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OPINIÓN

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La oportunidad de la nueva Constitución para enfrentar la crisis climática

por 24 enero, 2020

La oportunidad de la nueva Constitución para enfrentar la crisis climática
Está la gran oportunidad de definir, a través de un amplio proceso deliberativo y participativo de múltiples actores sociales, una nueva Constitución, que plasme una visión que cambie la calidad de nuestro crecimiento económico y reduzca significativamente su impacto ambiental. Por ejemplo, incluso sin grandes avances tecnológicos, haciendo uso de nuevos instrumentos de política y normativos, podríamos lograr la neutralidad de carbono para 2050. Y aun antes, gracias a la gran disrupción tecnológica que se nos viene encima en el período 2020-2030 con la inteligencia artificial, información digital, genómica, robótica, electromovilidad, energías renovables, entre otros componentes que robustecerán todavía más estas expectativas.
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El Estado chileno, en las últimas tres décadas, no ha sabido adaptarse a los acelerados cambios macroeconómicos y climáticos que están ocurriendo en el planeta. Hoy, consecuentes con esta costumbre, las autoridades del Gobierno de Sebastián Piñera insisten en un enfoque economicista, con excesiva dependencia en los mecanismos del mercado, para enfrentar la crisis climática y solucionar cualquier problema ambiental. El proceso que tendrá lugar los próximos meses para definir una nueva Constitución, producto de un proceso ciudadano deliberativo y participativo, será una gran oportunidad para enfrentar con éxito y solucionar la crisis climática, formulando una nueva visión dirigida a cambiar la calidad de nuestro crecimiento económico y reducir significativamente su impacto ambiental.

Es muy lamentable que, después de 25 años de reuniones de las COP climáticas, todavía los centros económicos y financieros consideren que el objetivo del Acuerdo de París es peligroso, ya que podría lograrse solo si se detiene el crecimiento económico. Esta es una falsa apreciación, muy repetida e incorrecta. Los negacionistas climáticos –en Chile y en todo el mundo– no reconocen que existe un amplio margen para que las políticas económicas puedan cambiar la calidad del crecimiento y reducir significativamente su impacto ambiental, sin arriesgar la
estabilidad económica de millones de personas. ¿Por qué insisten en su añejo argumento?

Necesitamos convencerlos de que, a menos que cambiemos “algo” en nuestro modelo de crecimiento, las consecuencias serán nefastas. ¿Pero qué cambiamos?

La respuesta obvia es que ese algo tiene que ver con el enfoque demasiado economicista, equivocado, que vienen aplicando para analizar la crisis climática. Es difícil comprenderlo, por ejemplo, ahora que ha sido confirmado hace una semana que la segunda década del siglo XXI fue la más cálida de toda la historia de la humanidad.

Pero estos cambios no sucederán por sí solos y no ocurrirán si los dejamos solamente en manos del mercado. Vamos a conseguirlos únicamente si somos capaces de combinar en la política nacional de cambio climático nuevos instrumentos económicos que garanticen altos niveles de inversión pública con una fuerte regulación que evalúe debidamente sus costos sociales y medioambientales. Y, por supuesto, no sucederá si ponemos la carga del ajuste en nuestros ciudadanos más pobres y vulnerables a la crisis climática, en materia de empleos y oportunidades de acceder a nuevas alternativas laborales. La sostenibilidad ambiental solo la lograremos en consonancia con los esfuerzos para conseguir una mayor justicia social y una transición justa hacia nuevos estilos de vida, disrupción tecnológica y un diferente tipo de crecimiento económico.

Resulta hasta ofensivo que algunos mandatarios, políticos y empresarios todavía insistan, por sobre todas las cosas, en una sola meta: el crecimiento económico, a cualquier costo ambiental. No puede ser. Y esto no sucede solo en Chile, también en EE.UU., el mayor emisor per cápita de gases de efecto invernadero y el único país que a partir de la presidencia de Donald Trump se retiró del Acuerdo de París de 2015.

Es irónico constatar que en estos momentos Trump, Bolsonaro (Brasil) y Morrison (Australia), se hayan convertido en el “trío de negacionistas” que han provocado que sus países estén sufriendo hoy los niveles más altos de daños a la propiedad asociados con eventos climáticos extremos, como inundaciones, incendios de bosques, destrucción de la biodiversidad, huracanes, sequías y olas de frío. Increíble.

Los grandes incendios en Australia son el primer aviso contundente de lo que la crisis climática comienza a ocasionar en el planeta. Son consecuencia del cambio climático y van a agravarlo. Se estima que han liberado a la atmósfera más de 400 millones de toneladas de CO2, el equivalente a todo el CO2 emitido por la actividad industrial en el Reino Unido en un año. Van 28 víctimas humanas y las pérdidas económicas y materiales son enormes. Han muerto más de mil millones de animales, sin contar insectos, se han devastado especies endémicas, muchas en peligro de extinción. Se han destruido hábitats completos, siendo Australia uno de los pocos países que la ONU sitúa en la categoría de megadiversidad, con el 70% de la biodiversidad del planeta.

El fuego ha destruido más de 10 millones de hectáreas de bosques. El sector ganadero ha perdido 100 mil cabezas de ganado y se han quemado bosques que tardaron siglos en crecer, lo que afectará las condiciones de vida de muchas especies. Es increíble el nivel de indiferencia que se aprecia cuando se dan las noticias. Debemos apoyar y colaborar con Australia en la restauración. Lo que está ocurriendo afecta a Chile y a todo el planeta. Es particularmente grave, ya que nos advierte de lo que el sobrecalentamiento puede provocar en zonas de alto riesgo con tendencia de clima mediterráneo, como la zona central de Chile, que tiene ecosistemas similares. Un aviso terrible para obligarnos a tomar medidas pronto, antes de que sea tarde.

Frente a estas catástrofes gigantescas sufridas en los últimos meses, ningún país en desarrollo podría absorber los costos ambientales y económicos con facilidad. No hay un Fondo de Seguros al cual se pueda recurrir si necesitamos inversiones para responder a grandes aumentos en el nivel del mar, inundaciones, incendios gigantescos, megasequías, riesgos de salud imprevistos y migración a gran escala, como resultado del sobrecalentamiento global. El hecho es que, en tales circunstancias, los países se harán más pobres y menos capaces de absorber las pérdidas y, en la medida que proliferen este tipo de eventos climáticos extremos, la crisis económica será real en muchos países.

Por estos efectos, los cálculos de la tasa de descuento –cómo valoramos los costos y beneficios futuros en relación con la actualidad– se han transformado en una cuestión fundamental. De hecho, la administración Trump con su política economicista ha planteado que “uno no debería gastar más de aproximadamente tres centavos hoy
para evitar la pérdida de un dólar en 50 años”. A las generaciones futuras simplemente no les importa. Por supuesto, esto es moralmente incorrecto. Pero argumentan que la eficiencia económica lo requiere.

Por otra parte, existen científicos de las ciencias sociales, económicas y ambientales en el marco del IPCC que han llegado a un amplio consenso mundial, que apremian a las grandes empresas, grandes emisores y estados a que tomen de inmediato acciones drásticas, ahora, para evitar masivos desastres climáticos más allá del 2030. Un paso
adelante importante ya lo dieron los líderes políticos y empresariales europeos cuando en Bruselas –en forma simultánea a la COP25– acordaron como bloque regional que Europa sea “neutral en carbono” ojalá antes del 2050.

El Foro Económico Mundial, que inició sus sesiones esta semana en Davos, ya lo ha confirmado. ¿Es posible un mundo neutral en carbono para 2050? Sí y antes también sería posible, si se tomará la decisión. Desde ahora en adelante, después de lo acontecido en Australia, ningún político podrá ignorar las presiones sociales y económicas a medida que los impactos climáticos se vuelvan más severos, pero cuanto más se demoren, más caro será. Los gobiernos, estados, ciudades, empresas e inversores ya lo saben, están advertidos.

El Acuerdo de París proporciona un marco jurídico que aún debe ser fortalecido, ojalá transformando las metas de las NDC en obligatorias, para que los países establezcan objetivos claros, aumenten su ambición y las cumplan, para alcanzar a tiempo un mundo de emisiones de carbono neto cero. La Carbon Neutral
Coalition –compuesta por 26 países, 15 ciudades, 17 regiones y estados y 192 empresas–, viene liderando esfuerzos ambiciosos para implementar políticas e incentivos que respaldarán el proceso. Las 20 ciudades de Carbon Neutral Cities Alliance están tomando medidas para impulsar reducciones agresivas de emisiones.

La Under2Coalition de 205 jurisdicciones, que representan 43 países y seis continentes, está desarrollando planes de descarbonización profunda para 2050. Y 412 empresas se han comprometido a establecer "objetivos basados ​​en la ciencia" para lograr el mismo objetivo. O sea, si hay voluntad política, el objetivo es alcanzable.

Respecto al Artículo 6 del Acuerdo de París sobre los Mecanismos del Mercado de Carbono, que obstruyó las negociaciones de la COP25, tenemos que tener presente que ya desde hace dos años contamos con un set de recomendaciones que los negacionistas hacen lo imposible para que no se conozca o se olvide. Me refiero al
Informe de la “Comisión de Alto Nivel sobre los Precios del Carbono”, un grupo de economistas convocado por la “Coalición de Líderes para la Fijación de Precio al Carbono”. Una asociación voluntaria de gobiernos nacionales y subnacionales y organizaciones de la sociedad civil que desde 2016 promueven la agenda para fijar el precio al carbono (Informe de la Comisión de Alto Nivel sobre Precios del Carbono, que presidieron Stiglitz y Stern).

Ese Informe claramente señala que es posible alcanzar el objetivo del Acuerdo de París, es decir, limitar el sobrecalentamiento global a un máximo de 2 ºC sin abandonar el crecimiento. ¿Cómo? Resumo a continuación sus principales aseveraciones:

1. El objetivo de estabilizar el aumento de la temperatura muy por debajo de los 2 °C, exige una transformación a gran escala de la estructura de la actividad económica, así como un cambio en los sistemas de energía (en particular la generación de energía eléctrica); los procesos industriales; los sistemas de calefacción y refrigeración de locales; los sistemas de transporte y de transporte público; los modelos urbanos; el uso de la tierra –incluidos los bosques, los pastizales y las tierras agrícolas– y la conducta de los hogares.

2. Las políticas climáticas, cuando están bien diseñadas y se aplican de la manera correcta, son compatibles con el crecimiento, el desarrollo y la reducción de la pobreza. La transición a una economía con bajas emisiones de carbono es, potencialmente, una trayectoria de crecimiento sólida y sostenible, con mayor resiliencia, más innovaciones, más ciudades habitables, sistemas agrícolas más robustos y ecosistemas más fuertes.

3. Los precios del carbono son una parte indispensable de la estrategia para reducir las emisiones de manera eficiente, ya que tienen la finalidad de propiciar cambios en las estructuras de inversión, producción y consumo e inducir el tipo de progreso tecnológico que puede bajar los costos de reducción de emisiones en el futuro. Se
puede fijar, explícitamente, a través de un impuesto al carbono o un sistema de fijación de topes e intercambio de emisiones.

4. Los objetivos de París exigen que todos los países implementen paquetes de políticas climáticas que complementen la fijación de precio al carbono y aborden otras deficiencias del mercado, además de la externalidad de los GEI. Estas deficiencias están relacionadas con la difusión del conocimiento, el aprendizaje y la investigación y el desarrollo, la información, los mercados de capitales, las redes y los beneficios sin precio de las medidas vinculadas al clima (incluidas la reducción de la contaminación, conservación de la biodiversidad y la protección de los ecosistemas).

5. Los instrumentos de fijación de precio al carbono pueden elevar los ingresos al superar la principal deficiencia del mercado: la externalidad climática. Los ingresos se pueden destinar a la promoción del crecimiento con equidad social, a través de reembolsos a los hogares, apoyo a los más pobres, gestión de los cambios de transición, inversión en infraestructura con bajo nivel de emisiones de carbono y el fomento de cambios tecnológicos.

6. Es posible que la fijación de precio al carbono, en sí misma, no sea suficiente para inducir los cambios y deba complementarse con otras políticas, como inversiones en infraestructura de transporte público y planificación urbana; creación de condiciones para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables; aplicación o mejora de las normas de eficiencia, adaptación del diseño urbano y gestión de las tierras y bosques; inversiones en investigación y desarrollo, entre otros.

7. El nivel de precio al carbono compatible con la consecución de las metas establecidas en París, debe situarse, como mínimo, entre USD 40 y USD 80 por tonelada de CO2 para 2020 –o sea, ahora– y entre USD 50 y USD 100 por tonelada para 2030. Estos precios superan en forma contundente a los que se aplican en la actualidad (el 85 % de las emisiones mundiales no tiene precio actualmente y alrededor de las tres cuartas partes de las emisiones que están registradas tienen un precio inferior a USD 10/tCO2; en Chile es alrededor de USD 7/tCO2). Esto quiere decir que las NCD voluntarias para el año 2030, no son suficientes, más aún, son muy inferiores a las necesarias para alcanzar la meta de mantener el aumento de la temperatura “muy por debajo de 2 °C”.

Este conjunto de elementos son los recomendables para definir una política nacional de cambio climático para el Estado chileno, la cual sirva de marco a la futura ley de cambio climático. Chile tiene que diferenciarse de aquellos con los cuales hoy se confunde, aquellos que hoy perversamente ponen el grito en el cielo señalando que los objetivos del Acuerdo de París son un peligro a la economía mundial, ya que solo se podrían lograr deteniendo la expansión económica. Esta actitud es tendenciosa y solo busca el colapso de dicho Acuerdo. No podemos permitirlo.

Por otro lado, por supuesto, no podemos echar por la borda la expansión económica, ya que el crecimiento no tiene por qué ser malo. Por el contrario, necesitamos un buen crecimiento, ya que sin este, millones de personas permanecerían sin alimentos, vivienda, ropa, educación y atención médica adecuados. Pero, entre tal aclaración y la exageración de solo privilegiar el crecimiento por el crecimiento (la lógica de las células cancerosas), hay una gran diferencia.

Chile tendrá la gran oportunidad de definir, a través de un amplio proceso deliberativo y participativo de múltiples actores sociales, una nueva Constitución, que plasme una visión que cambie la calidad de nuestro crecimiento económico y reduzca significativamente su impacto ambiental. Por ejemplo, incluso sin grandes avances tecnológicos, haciendo uso de nuevos instrumentos de política y normativos, podríamos lograr la neutralidad de carbono para 2050. Y aun antes, gracias a la gran disrupción tecnológica que se nos viene encima en el período 2020-2030 con la inteligencia artificial, información digital, genómica, robótica, electromovilidad, energías renovables, entre otros componentes que robustecerán todavía más estas expectativas.

Pero estos cambios no sucederán por sí solos y no ocurrirán si los dejamos solamente en manos del mercado. Vamos a conseguirlos únicamente si somos capaces de combinar en la política nacional de cambio climático nuevos instrumentos económicos que garanticen altos niveles de inversión pública con una fuerte regulación que evalúe debidamente sus costos sociales y medioambientales.

Y, por supuesto, no sucederá si ponemos la carga del ajuste en nuestros ciudadanos más pobres y vulnerables a la crisis climática, en materia de empleos y oportunidades de acceder a nuevas alternativas laborales. La sostenibilidad ambiental solo la lograremos en consonancia con los esfuerzos para conseguir una mayor justicia social y una transición justa hacia nuevos estilos de vida, disrupción tecnológica y un diferente tipo de crecimiento económico.

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