Opinión
La inversión de los fondos de pensiones a través de las AFP se hace tanto en Chile como el extranjero sin consulta a nadie, y pudiera resultar que todo o parte de ellas sean colocaciones en valores o empresas en las que también tiene inversiones el Presidente de la República o gente del Gobierno. Y que, de manera subterránea y sin saberlo, estemos ante un conflicto de intereses, porque nada garantiza que esta convergencia no se esté produciendo en la práctica. Algo similar ocurre con muchas grandes empresas del país hoy internacionalizadas, con inversiones en terceros países con problemas, como Brasil o Colombia, pero que mantienen su liquidez o posición gracias a las inversiones de las AFP. Empresas que en el pasado ejercicio, declarado en abril de este año, igual que las AFP, cerraron la contabilidad repartiendo utilidades, mientras ya la mayoría de la población experimentaba serias dificultades económicas.
El Gobierno y la mayoría del bloque oficialista, partidarios del libre mercado según proclaman, se han puesto al margen de la libertad de elegir de los ciudadanos, y del derecho de propiedad sobre los bienes que estos han acumulado con su trabajo. Además, intimidan a la gente con perder su empleo si critican las medidas gubernamentales, por ejemplo, a los empleados públicos, infringiendo abiertamente la libertad de opinión consagrada en la Constitución que dicen amar.
La oposición moralmente odiosa e injustificada, ejercida en todas direcciones ante la posibilidad de que los ciudadanos accedan al 10% de sus fondos previsionales para atender sus necesidades de alimentos y sus deudas, hablan de la ilegitimidad del accionar político gubernamental. Se diría que en pocas semanas pasaron del libre mercado y la subsidariedad, a un periclitado socialismo de Estado o derechamente al talante autoritario y dictatorial. Porque en ninguna democracia verdadera es posible encontrar un argumento tan falaz como el de la supuesta defensa del bien común, maltratando hasta la desesperación a las víctimas, con actos discrecionales, amenazas, campañas del terror al margen de la legalidad constitucional.
La pandemia económica que azota al país no es producto directo de lo sanitario del coronavirus. Es el resultado directo de las medidas ineficaces y arbitrarias adoptadas por el propio Gobierno para, según dijeron en su oportunidad, bien administrar la crisis del COVID-19 sin afectar la seguridad del empleo. Estamos ya en 19% de cesantía y subiendo.
El tema ha generado no solo la repulsa de los ciudadanos sino también una minirrebelión, por lo menos hasta ahora, en las filas oficialistas. La presión ejercida por La Moneda sobre aquellos parlamentarios oficialistas que se han abierto a una consideración positiva para liberar fondos previsionales para enfrentar la crisis, está en el límite constitucional sobre los principios de separación de poderes. Si lo actuado este fin de semana se junta con las declaraciones presidenciales, sobre lo que califica como procedimientos inconstitucionales en el Senado, indica contumacia en una campaña antiparlamentaria de La Moneda y afecta a las bases institucionales de la República.
En Estados Unidos, la Corte Suprema acaba de obligar al presidente Donald Trump a entregar, a un fiscal de Nueva York, copia de sus ejercicios financieros, a efectos de que estos puedan mirar la posición económica actual del mandatario y el pago de sus impuestos. Todo, en medio de una profunda crisis sanitaria y económica en ese país.
En Chile, ante el debate sobre los fondos de las AFP, debiera ocurrir algo similar. Toda vez que en el Gobierno ejercen cargos públicos empresarios o exaltos ejecutivos de esos círculos, empezando por el propio Presidente de la República, con fuertes y desconocidas inversiones en todas partes, de él y su familia.
Así, no solo está en debate la inconstitucional apropiación corporativa que en la práctica hacen las AFP de esos fondos, sino también el hecho de que ellos se invierten en bolsa, y que los opositores al retiro parcial argumentan que se está provocando un crack bursátil que podría, esta es la suposición, afectarlos a ellos directamente.
Las AFP no tienen otro título que una autorización administrativa para una patente de Administradora de Fondos de Pensiones otorgada por el mismo Estado que hoy, en manos de un Gobierno empresario, defiende la intangibilidad de ellos con el mismo argumento de las pérdidas económicas.
La inversión de esos fondos de pensiones a través de las AFP se hace tanto en Chile como el extranjero sin consulta a nadie, y pudiera resultar que todo o parte de ellas sean colocaciones en valores o empresas en las que también tiene inversiones el Presidente de la República o gente del Gobierno. Y que, de manera subterránea y sin saberlo, estemos ante un conflicto de intereses, porque nada garantiza que esta convergencia no se esté produciendo en la práctica.
Algo similar ocurre con muchas grandes empresas del país hoy internacionalizadas, con inversiones en terceros países con problemas, como Brasil o Colombia, pero que mantienen su liquidez o posición gracias a las inversiones de las AFP. Empresas que en el pasado ejercicio, declarado en abril de este año, igual que las AFP, cerraron la contabilidad repartiendo utilidades, mientras ya la mayoría de la población experimentaba serias dificultades económicas.
La UDI, tienda política en la que se reconocen los más recalcitrantes opositores a la medida, sostiene en su Declaración de Principios “El derecho de propiedad, que debe ser sólidamente respetado a nivel constitucional y práctico. Los estatismos o socialismos que cercenan tales derechos, atentan contra la libertad que requiere la sociedad para desenvolverse, y restringen o anulan los derechos políticos”. Algo similar sostiene también el resto de los partidos oficialistas y todos ellos se declaran partidarios del principio de subsidariedad del Estado, que es una especie de catecismo también para el Instituto Libertad y Desarrollo, alma mater de Cristián Larroulet, principal asesor presidencial.
De ahí la pregunta de si acaso, al oficialismo recalcitrante, ¿le duele directamente en el bolsillo una medida como recurrir a esos fondos para paliar la pandemia económica que el mismo Gobierno provocó, hasta el punto de abandonar todo principio y atrincherarse en el Estado y olvidar toda su verborrea de años sobre la libertad de elegir y la propiedad privada y que el Estado no se meta? ¿Quién garantiza que este no es un conflicto de intereses y terminen haciendo lo de siempre, y pasen de la presión al garrote? En Chile, nadie.
Por eso se requiere un cambio de Constitución, además de disponer del 10% de los fondos previsionales. Puede no ser la mejor solución, pero sirve.
