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¿Un Chernóbil biológico?

por 4 abril, 2020

¿Un Chernóbil biológico?
Frente al COVID-19, al igual que frente al desastre en Chernóbil, se contraponen dos perspectivas respecto al ejercicio del poder y lo que se comprende como razones de estado. Uno donde el secreto es la regla y otro donde es la excepción. En el caso chino y soviético, que son ejemplos de lo primero, no solo hablamos de partidos únicos que concentran la toma de decisiones, sino que hay una ausencia de pluralismo abismante en muchas dimensiones que impiden rectificar decisiones gubernamentales o generar información adicional para los ciudadanos. Incluso esto se nota cuando se lee al embajador chino en Chile, quien cita fuentes estadounidenses para dar respaldo a sus propias afirmaciones.
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En abril de 1986, en Ucrania, se produjo el peor desastre nuclear y medioambiental de la historia reciente. La energía liberada equivalía a cientos de bombas como la lanzada en Hiroshima en 1945 durante la Segunda Guerra Mundial. Como en todo régimen dictatorial, las autoridades comunistas de la URSS trataron de mantener en secreto la situación sin informar a otros países ni tampoco a los miles de habitantes de la ciudad de Prípiat, muy cercana a la planta nuclear, que solo se enteraron del desastre 36 horas después, cuando ya se habían expuesto a la radiación.

Siendo honestos, la complejidad misma del suceso había sobrepasado a los tomadores de decisión soviéticos que, con tal de evitar la propagación de la noticia, bloquearon las redes telefónicas y prohibieron difundir el hecho a todo aquel que tuviera información. Incluso cuando los suecos comenzaron a preguntar por un eventual accidente, los dirigentes comunistas lo negaron. Con ello impidieron obtener mejores respuestas y medidas frente a un desastre que crecía con el pasar de las horas.

¿Hasta qué punto se asemeja el manejo de la crisis de COVID-19 por parte del partido comunista chino con el manejo del accidente de Chernóbil por parte del partido comunista soviético como dio a entender Mario Vargas Llosa días atrás?

Cuando surgieron los primeros enfermos producto del COVID-19, las autoridades comunistas chinas trataron de mantener todo en secreto. Los médicos se vieron silenciados por las autoridades de Wuhan en cuanto a advertir los efectos del virus y los riesgos que podría implicar en la población una eventual extensión de los contagios. El caso del oftalmólogo Li Wenliang, que fue acusado de difundir información falsa por parte de la Oficina de Seguridad Pública china, se hizo mundialmente conocido. A fines de diciembre, el médico alertó acerca de un nuevo virus similar al SARS. Mientras, las autoridades insistían en que el contagio solo se producía por estar en contacto con animales infectados y recién el 20 de enero se estableció la emergencia en China. Wenliang finalmente murió producto del COVID-19 a fines de ese mes, la Oficina de Seguridad Pública le pidió disculpas y el virus se extendió golpeando brutalmente a diversos países en el mundo, incluido el nuestro.

Si miramos ambos casos tenemos elementos similares y de ambos se deben sacar lecciones respecto a cómo responder a desafíos como los que implican situaciones como la del COVID-19. Primero, el afán de un control total y centralizado sobre todos los aspectos que conciernen a la sociedad, reflejado en una clara concentración del poder político, muy propio de regímenes autocráticos, no necesariamente evita o responde mejor a una pandemia. Tampoco se traduce en mejores respuestas. Segundo, una burocracia enorme impide que los ciudadanos puedan contrarrestar decisiones y rectificar a las propias autoridades con perspectivas distintas mediante la libre expresión de opiniones. En ese sentido, el error y la mentira se combaten con la verdad, no con la censura. Tercero, y muy ligado con los dos puntos anteriores, es la ausencia absoluta de libertad de prensa en China, donde solo existe una prensa manejada por las mismas autoridades, lo que es un freno a la búsqueda de la verdad en todo sentido. En un escenario así no hay pluralismo alguno. Estos tres elementos se relacionan entre sí y se traducen en una lógica nefasta que marcó tanto al desastre de Chernóbil como el manejo del COVID-19 en Wuhan: el exceso de secretismo, el enmascaramiento de los hechos.

Un elemento olvidado pero que es base de las democracias constitucionales y liberales tiene relación con el derecho a petición, que permite a los ciudadanos sacar al pizarrón a los gobernantes y autoridades en relación a sus decisiones. Este criterio surge a partir de una noción ilustrada relacionada con el uso público de la razón —que muy bien expresó Kant al decir que el ser humano debía abandonar su minoría de edad y servirse de su propia razón— lo que implicaba entre otras cosas, que el poder no quedaba libre del escrutinio de los gobernados. Los gobiernos entonces, desde la perspectiva ilustrada y liberal, deben dar cuenta de sus acciones y publicitarlas, no en cuanto promocionarlas, sino en cuanto a sacarlas del secretismo. Esto, en términos políticos, significó un giro radical respecto al modo en que los despotismos manejaban la llamada razón de estado.

Frente al COVID-19, al igual que frente al desastre en Chernóbil, se contraponen dos perspectivas respecto al ejercicio del poder y lo que se comprende como razones de estado. Uno donde el secreto es la regla y otro donde es la excepción. En el caso chino y soviético, que son ejemplos de lo primero, no solo hablamos de partidos únicos que concentran la toma de decisiones, sino que hay una ausencia de pluralismo abismante en muchas dimensiones que impiden rectificar decisiones gubernamentales o generar información adicional para los ciudadanos. Incluso esto se nota cuando se lee al embajador chino en Chile, quien cita fuentes estadounidenses para dar respaldo a sus propias afirmaciones.

A diferencia de los regímenes de partido único o autocráticos, las democracias conllevan la exigencia permanente de la transparencia en la toma de decisiones. Eso hace las decisiones más lentas muchas veces, pero las hace más razonables y por tanto más susceptibles de corrección, porque las autoridades, como es claro en el caso de Wuhan, no siempre tienen todas las respuestas ni pueden tomar siempre las mejores decisiones. En una democracia, los que gobiernan, por la legitimidad que los enviste, son los que deben tomar las decisiones. Pero eso no significa que no deban corregir tales disposiciones cuando sea necesario y por tanto deban asesorarse y escuchar otras opciones. De lo contrario, los efectos pueden ser nefastos como ocurrió en Chernóbil, donde una dictadura sin contrapeso alguno manejó el desastre.

La nitidez en el ejercicio gubernamental que las democracias se imponen, a diferencia de las dictaduras, se conforma no solo en base a lo que los propios gobiernos informan, sino en base a la contrastación de dicha información por parte de otros poderes del estado, la prensa libre y pluralizada, la sociedad civil abierta y los particulares. La democracia en ese sentido no es más débil que una dictadura frente a un desastre nuclear o una pandemia como el COVID-19. Por el contrario es la forma más razonable de afrontar tales dilemas, porque como decía Thomas Jefferson: «El dirigente debe actuar con discreción pero no hay que permitirle que se guarde para sí sus intenciones».

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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