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Cuenta pública, pandemia y crisis social

por 31 mayo, 2020

Cuenta pública, pandemia y crisis social
El gran desafío de una eventual cuenta pública no sería entonces si la figura presidencial se deba aislar completamente para hablar un par de horas ante un parlamento vacío. Una escena de este tipo sería una metáfora interesante para quienes buscan una contemplación literal del momento del país. ¿Será realmente posible hacerse cargo, por una parte, de la ruptura histórica que ha generado el último estallido social, y por otra, de las respuestas que demanda la ciudadanía en el manejo de una crisis inesperada y todavía más profunda creadas por el virus? Tal vez un gesto en esa línea sería evitar el tono de autocomplacencia y triunfalismo, que operó a nivel discursivo durante las primeras semanas de contagios, admitiéndose que una buena parte de las omisiones e improvisaciones se deben al deterioro sistemático al que ha sido sometido el aparato estatal durante los últimos 40 años, lo que ha creado escenarios predilectos para la depredación empresarial y la precarización de la vida cotidiana. Por último, si existirá la sensibilidad suficiente como para admitir excesos y abusos de los DD.HH. cometidos en el marco del estallido social, que es lo que compete a un Estado que suscribe internacionalmente a este tipo de regulaciones, sin afán de encontrar contextos ni justificaciones de ninguna índole para avalar el comportamiento autoritario de sus cuerpos uniformados.
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En la historia de los mensajes presidenciales, llama la atención la poca centralidad que tuvieron los episodios pandémicos del pasado, como la ola de influenza en 1891-92 o el caso de la gripe española en 1918-19.

Las condiciones de fragilidad política, en el contexto de los últimos días del gobierno de José Miguel Balmaceda, o bien el convulsionado inicio del siglo XX y la cuestión social durante el gobierno de Juan Luis Sanfuentes, marcaron el modo en que las crisis de salubridad pública pudieron ser minimizadas, o derechamente omitidas, por la comunicación política de aquellos años.

Un tono distinto es el que, por ejemplo, se puede encontrar en el mensaje de José Joaquín Prieto de 1832, quien se refirió al estado de calamidad que asolaba los campos del país por los estragos de la viruela. Sin embargo, el contexto era distinto, pues habiéndose superado la guerra civil de 1829, este discurso ofrecía una lectura triunfal y una llamada a la restauración del orden que el país había perdido en los “años de anarquía”.

A contramano, los primeros ejemplos sirven para ponderar de qué manera el peligro de las asonadas militares, el conflicto político o la siempre temida revolución social requerían un manejo más cuidadoso de la información para evitar sembrar el pánico en la multitud. Se trata, sin duda, de una historicidad distinta a la de nuestros días, en donde la secuencialidad de los hechos permitía -aparentemente- compartimentar fenómenos simultáneos que podían tener una resonancia pública y política de largo impacto.

En la actualidad, la pandemia global del COVID-19 ha sido un elemento que ha contribuido, sin duda, a agilizar la tensión de un modelo social, económico y político que ofrece signos de desgaste evidente. Lo que se ha incubado en Chile en los últimos años, y que tuvo su principal expresión a contar de octubre pasado, se ha transformado en un contexto todavía más ingrato que los casos antes relevados.

Ello se debe, en parte, a que el gobierno no logró manejar una estrategia clara antes de cerrar un conflicto para entrar en otro, a medio camino de un proceso constituyente y con las encuestas de aprobación en su mínimo histórico. En tal sentido, la deteriorada convivencia civil e institucional, sumado a la crisis de confianza y transparencia que han caracterizado a la administración de Piñera, crean un ambiente de suma delicadeza, incluso considerando las bajas expectativas de la ciudadanía respecto a la próxima cuenta pública.

El cumplimiento del rito republicano y el debate sobre su proximidad en el calendario se resume hoy en un dilema técnico cuyo centro es la factibilidad de poder brindar este mensaje en condiciones de resguardo sanitario, en este caso, del Presidente y de los miembros del Congreso pleno. Sin embargo, el dónde, cuándo y cómo podrían ser un problema menor (y de solución rápida, si se hallan las voluntades) ante su otra dimensión: el componente emocional, simbólico y político del próximo mensaje presidencial.

Quizás el gran desafío de una eventual cuenta pública no sería entonces si la figura presidencial se deba aislar completamente para hablar un par de horas ante un parlamento vacío. Una escena de este tipo sería una metáfora interesante para quienes buscan una contemplación literal del momento del país. ¿Será realmente posible hacerse cargo, por una parte, de la ruptura histórica que ha generado el último estallido social, y por otra, de las respuestas que demanda la ciudadanía en el manejo de una crisis inesperada y todavía más profunda creadas por el virus?

Lo anterior se presenta todavía más complejo considerando que en sus últimas alocuciones, el Presidente ha insistido en representar el escenario histórico en el que se encuentra a través de metáforas que aluden a guerras y conflictos con enemigos poderosos, aunque muchas veces, invisibles.

Dicha retórica no ha colaborado con la necesidad que impone la crisis sanitaria por hacer converger voluntades y propuestas técnicas para el manejo de la pandemia, ni tampoco para ofrecernos como sociedad un tipo de desarrollo más equitativo de sus distintas realidades.

Tal vez un gesto en esa línea sería evitar el tono de autocomplacencia y triunfalismo, que operó a nivel discursivo durante las primeras semanas de contagios, admitiéndose que una buena parte de las omisiones e improvisaciones se deben al deterioro sistemático al que ha sido sometido el aparato estatal durante los últimos 40 años, lo que ha creado escenarios predilectos para la depredación empresarial y la precarización de la vida cotidiana.

De este modo, el mensaje también podría orientarse a asumir algo de la responsabilidad del Estado ante aquellos chilenos que hoy tienen hambre o han visto vulnerados sus derechos y seguridades laborales. Me pregunto, por último, si existirá la sensibilidad suficiente como para admitir excesos y abusos de los DD.HH. cometidos en el marco del estallido social, que es lo que compete a un Estado que suscribe internacionalmente a este tipo de regulaciones, sin afán de encontrar contextos ni justificaciones de ninguna índole para avalar el comportamiento autoritario de sus cuerpos uniformados.

Pero, por otra parte, la reiteración de la figura presidencial emitiendo cadenas televisivas a contar del mes de octubre pasado, es un elemento importante que -dentro de la comunicación política- pueden afectar la trascendencia del mensaje para sus receptores. La ciudadanía podría, con justicia, pensar que es más de lo mismo y que este mensaje carecerá de todo sentido.

A su vez, sería relevante saber si todavía existirá entre los papeles del Mandatario alguna anotación de lo que fue la denominada “agenda social” delineada durante noviembre como efecto de la rabia en las calles, o si la “agenda antiabusos” tuvo algún eco relevante más allá de las tibias propuestas que apuntaban a calibrar meramente la relación entre consumidores y mercado.

Las cuentas públicas del Chile contemporáneo no solo constituyen un balance de lo que han hecho los gobiernos. También se han transformado, para bien o mal, en una especie de extensión de la campaña presidencial, en donde se aprovecha la sintonía televisiva para retomar promesas incumplidas o proponer nuevos conceptos (a veces, de manera excesiva).

En la bisagra histórica de una eventual nueva constitución, y en medio de una pandemia, el Presidente tiene una oportunidad dorada para rectificar sus metáforas y poder ilustrar realmente a qué y a quiénes se refería cuando hablaba de “tiempos mejores”.

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