Opinión
Ha sido posible en los últimos 20 años terminar con los senadores designados, terminar con el binominal, cambiar la antigua Ley Reservada del Cobre (fuente de inagotables recursos para las FF.AA.), sin embargo, las modificaciones introducidas al sistema de AFP solo han ido en el sentido de consolidarlo.
Desde hace ya al menos un par de años, con alguna variación en la intensidad de la demanda, se viene planteando la posibilidad de introducir variaciones significativas al sistema de AFP. Estas, se han centrado en los últimos meses en la opción de poder retirar parte de los fondos ahorrados por los cotizantes. Los efectos de la pandemia en curso, sobre el empleo y los ingresos, han acentuado la demanda.
Debe, no obstante, adoptarse una actitud de gran escepticismo frente a este escenario. Al menos por las siguientes razones:
Primero, presentar iniciativas en la materia es gratis. Los parlamentarios que lo hacen saben perfectamente que las mismas son inviables si no cuentan con apoyo presidencial. Y no lo habrá. Sin embargo, en la pasada, quienes así proceden obtienen pequeñas ganancias en el apoyo (siempre voluble) de parte de la opinión pública.
Segundo, el sistema creado hace casi 40 años, mediante el DL 3.500, que todos conocemos como sistema de AFP, representa una suerte de última trinchera para los sectores más dogmáticos del neoliberalismo económico y el fundamentalismo de derecha. Estos mismos sectores han debido observar, muchas veces sin tener otra opción, cómo se han ido cediendo distintas posiciones de poder y ventaja, fruto muchas veces del imperativo coyuntural, como ocurrió con el acuerdo posmovilización social de octubre. Pero no vacilan en intentar recuperar terreno si la situación parece permitirlo. Por ejemplo, aprovechando la actual pandemia para poner en duda el plebiscito.
Por consiguiente, en la eventualidad que una iniciativa de retiro de fondos de las AFP llegara a prosperar en el Parlamento, con seguridad será objeto de veto presidencial o derivación al TC.
La razón de lo anterior es que hay mucho en juego. Las AFP fueron concebidas como un mecanismo para salvar a la gran empresa y la banca, proveyéndoles de un flujo continuo de recursos frescos y baratos en una época en que se iniciaba un nuevo ciclo contractivo mundial y en donde Chile era un paria en el concierto internacional. Con el tiempo, ha resultado ser uno de mecanismos creados en dictadura más resistentes al cambio.
Ese sistema tenía una segunda finalidad, cual era implementar un sistema de pensiones, bajo la lógica de una suerte de seguro en donde las cotizaciones son la prima mensual y la pensión un siniestro. Una eventualidad que ojalá nunca llegue. Y como ello no es posible, entonces, las AFP han procurado, ya desde que se hizo evidente el incumplimiento de la promesa de pagar pensiones que serían al menos un 70% del promedio de las remuneraciones del trabajador mientras estuvo activo, que se jubile lo más tarde posible y que se retire lo mínimo bajo la lógica de procedimientos administrativos absolutamente cuestionables, como tablas de expectativa de vida que llegan a los 110 años.
Ha sido posible en los últimos 20 años terminar con los senadores designados, terminar con el binominal (claro que hoy tenemos un Parlamento hipertrofiado, ineficiente y caro), cambiar la antigua Ley Reservada del Cobre (fuente de inagotables recursos para las FF.AA.), sin embargo, las modificaciones introducidas al sistema de AFP solo han ido en el sentido de consolidarlo. Es cosa de mirar un poco atrás y un poco mucho lo que acontece hoy.
En administraciones pasadas se traspasó el riesgo de las inversiones hechas por los ejecutivos de las AFP a los mismos cotizantes, vía creación de los multifondos, en un contexto en que la mayoría de la población es analfabeta financiera. Y aunque no lo fuera. Se creó el Pilar Solidario, que más allá de proveer un ingreso mínimo a una parte de la población, contribuyó a ocultar el fracaso del sistema creado en 1981. Se ha permitido que la Superintendencia de Pensiones permita a las AFP invertir en deuda a largo plazo del gobierno, provocando con ello las enormes pérdidas que ha tenido el fondo más conservador y, supuestamente, el menos riesgoso y más seguro.
Las AFP son la industria que mueve la mayor cantidad de recursos financieros. Proveen de financiamiento a la gran empresa y la banca. Con recursos ajenos, por cierto. En casi 40 años de funcionamiento han logrado tejer una extensa red de contactos en el Congreso y los partidos, en un amplio espectro de tendencias. Como ocurre habitualmente en Chile, no ha sido infrecuente que ex o futuros parlamentarios hayan tenido o tendrán su alternativa laboral en alguna institución del sistema de AFP, Superintendencia incluida.
Así, no es extraño constatar que ninguna iniciativa tendiente a modificar el sistema progrese. No lo logró el movimiento NO+AFP, tampoco pudo hacerlo el movimiento social iniciado en octubre.
Por cierto, a la hora de esgrimir la razones para bloquear iniciativas para introducir cambios, se olvidan u omiten cuestiones como que el retiro, por parte de un cotizante o jubilado por retiro programado, de un porcentaje de lo acumulado, puede ser hasta rentable en un contexto de absoluta incertidumbre de los mercados financieros mundiales. Mejor perder el 20% de un 90% que perderlo respecto a un 100%.
Hay, no obstante lo improbable de un retiro de fondos, un eventual efecto secundario positivo derivado de la actual presión en tal sentido. Y es que el Gobierno y los sectores que controlan el mercado financiero, estarán dispuestos a ir más allá de lo obrado a la fecha en materia de cobertura a los sectores mayoritarios que hasta ahora han quedado excluidos de toda ayuda tendiente a suplir la caída de ingresos y el mayor costo de la vida derivados de la crisis sanitaria y económica. Todo sea por salvar a las AFP.
