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Seguridad humana y seguridad económica: los bueyes delante de la carreta EDITORIAL

Seguridad humana y seguridad económica: los bueyes delante de la carreta

¿Por qué no entregar a la gente un ingreso mínimo asegurado que le permita vivir en estos tiempos de crisis? ¿Acaso la economía puede funcionar sin gente o los mercados sin consumidores? Asegurar el ingreso mínimo a las personas para que puedan subsistir y generar una cadena de emergencia de abastecimiento alimentario, para permitir la eficacia de las cuarentenas y los amparos de salud, es algo que no puede esperar. En otro orden de cosas, no tiene explicación que, aprovechando la liquidez adicional entregada por el Banco Central, no se obligue por ley a la banca a otorgar, por ejemplo, seis meses de gracia a costo 0 (cero) para que los deudores que lo necesiten paguen sus dividendos hipotecarios. Esto sería de gran apoyo para la clase media. En estos tiempos de pandemia solo hay espacio para el sentimiento moral de lo justo, única base de la cohesión social y de la paz.


Se debe evitar que el momento de crisis sanitaria que vive el país se transforme en una crisis social y política. Principalmente por la incertidumbre sobre su duración e impacto real, y el temor ciudadano de encontrarse indefenso frente al mal.

Las próximas dos semanas serán la prueba de fuego para saber si los esfuerzos hasta ahora desplegados en salud detendrán o mitigarán los problemas. Pero no es igual con la economía. Rápidamente se están desencadenando los problemas económicos de la población. Desde la pérdida de empleos e ingresos, hasta la acumulación de deudas de plazo vencido, para las cuales no hay mitigación efectiva y que muestran la cara más egoísta del modelo, poniendo a la pobreza y la precariedad como una nueva pandemia.

El Gobierno anunció un Plan de Recuperación Económica del orden de los 11.700 millones de dólares, con foco principal en las empresas, y con algunas tímidas medidas pro empleo y de ayuda a las personas. La opinión casi unánime de los expertos económicos de distintas tendencias es que es un plan insuficiente, con un paquete de medidas económicas carentes de profundidad y que no es adecuado para lo que requiere la actual crisis.

Además, el plan gubernamental carece de ingeniería de detalle y no distingue entre el indispensable sostenimiento social y económico de las personas –asegurándoles ingresos mínimos que les permitan vivir–, de las medidas de liquidez y apoyo orientados a las empresas para garantizar su funcionamiento en los mercados inestables.

El Banco Central puso la Tasa de Política Monetaria (TPM) en su mínimo técnico de 0,5% y abrió líneas de liquidez por sobre los cuatro mil millones de dólares para que los bancos y otros actores del sistema financiero atiendan las necesidades de sus deudores (postergación de cuotas, nuevos créditos blandos, por ejemplo), pero absurdamente sin asegurarse de que esas ventajas realmente sean traspasadas a empresas y a personas asfixiadas por la crisis. Claramente faltó una coordinación previa con el Ejecutivo y el Legislativo para concretar, a través de una ley, las condiciones y parámetros para que este enorme esfuerzo con dineros públicos favorezca a los consumidores que lo necesitan.

No tiene explicación que, aprovechando el impulso del Banco Central, no se busque asertiva y eficazmente que la banca otorgue, por ejemplo, seis meses de gracia a costo 0 (cero) para que los deudores paguen sus dividendos hipotecarios, a quien lo necesite. Sería un gran apoyo para la clase media.

Para ayudar a las personas de bajos recursos –que cada vez son más en estas circunstancias– únicamente se contempla la entrega de un demasiado modesto bono de aproximadamente 50 mil pesos a beneficiarios del programa de Subsidio Único Familiar y otro igual a 670 mil hogares del sector más vulnerable del país sin ingresos formales.

En materia de “estabilidad de los ingresos y las fuentes laborales”, las decisiones apuntan a disminuir la incertidumbre laboral, echándose mano a la utilización de las prestaciones de cesantía, pero estas tienen tasas de reemplazo decrecientes y un número finito de prestaciones, las que dependen de la cuenta de ahorro individual de los propios trabajadores. Como el promedio de esta es bajo, mayoritariamente alcanzará para un solo mes. El fondo solidario que se activa en subsidio solo podrá cubrir la mitad de un mes, dado el volumen de la demanda y debido a que no alcanzan para más los dineros asignados.

Se echa de menos en el referido plan un congelamiento y/o rebaja en las tarifas de los servicios básicos, Internet incluido (sobre todo en estos tiempos en que se aspira al teletrabajo como consecuencia de la cuarentena).

¿Por qué a la gente no se le puede entregar un ingreso mínimo asegurado si lo requiere para vivir? ¿Acaso la economía puede funcionar sin gente o los mercados sin consumidores, incluso y más aún si son economías de rebusque y mercados informales?

Asegurar el ingreso mínimo a las personas para que puedan subsistir y generar una cadena de emergencia de abastecimiento alimentario, para permitir la eficacia de las cuarentenas y los amparos de salud, es algo que no puede esperar.

No es una perspectiva adecuada que el Gobierno actúe como mero administrador o mediador entre las empresas y la gente, como ocurrió con las isapres y el alza en los planes de salud. Tampoco que permita que las carencias se hagan insostenibles y que la gente tenga que salir a las calles a buscar la subsistencia en las migajas que quedan en ellas o que transformen su desesperación en violencia social. No hay espacio para la mano invisible del mercado, solo para el sentimiento moral de lo justo, única base de la cohesión social y de la paz.

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