Opinión
El retiro del 10% de los ahorros puede ser un apoyo importante para los trabajadores. Es una diferencia entre la paz y la desesperación, entre la enfermedad psicológica y la tranquilidad familiar. Paradójicamente, el retiro del 10% hace realidad la promesa liberal de respeto a la dignidad individual. Cumple, en una pequeña medida, tanto con el derecho de propiedad como con el reconocimiento a la responsabilidad y la libertad de los adultos. Seguir desconociendo la propiedad y la libertad de los pobres es insostenible, porque es incoherente y ofensivo.
El proyecto parlamentario que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales, no solo resuelve de manera respetuosa las carencias acentuadas por la emergencia, sino que abre las puertas para adecuar las instituciones a lo que el país y la gente necesitan. Lo primero que pasará con esta reforma, es que las familias de bajos ingresos tendrán un alivio digno ante las pesadillas de la pandemia. No serán préstamos blandos ni favores concedidos, sino un uso razonado y orgulloso de sus recursos, parcial y condicionadamente reconocidos como propios.
De aprobarse esta reforma, el Estado subsidiario empezaría a cambiarse por otro comprometido con el desarrollo de la gente y no con una ideología. Para empezar, desmonta la oposición entre la proclama de la responsabilidad individual y la interdicción de facto que pesa sobre los ancianos. Esa leve grieta tiene efectos profundos en las instituciones.
Anticipar derrumbes en las inversiones, destrucción de los ahorros y costos para el Estado, no son afirmaciones técnicas, sino actos de presión política. Es evidente que solo un porcentaje de los ahorrantes retirará el 10%. Para todas las personas con más de 40 millones de ahorro, el retiro será menor al 10%. Es probable que los que tienen más ahorros no necesiten hacer el retiro. Si no se puede discriminar a través de la ley, sí es posible establecer desincentivos al retiro de los fondos por parte de afiliados de mayor patrimonio.
[cita tipo=»destaque»]Hay economistas que compiten en los medios para dibujar el desastre que se viene en nuestra corteza cortical y en nuestros bolsillos. Es cierto que si se retira un porcentaje de los fondos de pensiones, el monto disponible de este fondo va a ser menor al momento de jubilar. Esto no significa que hay una «pérdida» de recursos de los ahorrantes, sino que ha habido usos anticipados y alternativos de esos fondos. Puede que los trabajadores cotizantes necesiten pagar calefacción y comida en los próximos meses, puede que necesiten combatir una enfermedad que no los dejará llegar a viejos. Puede que organicen la fiesta que nunca tuvieron y que no tendrán más que en su velorio. El asunto que se discute no es si los jubilados pueden malvivir con sus miserables pensiones, lo que apenas se empieza a debatir es la capacidad de las personas para recurrir a sus ahorros en medio de una emergencia devastadora.[/cita]
No habrá efecto alguno en la economía, porque nada impide diseñar procedimientos de retiro de los fondos que se extiendan durante un plazo manejable. En este punto es que los técnicos pueden hacerse útiles no publicitando artefactos sobre lo que no se puede hacer, sino desarrollando los mecanismos para hacerlo posible del modo más eficiente para la sociedad.
Se puede diseñar un plan de retiro de los fondos que se extienda sobre un período largo, sin afectar el valor de las inversiones y de las acciones de las empresas. Los efectos en los fondos de pensiones no pueden ser estimados fuera de las transformaciones al sistema, que –además de sumar un 4% de aporte empresarial– debe considerar un aporte Estatal importante.
Si hacemos intervenir al Estado, al Banco Central u otra institución con espaldas estatales, estaríamos ante una simple operación de compra y administración de activos financieros. El banco compra títulos de inversión a las AFP y los cancela directamente a los ahorrantes. No sería necesario liquidar los activos de inmediato. Si hubiera diferencias de tasas involucradas en la compra y la recolocación de los activos, los costos no superarían los 200 millones de dólares. Cien veces menos de lo que se augura.
No hay consecuencias para el Estado producto de esta reforma. Los cambios en el compromiso del Estado con la seguridad social vienen de algo más grande, de los mismos impulsos que reclaman un sistema de salud pública más eficiente y la necesidad del regreso a un Estado de fomento. El Estado abstinente se terminó.
La ilusión de que cada uno es responsable exclusivo de su destino y de su falta de destino, se agotó al hacerse exigibles sus resultados. Es más eficiente diseñar un Estado comprometido con la seguridad social, que uno sometido a golpes de la indignación ciudadana. Lo que está en juego ahora es recuperar un compromiso del Estado con los ancianos y con la seguridad social.
Las pensiones crecerán para los informales, las dueñas de casa, los trabajadores y la clase media. Lo harán, porque esa es la decisión de la ciudadanía y eso basta para explicarlo y exigirlo. En este punto es que nuevamente los técnicos pueden hacerse útiles desarrollando los mecanismos para hacerlo posible del modo más eficiente para la sociedad.
En el futuro, el ahorro personal será uno de los factores –y no el único– a considerar en el cálculo de pensiones. El otro factor será una tabla de mínimos y de máximos en los que intervendrá el Estado para corregir las lagunas de cesantía, la discriminación a las mujeres y otras deficiencias del mercado que afectan a las pensiones.
Otro factor será la corrección de las expectativas de vida de acuerdo a cálculos personalizados y no al voleo a favor de las aseguradoras. Los sectores más vulnerables, con situaciones de salud desmejorada y que tendrán expectativas de vida menores que las de sectores de altos ingresos, deben ser «favorecidos» por un recálculo a la baja de la duración de sus vidas. Si por buena suerte para la familia y mala suerte para el Estado, el pensionado vive más de lo que se calculó, el sistema deberá hacerse cargo de mantener su pensión. Tal vez, si se sigue el hilo, pueda recurrir a los fondos desvanecidos de los que han vivido menos y sus saldos no fueron heredados.
Entre las oportunidades que abre esta reforma para repensar las instituciones previsionales, está la posibilidad de que cada pensionado que lo desee pueda presentar un proyecto económico en el que incluya liquidar deudas, iniciar emprendimientos, invertir en su familia o, eventualmente, viajar. El plan puede considerar, por ejemplo, avales familiares en el financiamiento de los costos a asumir después de la fiesta a la que los viejos tienen derecho.
El monto de la pensión no debería ser inferior al sueldo mínimo. Esta cifra paridad obedece a que el monto debe conciliar lo posible para la sociedad y el Estado, con lo necesario para las personas. El desafío será hacerla universal. Y esta vez, el universo tendrá que incluir a todos los chilenos y chilenas mayores de 60 y 65 años.
“Ay, se ha roto la alcancía”.
Hay economistas que compiten en los medios para dibujar el desastre que se viene en nuestra corteza cortical y en nuestros bolsillos. Es cierto que si se retira un porcentaje de los fondos de pensiones, el monto disponible de este fondo va a ser menor al momento de jubilar. Esto no significa que hay una «pérdida» de recursos de los ahorrantes, sino que ha habido usos anticipados y alternativos de esos fondos. Puede que los trabajadores cotizantes necesiten pagar calefacción y comida en los próximos meses, puede que necesiten combatir una enfermedad que no los dejará llegar a viejos. Puede que organicen la fiesta que nunca tuvieron y que no tendrán más que en su velorio. El asunto que se discute no es si los jubilados pueden malvivir con sus miserables pensiones, lo que apenas se empieza a debatir es la capacidad de las personas para recurrir a sus ahorros en medio de una emergencia devastadora.
Se ha dicho que con el retiro del 10% de los fondos previsionales, 20 mil millones de dólares podrían sumarse a la deuda fiscal. Los economistas que hacen esta afirmación, la envuelven en un «podría» cuya condicionalidad los pone a salvo de la acusación de mentir. La falsedad en este caso viene del sesgo. El peligro de agregar esa deuda al Estado pasa por una serie de supuestos inverosímiles, intencionados, en los que en cada etapa del diseño legal se toman las peores decisiones posibles. Estas suposiciones se basan en el despecho técnico y en el olvido de la imaginación financiera, tan prolífica en empeños regresivos.
En resumen. El retiro del 10% de los ahorros puede ser un apoyo importante para los trabajadores. Es una diferencia entre la paz y la desesperación, entre la enfermedad psicológica y la tranquilidad familiar. Paradójicamente, el retiro del 10% hace realidad la promesa liberal de respeto a la dignidad individual. Cumple, en una pequeña medida, tanto con el derecho de propiedad como con el reconocimiento a la responsabilidad y la libertad de los adultos. Seguir desconociendo la propiedad y la libertad de los pobres es insostenible, porque es incoherente y ofensivo.
La economía no se va a hundir, sino que va a resurgir apostando al emprendimiento y a las personas. Las grandes empresas no van a ser presionadas por la falta de financiamiento, tendrán que acostumbrarse lentamente a una competencia mayor. El Estado no se va a doblar ni la deuda pública se va a disparar porque se asuma un compromiso de dignidad con la tercera edad.
La dignidad es diferente a los ingresos por bonos, por gracia y por caridad. La dignidad reclamada consiste en un ingreso decente pagado por la sociedad como derecho a una retribución por haber vivido. No solo se trata de un agradecimiento por su pasado, sino de un reconocimiento a la labor productiva, familiar e histórica que los viejos siguen desempeñando entre nosotros mientras viven.
