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La bancada gremialista acusa en el escrito enviado a la subcontralora Dorothy Pérez, que Bermúdez «excede su esfera de competencia» al señalar eventuales réditos electorales, pues «las campañas políticas no han tenido inicio, por lo que calificar un acto de aparición pública en un medio de comunicación resulta improcedente y desnaturaliza el acto»
En medio de la crisis sanitaria y de la ola de información -incluidas fake news- sobre el avance del Covid-19 en Chile, los alcaldes de las comunas en cuarentena o afectadas por casos de coronavirus decidieron incrementar sus apariciones en televisión, especialmente en los matinales.
Pero definitivamente la idea de ver a Joaquín Lavín o a Rodolfo Carter tan temprano llamó la atención de la Contraloría a cargo de Jorge Bermúdez, a partir de una denuncia presentada al respecto. En un dictamen publicado esta semana, el organismo fiscalizador estableció que la «participación de alcaldes en medios de comunicación debe limitarse a la entrega de información necesaria para el cumplimiento de las funciones municipales».
Frente al emplazamiento de la Contraloría, la bancada de diputados UDI se sintió aludida y envió un oficio a la subcontralora Dorothy Pérez, en la que le solicitan pronunciarse sobre el informe emitido por Bermúdez.
«Es evidente que el oficio de Bermúdez viene con nombre y apellido. No corresponde una limitación artificial al rol de información de los alcaldes», señaló María José Hoffmann, jefa de la bancada de la UDI a El Mercurio, en referencia a los alcaldes Joaquín Lavín y Rodolfo Carter.
La bancada gremialista acusa en el escrito que Bermúdez «excede su esfera de las competencias» al señalar eventuales réditos electorales, pues «las campañas políticas no han tenido inicio, por lo que calificar un acto de aparición pública en un medio de comunicación resulta improcedente y desnaturaliza el acto».
Además, los UDI advierten que «la autoridad encargada de supervigilar el correcto desenvolvimiento de campañas políticas es el Servicio Electoral», por lo que le piden a Pérez que «se pronuncie sobre las atribuciones que le ha conferido el ordenamiento jurídico para pronunciarse sobre campañas políticas».
La alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei acusó que el dictamen de Bermúdez «es una falta de respeto terrible, y además es tomarse atribuciones que él no tiene». A su juicio, el contralor no tiene ninguna facultad para decir quien puede ir a un matinal y quién no, él «no tiene atribuciones para eso», comentó.
Si bien Matthei reconoció que hay algunos alcaldes que pueden «pasarse un poquito de la raya», precisó que algo totalmente distinto es que un contralor «pretenda transformarse en el gran censor de Chile, de quien puede ir, en qué condiciones a un matinal o no, quién está yendo demasiado, ya esas sugerencias de que fuera un alcalde distinto cada día, de verdad me parece penosa».
«Me da lo mismo lo que dijo, no tiene facultades para decir lo que dijo, para firmar lo que firmó, y francamente esas historietas que publican, muy serias por lo demás, son de verdad de muy mal gusto y de una, realmente, lo último», señaló la alcaldesa haciendo alusión también a «Contralorito», el personaje creado para las redes sociales del ente fiscalizador y con quien el diputado UDI Juan Antonio Coloma. se enfrascó en una disputa personal.
«Me da pena por la Contraloría al nivel en que está cayendo», remató Matthei.
Cabe mencionar que al «me da lo mismo lo que diga el contralor» se sumó ayer el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, quien también expresó sus críticas al oficio conocido esta semana.
Concretamente esta no es la primera vez que la UDI pone en su mira al Contralor. En junio del año pasado, luego que Jorge Bermúdez les pidiera la renuncia a funcionarios cuyos cargos tienen el estatus de «exclusiva confianza» de la institución, dio pie a una fuerte arremetida de la derecha contra el jefe del ente fiscalizador.
El malestar gremialista obedeció a que los tres funcionarios que dejaron sus cargos (Patricio Barra, jefe de la División de Análisis Contable, Pablo Soto e Ignacio Tapia) habrían advertido que el ente contralor no estaba utilizando una única fórmula contable para hacer los cálculos de déficit y superávit de algunos municipios, lo que afectó las fiscalizaciones de las administraciones de Viña del Mar y La Florida, controladas por la UDI Virginia Reginato y el exgremialista Rodolfo Carter.
“No podemos tener un contralor que despide gente porque le llevan la contra”, acusó la presidenta de la UDI Jacqueline van Rysselberghe en aquella oportunidad donde incluso anunciaron acciones judiciales contra Bermúdez.
Todo terminó con Bermúdez asistiendo a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para explicar la salida de los tres funcionarios en medio de la furia de la UDI que además acusó persecución política de parte del contralor.
