Opinión
Los esfuerzos del Gobierno son mucho menores de los que se necesitan y de los que se pueden hacer. Según informó el subsecretario de Hacienda a Cepal, los dos paquetes de medidas del Gobierno tienen un costo de 16 mil 700 millones de dólares. La cifra es engañosa, pues incluye costos que no son gasto fiscal adicional, como el reforzamiento del sistema de salud utilizando el 2% constitucional del presupuesto de este año ya aprobado, o el financiamiento de 2 mil millones del proyecto que beneficia por tres meses a los trabajadores informales, que provendría de reasignaciones presupuestarias y otros similares. Por lo tanto, el esfuerzo fiscal informado por el Gobierno, del orden del 6% de PIB, es menor. Una estimación razonable lo establecería en torno al 4,5%. El gasto fiscal de Perú para la emergencia es del 12%.
La súbita aparición de la pandemia del coronavirus prácticamente en todo el mundo en un muy breve periodo, ha convertido a los Estados nacionales en el actor fundamental para enfrentar una emergencia sanitaria inédita en la larga historia de la humanidad. Como el confinamiento en un grado gigantesco de las poblaciones urbanas a nivel planetario ha sido una de las principales medidas para intentar controlar el ritmo de la expansión de la enfermedad, la crisis sanitaria se ha convertido casi inmediatamente en una económica de gran envergadura, la que a su vez acarreará agudos problemas sociales en todas las latitudes. Es evidente que no todas las sociedades tienen los mismos recursos para enfrentar una crisis tan polifacética, siendo tan diversa la distribución global de la riqueza, la fortaleza y legitimidad de los sistemas políticos, la solidez de los sistemas sanitarios, los niveles de cohesión social y las reservas de solidaridad que existen al interior de cada una de ellas.
El rol central de los Estados nacionales se acrecienta cuando una amenaza, que por su naturaleza es de carácter global, devela con nitidez el extremo debilitamiento del sistema multilateral y de las instituciones llamadas a generar gobernanza global. En momentos en que es urgente la cooperación y la coordinación internacional para enfrentar las múltiples dimensiones de la crisis, el máximo organismo ejecutivo de las Naciones Unidas, su Consejo de Seguridad, ha brillado por su ausencia. Solo en la esfera sanitaria ha operado la Organización Mundial de la Salud, a la que el gobierno de los EE.UU., su principal sostenedor, ha amenazado con congelar sus aportes. En América Latina el escenario es desolador: ninguno de los esquemas de integración está funcionando para enfrentar los desafíos comunes, con la excepción del Sistema de Integración Centroamericano (SICA).
Es la hora de los Estados y conspicuamente de los gobiernos: todos les reclaman iniciativas múltiples y urgentes. Lejos están los tiempos, parecen prehistóricos, en los que el líder del país más poderoso del planeta declaraba que “el Estado es el problema y no la solución”, y una de sus más importantes epígonas afirmaba que la sociedad no existe, que lo que hay son familias.
Es un tiempo también de dilemas complejos para las oposiciones y las variadas organizaciones de la sociedad civil en los países con regímenes políticos democráticos. El balance entre el indispensable apoyo al Gobierno, que tiene la autoridad y los instrumentos para enfrentar la crisis, y el también necesario debate y control sobre las políticas sanitarias, sociales y económicas que se implementan no es fácil de alcanzar.
La aparición de la pandemia en Chile encontró al país sumido en una situación, en la que moros y cristianos consideraban la crisis social y política más severa de los últimos cuarenta años. El denominado estallido social desencadenado a partir del 18 de octubre expresó al menos dos sentimientos extraordinariamente extendidos. Una crítica y desconfianza radicales en la arquitectura institucional de la República y prácticamente todas de sus instituciones, y al mismo tiempo una profunda disconformidad con el orden económico y social vigente, percibido como injusto, excluyente, abusivo y discriminatorio.
Se generó una movilización social de una magnitud y características desconocidas en los últimos 30 años y al mismo tiempo se desató una ola de violencia de diversos orígenes, que sobrepasó a una policía que se develó particularmente brutal e ineficiente. A la crisis política se sumó una situación de graves amenazas al orden público. El apoyo al Gobierno de Piñera alcanzó el nivel más bajo de todas las administraciones desde el retorno a la democracia en 1990: entre un 8 y un 12 por ciento.
La reacción del sistema político consistió en un amplio acuerdo para dar inicio a un proceso constituyente, demanda a la que la derecha se había negado tenazmente durante los últimos cuarenta años. El plebiscito de entrada se fijó para el 26 de abril y la elección de la Convención Constituyente para octubre de 2020. Se entendía que dicho proceso era el camino para encauzar las demandas y las energías desatadas a partir de octubre por una vía democrática y pacífica, evitando un escenario de aguda crisis social, de orden público y finalmente de ingobernabilidad. En ese escenario, los meses de marzo y abril eran cruciales para verificar la viabilidad del camino acordado y formalizado en una reforma constitucional aprobada con una mayoría abrumadora en ambas cámaras.
La aparición del primer caso de coronavirus a comienzos de marzo cambió dramáticamente, como en todo el mundo, no solo la agenda política sino también la vida cotidiana de toda la población. Un Gobierno acorralado volvió a ocupar el centro de la escena y la sociedad aceptó con notable y generalizada disciplina las severas restricciones a las libertades que impone el combate a la pandemia: el confinamiento domiciliario, el cierre de todas las actividades no esenciales, la libre circulación en el territorio y el toque de queda nocturno. El poderoso movimiento social entró en estado de hibernación: hasta finales de abril las más variadas organizaciones sociales que convocaron y apoyaron las movilizaciones aceptaron el llamado a permanecer en casa, incluso más, han sido en general críticas de los esfuerzos del Gobierno por “volver a la normalidad”.
La emergencia sanitaria y sus efectos económicos y sociales se convierten en los principales desafíos del país.
No hay una estrategia clara para combatir la actual pandemia, pues poco se sabe del comportamiento del virus. La emergencia se mantendrá hasta que surja una vacuna que prevenga el contagio y/o un medicamento que cure la enfermedad. Las autoridades sanitarias y las comunidades científicas navegan en un mar de incertidumbres, pero se ha concordado que lo central es postergar la propagación del virus para evitar el colapso de los sistemas sanitarios. Este se produce cuando no existen suficientes unidades de tratamiento intensivos y respiradores mecánicos para atender a los enfermos que lo necesitan para sobrevivir, que son, además, mayoritariamente personas mayores. Todos hemos aprendido la importancia que tiene “aplanar la curva”.
El Ministerio de Salud de Chile ha optado por una de las estrategias que se han utilizado en algunos países: las llamadas cuarentenas locales y dinámicas, que han sidos utilizadas en Islandia, algunos países nórdicos, Japón y otros. La otra es la de cuarentenas completas, tal como hizo China en Wuhan e Italia y España una vez que escalaron los contagios y las muertes.
Los críticos de la estrategia adoptada por el ministro Mañalich sostienen que su éxito depende de una gran capacidad de realizar testeos y de trazabilizar los contagiados y sus contactos de manera de realizar cuarentenas selectivas, condiciones que en Chile no se están dando. Es un debate abierto. Hasta ahora Chile presenta un índice de personas muertas por millón de habitantes de los más bajos del mundo, 10, que se comparan favorablemente con los 496 de España, los 441 de Italia o los 167 de los Estados Unidos, por ejemplo. El sistema de salud no ha colapsado, aunque existe gran inquietud por la disponibilidad futura de respiradores artificiales.
Lo que no parece discutible es que el manejo político de la crisis sanitaria ha sido hermético, poco transparente y nada participativo. El Gobierno no ha sabido aprovechar el ánimo constructivo y de colaboración de la comunidad científica, de los colegios profesionales de la salud, de los alcaldes y de las organizaciones de la sociedad civil para establecer acuerdos y alianzas con actores estratégicos para el enfrentar el gigantesco desafío. Si esta tendencia no se corrige, pueden surgir serios problemas para enfrentar la próxima fase de recuperar gradualmente el funcionamiento de la economía y la sociedad cuidando la salud de la población y, particularmente, de los más vulnerables.
Como el confinamiento de la mayoría de la población por un tiempo prolongado no es sostenible, no solo por consideraciones económicas sino también sicológicas y de salud mental, en todas partes se comienza a discutir la flexibilización de las medidas de confinamiento. El Presidente anunció un plan de “retorno seguro”, sin un proceso previo de consultas amplias –solo se supo de una reunión suya con dirigentes del gran empresariado– e incluso con señales de fisuras al interior del propio Gobierno. Es indudable que cualquier plan de “normalización” de la vida social en medio de tantas incertidumbres requiere amplios grados de consenso y disciplina ciudadana para tener éxito.
En el terreno económico-social, el Gobierno ya ha anunciado dos paquetes de medidas, orientadas principalmente a facilitar el acceso al crédito a empresas medianas y pequeñas con garantía del Estado, gestionado por la banca privada a bajas tasas de interés, y a proveer de ingresos a los trabajadores formales que pierdan el empleo y a la gran masa de trabajadores informales y de servicio doméstico. Las transferencias de ingresos propuestos están todos bajo el umbral de la línea de pobreza. A ello, se agrega un conjunto de medidas para aliviar el pago de deudas por servicios y de facilidades tributarias.
El juicio general, no solo por parte de la oposición, sino también de medios empresariales, académicos y políticos cercanos al Gobierno, es que estas medidas están bien orientadas, pero son insuficientes y muchas veces tardías.
La economía mundial enfrenta la mayor crisis después de la de 1929. Es inédita, pues es producto de una brusca paralización de la oferta en todo el mundo, provocada por un factor “extraeconómico”. Urge proveer ingresos a los que los pierden para que logren sobrevivir –y de paso sostener la demanda– y apoyo a las empresas obligadas a paralizar, para que no desaparezcan y estén en condiciones de volver a funcionar cuando se termine la parálisis impuesta por la pandemia.
Solo el Estado es capaz de inyectar el volumen de recursos necesarios para ambos objetivos. Es lo que están haciendo todas las economías del mundo. Una autoridad económica mundial tan insospechada de tentaciones populistas como la directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economista búlgara Kristalina Giorgieva, ha declarado: “Esta no es la hora de preocuparse por la deuda. Gasten todo lo que necesiten para combatir la pandemia y proteger a la gente” y añade “pero guarden los recibos”.
El FMI y la Cepal calculan que la economía chilena tendrá un crecimiento negativo del orden del 5% este año. La cesantía superará los dos dígitos. En miles de hogares el hambre golpeará las puertas este invierno. A su vez, todos coinciden en que el país ha construido una macroeconomía sólida: se cuenta con reservas del orden de los 23 mil millones dólares, sin contar con unos 5 mil del fondo de Defensa, y la deuda pública alcanza al 30% del PIB. Si se aumentara en un 10%, quedaría en un nivel más que razonable a nivel mundial y el país podría contar con unos 25 mil millones de dólares para enfrentar la emergencia y la recuperación posterior que va a requerir una activa y eficiente política fiscal.
En este cuadro, los esfuerzos del Gobierno son mucho menores de los que se necesitan y de los que se pueden hacer. Según informó el subsecretario de Hacienda a Cepal, los dos paquetes de medidas del Gobierno tienen un costo de 16 mil 700 millones de dólares. La cifra es engañosa, pues incluye costos que no son gasto fiscal adicional, como el reforzamiento del sistema de salud utilizando el 2% constitucional del presupuesto de este año ya aprobado, o el financiamiento de 2 mil millones del proyecto que beneficia por tres meses a los trabajadores informales, que provendría de reasignaciones presupuestarias y otros similares. Por lo tanto, el esfuerzo fiscal informado por el Gobierno, del orden del 6% de PIB, es menor. Una estimación razonable, lo establecería en torno al 4,5%. El gasto fiscal de Perú para la emergencia es del 12%.
La única explicación plausible de estas insuficiencias y atrasos, es la de un Gobierno prisionero de sus dogmatismos neoliberales, que aún no entiende cabalmente que la crisis es de una magnitud tal, que exige aquí, como en todo el mundo, una política económica y social de emergencia, en la cual la magnitud del esfuerzo fiscal y el rol conductor del Estado son determinantes.
