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Negación de un problema social

por 18 junio, 2020

Negación de un problema social
En el contexto en el que estamos y en un nuevo Gobierno, se puede entender el ajuste fiscal, la reformulación de programas sociales o la reorientación de sus metas, pero no la negación de un problema social, como lo es la inactividad física de nuestra población. La eliminación de los únicos programas coordinados por la Subsecretaría del Deporte, desmantela la gestión pública que la propia ley mandató, subvalorando la necesidad de la población beneficiada por los mismos y limitando el trabajo intersectorial de las y los Seremis en los propios territorios.
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Al crearse el Ministerio del Deporte (Mindep) en el primer Gobierno del Presidente Piñera, se estableció por ley su función a cargo de formular programas y acciones destinadas al desarrollo de la actividad física y deportiva de la población, tanto de la práctica del deporte convencional como adaptado. Luego, vino el proceso de instalación del servicio, de implementación de las Secretarías Regionales Ministeriales del Deporte (Seremis), la elaboración participativa de la Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2016-2025, la participación y postulación a megaeventos deportivos y la creación de nuevos programas sociales que fuesen coherentes con los desafíos del nuevo ministerio.

Lo anteriormente mencionado no ocurrió de un día para otro, han sido años de trabajo y esfuerzo de las funcionarias y los funcionarios que integran el Mindep por llevar a la práctica los objetivos institucionales y articular acciones de forma armónica entre la Subsecretaría del Deporte y el Instituto Nacional de Deporte, teniendo al centro la promoción de la práctica permanente y sistemática del deporte y la actividad física en todos los sectores de la población, con un enfoque de derecho.

Preocupa la determinación del Ministerio del Deporte de eliminar los dos primeros programas sociales creados en la Subsecretaría: Planes Deportivos Comunales y Promoción de la Actividad Física y el Deporte, programas que permiten desarrollar el trabajo en los territorios de manera intersectorial con los gobiernos regionales y locales, que buscan que los municipios desarrollen sus políticas comunales de actividad física de manera coherente y complementaria a la política nacional, así como desarrollar ferias de promoción en los establecimientos educacionales que permiten un compromiso, tanto de las alcaldesas y los alcaldes, como de los directores de los colegios por fomentar la práctica de la actividad y deporte en los estudiantes, y como plataforma para destacar a jóvenes deportistas de las comunidades escolares. Todos, elementos fundamentales en la misión del Mindep y que contribuyen a cumplir con el valor público de la institución.

La Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deportes 2018 en la población mayor de 18 años, indica que el 81,3 % de población adulta es inactiva físicamente y refleja también las inequidades nacionales, ya que los grupos socioeconómicos más vulnerables son tres veces menos activos que los grupos más acomodados. Respecto a la población entre 5 y 17 años, la realidad de nuestras niñas, niños y adolescentes no es muy distinta: un 48% son inactivos, un 35,1% son parcialmente activos y solo un 16,5% son activos.

Con estos datos, y en medio de una crisis sanitaria, económica y social, sabemos que la brecha de desigualdad es probable que se incremente aún más en nuestro país. Hemos sido testigos, además, del desarrollo de diversos estudios que indican que mantenerse físicamente activos trae consigo beneficios físicos y psíquicos, actuando como un factor protector sociosanitario en situaciones de estrés y emergencia como la que vivimos.

En el contexto en el que estamos y en un nuevo Gobierno, se puede entender el ajuste fiscal, la reformulación de programas sociales o la reorientación de sus metas, pero no la negación de un problema social, como lo es la inactividad física de nuestra población. La eliminación de los únicos programas coordinados por la Subsecretaría del Deporte, desmantela la gestión pública que la propia ley mandató, subvalorando la necesidad de la población beneficiada por los mismos y limitando el trabajo intersectorial de las y los Seremis en los propios territorios.

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