Opinión
Las nuevas redes de fibra óptica y las redes móviles 4G –que son las que han podido sostener el ecosistema digital del país en esta pandemia– no deben esconder en los promedios brechas preocupantes. Todavía en Chile muchos hogares o personas, que están conectados para las estadísticas globales, tienen conexiones que quedaron obsoletas tecnológicamente para las exigencias del teletrabajo, la educación en línea, la seguridad, la telemedicina y el entretenimiento digital. Es crucial sembrar hoy las nuevas redes de acceso del mañana, para que este cambio abrupto en la era digital no aumente la desigualdad social y económica, por las diferencias que se manifiestan en la calidad del acceso a banda ancha.
A raiz de esta pandemia, el hogar de muchos ha tenido que convertirse de forma improvisada en escuela virtual, universidad a distancia y oficina en línea. Aprendimos que se podía consultar al médico desde el computador, que se podía entrar a una sucursal sin salir de la casa, que podíamos comprar en supermercados y multitiendas sentados con el celular y hacer trámites en comisarías, notarías o municipalidades por una pantalla.
Las nuevas redes de fibra óptica y las redes móviles 4G –que son las que han podido sostener el ecosistema digital del país en esta pandemia– no deben esconder en los promedios brechas preocupantes. Todavía en Chile muchos hogares o personas, que están conectados para las estadísticas globales, tienen conexiones que quedaron obsoletas tecnológicamente para las exigencias del teletrabajo, la educación en línea, la seguridad, la telemedicina y el entretenimiento digital.
Estos hogares o personas mal conectados no están muy lejos de los no conectados. Por razones obvias, la brecha digital es mayor cuando no hay ningún acceso a redes y ahí siempre se ha puesto el foco de la política pública, pero no podemos ignorar que depender hoy de una conexión 2G, incluso 3G, o de una conexión wifi ADSL o de cable coaxial antiguo, para hacer las múltiples tareas en línea que se nos pide hacer en los hogares, es casi lo mismo que no tener nada.
[cita tipo=»destaque»]No podemos quedarnos atrapados entre la presión de actores menores de la industria que solo aparecen cuando quieren frenar cambios tecnológicos –y que solo invierten en abogados– y las mañas de algunos incumbentes que prefieren postergar todo, hasta estar seguros de ganar. El país no logra nada con ello. Acá debe primar el bien común e interés mayor de la sociedad chilena. Es determinante que las instituciones públicas, que hoy tienen la responsabilidad política y moral de avanzar en desplegar redes 5G, no se paralicen. Mejorar la cobertura y calidad de las conexiones a Internet es urgente. Llamo al Gobierno, a la Corte Suprema y autoridades de Libre Competencia, a no quedar inmovilizados por un falso dilema.[/cita]
Es crucial sembrar hoy las nuevas redes de acceso del mañana, para que este cambio abrupto en la era digital no aumente la desigualdad social y económica, por las diferencias que se manifiestan en la calidad del acceso a banda ancha. Hoy, en el Chile hiperconectado, todavía hay personas que se tienen que subir al techo de su casa para lograr una conexión a Internet.
Chile necesita redes de telecomunicaciones de calidad y con acceso más democrático y no puede darse el lujo de esperar eternas disputas legales. Hay que avanzar para llegar a tiempo a los cambios tecnológicos. Pensando no solo en la demanda explosiva de datos actual, sino en la necesidad de preparar al país para los usos futuros, que ya estamos viendo de forma experimental y que se consolidarán como una constante en el mediano plazo, es urgente destrabar, ahora, las limitaciones que impiden un concurso de espectro para tecnologías 5G y promover la llegada de más fibra óptica a hogares y territorios.
No podemos quedarnos atrapados entre la presión de actores menores de la industria que solo aparecen cuando quieren frenar cambios tecnológicos –y que solo invierten en abogados– y las mañas de algunos incumbentes que prefieren postergar todo, hasta estar seguros de ganar. El país no logra nada con ello. Acá debe primar el bien común e interés mayor de la sociedad chilena. Es determinante que las instituciones públicas, que hoy tienen la responsabilidad política y moral de avanzar en desplegar redes 5G, no se paralicen. Mejorar la cobertura y calidad de las conexiones a Internet es urgente. Llamo al Gobierno, a la Corte Suprema y autoridades de Libre Competencia, a no quedar inmovilizados por un falso dilema.
Por otra parte, también es tiempo de revisar algunos dogmas. Llevamos una década debatiendo en el mundo sobre la llamada neutralidad de red. De hecho, el año 2010, Chile fue el primer país del mundo en tener una ley de neutralidad y, siendo uno de sus gestores, creo que debemos revisar el alcance de sus principios. La vida digital actual y futura exige abrirse a cambios en el paradigma.
Simplificando al máximo, la Ley de Neutralidad garantiza a usuarios y empresas que todos los tipos de contenidos que viajan por una red de Internet, sean tratados de la misma forma. La norma busca –en teoría– evitar que las empresas que dan acceso a Internet bloqueen o limiten contenidos legales o afecten la libre competencia entre servicios de Internet, al darle mayores facilidades de descarga a unos paquetes de datos que a otros.
Ejemplo: si en tu casa quieren al mismo tiempo jugar un videojuego en línea, ver una serie online, mandar un correo electrónico, subir una publicación en Twitter o Tik Tok, participar en una videoconferencia de trabajo y en un chat de WhatsApp, la red de acceso no discriminará qué usos son más importantes y cada actividad consumirá la capacidad de ancho de banda disponible. Si la capacidad no es suficiente, las actividades que requieren más ancho de banda se degradarán o pueden llegar a ser imposibles de ejecutar.
Este principio de neutralidad de red, que pareciera cuidar bien la libertad en Internet, puede terminar mermando el bienestar de los usuarios cuando se extrema su interpretación. A la luz de los nuevos usos de Internet, parece del todo razonable que una transmisión en vivo de telemedicina, o una videoconferencia de teletrabajo, una clase online o incluso el control de la temperatura del refrigerador, tengan prioridad en su calidad y velocidad de transferencia, sobre un mensaje de chat o la resolución de alta definición de una película o serie.
Al igual que una autopista, que debe tener protocolos para destinar pistas preferentes a servicios de emergencia o camiones con cargas peligrosas respecto de vehículos menores, las redes de acceso a Internet deben tener protocolos para dirigir los diferentes tipos de tráficos, orientados por normas legales de bien común.
Los dogmas llevan a lo absurdo. Alguna vez un subsecretario llamó a prohibir las redes sociales gratis, porque atentaban contra la neutralidad de red. Su dogma estaba por encima del sentido común. No podemos caer el día de mañana en el absurdo de poner una vida en riesgo o limitar la productividad del país, por defender a ultranza que subir un video para un meme es lo mismo que una videollamada de telemedicina o de teletrabajo. Aunque les cueste a los ortodoxos, hay que reconocer que todos los paquetes de datos no son iguales ni tienen el mismo valor social.
La ciberseguridad también está íntimamente relacionada con la neutralidad de red. Se han llenado varias páginas sobre la seguridad de las aplicaciones que estamos usando a diario en cuarentena. Hasta el Ministerio de Defensa tuvo que publicar un instructivo de recomendaciones para los servicios públicos, lo que es una luz de alerta para la supuesta institucionalidad responsable de la ciberseguridad.
Para garantizar redes ciberseguras, es clave que los servidores, sitios web, aplicaciones, tengan estándares que permitan detectar y eliminar paquetes de datos maliciosos, evitando el daño a sus usuarios. También la educación en seguridad digital es imperiosa. Es evidente que la neutralidad no puede ser un dogma cuando tenemos un problema de ciberseguridad. El pánico social y político que produjeron los ataques y robos de información bancaria que alertaron al país hace un año, ya pasó de moda y se adormecieron los cambios legales de la agenda de ciberseguridad que ingresó al Congreso el año pasado.
Lo peor que podemos hacer es permitir que la crisis sanitaria, que se acopló a la crisis social de octubre, dejen sin prioridad un marco legal que es ineludible para dotar al país de un ecosistema de ciberseguridad, que resulta más urgente que nunca.
Los acontecimientos nos han llevado a un cambio acelerado en adopción de prácticas digitales. Ya no se trata solo de cuidar las transacciones financieras, los datos personales o las claves de Impuestos Internos. Estamos transitando hacia una digitalizacion mayor de la sociedad y economía nacional, que exige una regulación pionera en ciberseguridad.
Lo sé. Son muchos desafíos y estamos preocupados de soportar el encierro. Dicen que las cuarentenas epidémicas fueron en el pasado momentos de gran creatividad artística. Que obras famosas se gestaron en la incertidumbre del aislamiento. Es de esperar que también en Chile aprovechemos esta pausa para construir los cimientos digitales de un nuevo futuro.
Es crítico sembrar hoy las nuevas redes de acceso del mañana, para que este cambio abrupto de era digital no aumente la desigualdad social y económica, por las diferencias que se manifiestan en la calidad del acceso a banda ancha. Por esto, es indispensable seguir promoviendo la inversión privada y pública en redes de mayor capacidad, con foco en la calidad y la cobertura, para no dejar a compatriotas desconectados.
