaciones públicas, parece ser compartida por los chilenos.

También se comparte la idea de establecer una nueva Constitución (67%). Lo más interesante en este tema es que el 56% indicó que probablemente esta ayude a resolver los problemas de Chile y un escuálido 6% piensa que la situación actual empeoraría con una nueva Carta Magna.

El escenario impone un desafío mayúsculo a todo el sistema político e institucional. ¿Cómo hacer avanzar cambios en un clima de “enojo social” y desconfianza estructural? ¿Qué pueden hacer autoridades –políticas e institucionales– que carecen de credibilidad y de confianza ciudadana para emprender esfuerzos de cambio? En un escenario marcado por el escepticismo, el único camino que podrían transitar los actores políticos es precisamente lo que les dice la ciudadanía: ejerciten la democracia, generen acuerdos para fijar nuevas reglas del juego que sean más justas y resuelvan los problemas estructurales de desigualdad y de calidad de los servicios públicos: pensiones, educación y salud.

Ejercitar la democracia es quizás el ámbito que más costará encarar, pues implica redistribuir poder. Cuando me refiero al ejercicio de la democracia, me refiero a cuestiones muy concretas, como involucrar a la ciudadanía activamente en los procesos de toma de decisión, dotar de legitimidad social al proceso constituyente, estableciendo mecanismos de participación activa, convocar a amplios sectores sociales a participar en la conformación de listas para candidaturas de la Convención, facilitar –ahora y no en el futuro– procesos de diálogo activo con organizaciones de la sociedad civil, para avanzar en reformas sociales en trámite legislativo.

El enojo tiene una doble cara en el Chile actual: la frustración respecto de las precarias condiciones de subsistencia de la gran mayoría de la población y la molestia con una élite privilegiada que no da muestras de cambiar el modo en que se hacen las cosas. El proceso constituyente, por lo mismo, podría inspirar emociones de esperanza si abre una dinámica de genuino diálogo social, participativo e incidente, pero también podría inspirar más emociones de enojo social si los actores políticos e institucionales terminan haciendo lo que por mucho tiempo han acostumbrado hacer.

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