Opinión
Las desigualdades políticas son las que posibilitan la segregación económica y social de la gente común y, también, son las responsables de la discriminación histórica contra los pueblos indígenas en Chile (PNUD, 2014). Este punto es de máxima importancia y se transforma en uno de los principales desafíos de la democracia, a propósito de la actual discusión sobre una nueva Constitución. Se trata de evitar las diferencias abismales que se establecen entre los ciudadanos, respecto de su capacidad de influir, de ser escuchados y representados en las decisiones públicas. La desigualdad de oportunidades, las diferencias entre privilegios de cuna versus mérito. Reducir estas diferencias, resulta ser un imperativo ético.
La desigualdad en Chile en tanto fenómeno que impide la cohesión social, no se limita a aspectos como el ingreso, el acceso al capital o el empleo, sino que abarca además al poder político, el respeto y dignidad con que son tratadas las personas y las comunidades que son expresión de su diversidad. Esto afecta en mayor grado a las mujeres, la población rural, los pueblos originarios, a personas de diversas minorías y, en general, al conjunto de los excluidos de este país.
La desigualdad es un hito fundacional de Chile y constituye, lamentablemente, uno de los aspectos más arraigados de su identidad. Este hecho ha tenido y tiene una connotación étnica y racial. En efecto, la sociedad chilena se ha desenvuelto a partir del dominio de grupos que se autodefinen, en los hechos, como dominantes por una especie de designio del destino. Así, a mestizos e indígenas se les ha asignado una posición degradada de la jerarquía social.
Esa asignación fue el germen de la clase alta tradicional chilena y de la hacienda, institución que perduró casi sin variación por tres siglos. Aunque parezca una aberración, aún hoy el aspecto físico resulta ser un buen predictor de la ubicación social de una persona. Todo ello, delata a una sociedad con escasa movilidad social, en la que han primado los prejuicios y la discriminación en el acceso a las oportunidades (PNUD, 2017).
[cita tipo=»destaque»]Tenemos el privilegio de vivir una época de cambios profundos, que lejos de contribuir a la incertidumbre, nos abre las esperanzas de una vida más digna para todas y todos. Esta es una demanda generalizada y el país cuenta con los recursos y las capacidades para profundizar los cambios de las últimas décadas, mediante nuevos modelos de desarrollo más inclusivos y que se orienten al Buen Vivir que fueron capaces de construir nuestros ancestros. De esta manera, podríamos lograr que el Estado tome las riendas en la reducción de la desigualdad, mediante los impuestos, las transferencias monetarias y los mecanismos de seguridad social.[/cita]
Sin pretender hacer una reflexión académica, los hechos demuestran que esos grupos privilegiados nunca han pretendido ceder un milímetro de esas ventajas de las que gozan y se han esforzado siempre en preservarlas de generación en generación. Esta “monarquía hereditaria” de facto, ha operado con rigurosa sistematicidad, pero guardando las formas y nunca confesando sus verdaderas intenciones y sus métodos subyacentes.
Chile es un muy buen modelo de esta realidad que se manifiesta en toda América Latina y muchos otros lugares del mundo, bajo una suerte de “pacto de sangre”. Aquí, agrupaciones de todos los colores políticos, herederos advenedizos de aquella casta tradicionalmente dominante, han buscado administrar el poder para sus propios intereses, olvidando su responsabilidad básica ante la soberanía popular. Vea usted, como ejemplo, lo que ocurre con el actual sistema de seguridad social, cuyas pensiones de hambre han dejado al desnudo quienes en realidad se han beneficiado de un sistema que no solo carece de criterios solidarios, sino que es directamente inhumano.
Abordar el desafío de reducir las desigualdades y la exclusión, requiere en primer lugar entender sus causas, sus raíces históricas, sus formas de reproducción y sus consecuencias sobre la vida de las personas. En efecto, como pueblo mapuche conocemos y comprendemos nuestros problemas mejor que nadie, pero parecemos incapaces de resolverlos de manera decisiva. ¿Cuál es la razón de esta realidad frustrante y peligrosa? Es muy clara la respuesta: nadie en el pueblo tiene el poder suficiente, para hacer lo que se sabe que hay que hacer.
Pero ¿qué es el poder, entonces? y ¿quién lo controla? El poder, según Max Weber, es la autoridad que se apoya en las leyes y se ejerce a través de una estructura administrativa (Estado) que se sostiene en “la fe en la validez de las reglas aplicables a todos por igual”. En definitiva, el poder ejercido desde la autoridad, depende del grado de confianza (o desconfianza) que genera. Al perder el ciudadano la fe pública y al verificar que no se aplican leyes a todos por igual o que hay leyes destinadas a que una minoría mantenga sus privilegios, lo que produce es ingobernabilidad. Como consecuencia de ese estado de vacío de poder, se produce la desobediencia civil como un efecto lógico de la desafección, ante una autoridad que pierde legitimidad.
Esa es la realidad que vive el pueblo mapuche hace 140 años y todo el pueblo de Chile. El sistema de partidos y los gobernantes de turno, han dejado de representar los intereses, esperanzas y exigencias de un pueblo que les ha retirado su confianza.
En palabras de Michel Foucault, la manera como el poder se ejerce es a partir de una concepción jurídica impuesta, que rige el cuerpo social. En otras palabras, poder es la capacidad de imponer la obediencia a leyes más allá de la voluntad de los individuos. Como se supondrá, esto puede actuar en función del bien común o todo lo contrario.
Y aquí está el gran problema. Las relaciones de poder requieren de una interacción entre dos partes, un amo y un esclavo, un jefe y un obrero o un gobernante y un ciudadano. Cuando el poder se ejerce en un sentido espurio, en que el bienestar de los ciudadanos deja de ser el centro y motor de la democracia, estamos en presencia de la peor de las injusticias.
Hoy, el poder real está en manos de una minoría económica que ha logrado cooptar al sistema político. Este grupo, pequeño pero poderoso, ha secuestrado nuestra soberanía y la ha puesto a sus pies. Por desgracia, el financiamiento privado y empresarial de la actividad política ha sido una de las principales herramientas para mantener el control de las decisiones públicas. Los casos son innumerables, baste recordar el caso del senador Kast y las forestales en La Araucanía, el senador Orpis y las pesqueras en el norte o el senador Moreira y ME-O por SQM. Todos personajes que con un descaro infinito, siguen tratando de lavar su imagen, disfrazándose de figuras inmaculadas.
De tal manera que la desigualdad se sustenta en dos grandes pilares. Uno es la concentración impúdica del poder económico en el 1% de Chile y, el otro, es la concentración del poder político y la sobrerrepresentación de los grupos de mayores ingresos, en los espacios de toma de decisiones políticas. Esta sobrerrepresentación tiene evidentes problemas de legitimidad, pues transmite muy claramente un sentido de desigualdad en la influencia que los grupos más privilegiados ejercen. Tanto es así, que cerca del 75% de los ministros, el 60% de los senadores y más del 40% de los diputados del período 1990-2016 asistió a colegios de elite, estudió carreras universitarias de elite o ambas cosas.
Aquello podría no ser un problema, si es que esos grupos hubieran gobernado para el pueblo que les entregó el poder y la responsabilidad de hacer sus sueños realidad, lo que no ha ocurrido.
Estas desigualdades políticas son las que posibilitan la segregación económica y social de la gente común y, también, son las responsables de la discriminación histórica contra los pueblos indígenas en Chile (PNUD, 2014). Este punto es de máxima importancia y se transforma en uno de los principales desafíos de la democracia, a propósito de la actual discusión sobre una nueva Constitución. Se trata de evitar las diferencias abismales que se establecen entre los ciudadanos, respecto de su capacidad de influir, de ser escuchados y representados en las decisiones públicas. La desigualdad de oportunidades, las diferencias entre privilegios de cuna versus mérito. Reducir estas diferencias, resulta ser un imperativo ético.
Es necesario un nuevo pacto constitucional, pero ¿cómo evitaremos que los asambleístas que escriban la nueva Constitución sean financiados y representen nuevamente a la casta actual en el poder? Debe tomarse en cuenta que los asambleístas serán electos por distritos, eso quiere decir que en la Provincia de Malleco, por ejemplo, un presidente de comunidad mapuche o junta de vecinos debe sacar alrededor de 12 mil votos para ser electo. Esto es, en la práctica, casi imposible. Por tanto, ganarán aquellos que imponga el partido o los parlamentarios de la zona, que, dicho sea de paso, responden a los mismos grupos de influencia.
Si no se hacen los cambios necesarios para que este proceso sea realmente ciudadano y represente también a los grupos segregados, la nueva Constitución reproducirá todo lo que ya conocemos y probablemente con las mismas caras. El resultado de eso es previsible y nada bueno para el país y su destino próximo.
Una de las formas de evitar que se repliquen los grupos de poder o reaparezcan con la apariencia de ser distintos, es que el proceso constituyente se haga por cabildos y estos elijan a sus representantes, como ya se hizo en un proceso del 1829.
No obstante, uno de los caminos más seguros y directos es que el pueblo de Chile y los pueblos indígenas, creen sus propios partidos políticos y compitan bajo las reglas del juego.
Tenemos el privilegio de vivir una época de cambios profundos, que lejos de contribuir a la incertidumbre, nos abre las esperanzas de una vida más digna para todas y todos. Esta es una demanda generalizada y el país cuenta con los recursos y las capacidades para profundizar los cambios de las últimas décadas, mediante nuevos modelos de desarrollo más inclusivos y que se orienten al Buen Vivir que fueron capaces de construir nuestros ancestros. De esta manera, podríamos lograr que el Estado tome las riendas en la reducción de la desigualdad, mediante los impuestos, las transferencias monetarias y los mecanismos de seguridad social.
Tendremos que diseñar un sistema de seguridad social más efectivo, solidario y equitativo en materia de pensiones y salud, que entregue un piso de seguridades a la población en estas dos áreas esenciales del bienestar.
