Opinión
Ha llegado el momento de que el Gobierno y las empresas respalden con transparencia sus advertencias de que no se puede adelantar el cierre de las termoeléctricas. Esto, porque los hechos demuestran que sí es posible acelerar el cierre de las centrales a carbón, pues la oferta duplica la demanda; porque las tarifas al 2025 serán más bajas por la operación de más centrales de energías renovables; porque nuestros compatriotas que viven en Tocopilla, Mejillones, Huasco, Puchuncaví-Quintero y Coronel, tienen el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación; y porque Chile necesita nuevas inversiones para una reactivación económica verde, social y ambientalmente sustentable.
La aprobación este lunes del proyecto de ley que establece el cierre de las termoeléctricas a carbón el año 2025 en la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, desencadenó antiguos argumentos del sector eléctrico, como cada vez que los ciudadanos o parlamentarios han intentado avanzar hacia una transición más limpia y sustentable en el desarrollo energético. Estos son la amenaza del racionamiento eléctrico y el aumento en las cuentas de la luz, a lo cual se agregó el impacto de la pérdida de empleos en el contexto de la crisis por COVID-19. En concreto, la ley establece que las 17 termoeléctricas a carbón que aún no tienen fecha de cierre, deberán programarse para dejar de operar al 31 de diciembre de 2025, es decir, en cinco años más. Esto permite una holgada planificación energética para dichas empresas y abre un tremendo espacio para inversiones en energías limpias.
El ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, planteó que el proyecto tiene cinco problemas graves: “Se perderían más de 13 mil puestos de trabajo, alto riego de racionamiento eléctrico, alza de cuentas de la luz, riesgo altísimo de demandas contra el Estado y vicios de constitucionalidad”. La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, en la ocasión agregó que “es importante legislar conociendo todas las variables, porque la idea es que sea un beneficio para el medio ambiente, pero también para las personas. Es decir, que no sea más cara la energía”.
Es necesario recordar que estos argumentos de racionamiento y costo de la energía no son nuevos en nuestro país. Ya en 2011, durante el primer mandato del Presidente Piñera, en el contexto de la tramitación del megaproyecto hidroeléctrico HidroAysén, el mismo Mandatario argumentó que sin HidroAysén «estamos condenando a nuestro país a un apagón hacia fines de esta década”. El proyecto no se hizo y los hechos evidencian que no hemos tenido ningún apagón por falta de energía; más aún, a fines de la década tenemos construido el doble de la capacidad de generación (unos 24.000 megawatts) en relación con la demanda de energía del país (unos 11.000 megawatts). Adicionalmente, este año dicha demanda ha bajado debido a la menor actividad industrial por la pandemia, lo que llevó a la autoridad a suspender las licitaciones, lo cual muestra una sobreoferta y un parque eléctrico excedentario en el país. O sea, las amenazas de racionamiento son una falacia.
Con respecto al alza de las cuentas de la luz, también es un argumento falaz utilizado por el sector eléctrico ante cualquier cambio.
En 2008, cuando el Gobierno de Michelle Bachelet tramitaba la ley para establecer una meta de 10% para 2024 de nuevas energías renovables (solar, eólica, etc.), el empresariado descalificaba la iniciativa argumentando que generaría un alza en el costo de la energía. Lo propio se repitió durante el primer mandato de Sebastián Piñera, cuando incrementó dicha meta a 20% para 2025. Pero ocurrió todo lo contrario, el costo de generación bajó dramáticamente, evidenciándose en las últimas licitaciones ofertas de bloques a menos de 40 y 50 dólares el megawatt, es decir, entre un tercio y la mitad del valor de las licitaciones del pasado, justamente por los bajísimos costos de operación de las energías renovables, además de que no generan contaminantes dañinos para la salud y el medio ambiente y no dependen de combustibles importados sujetos al vaivén de los mercados.
En nuestro país las tarifas están determinadas por la autoridad, de acuerdo con los costos de generación y los resultados de las licitaciones. Producto de ello, luego de la entrada en vigor de la nueva tarifa eléctrica en 2019, las cuentas de la luz aumentaron en más del 20% en Santiago y 23% en Concepción. Este tipo de alzas será mucho menor si eliminamos el carbón, pues este es altamente dependiente de un combustible importado, indexado al dólar y con un impuesto a las emisiones que se espera se incremente a nivel nacional y también a nivel internacional para nuestras exportaciones.
En este contexto, es injustificable mantener hasta 2040 una industria eléctrica contaminante y obsoleta; la cual además significa inaceptables daños ambientales y sociales. Un estudio realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad Católica reveló que los habitantes de las comunas con termoeléctricas a carbón, como Tocopilla, Huasco y Mejillones, se enferman 4 veces más, y donde la probabilidad de morir por enfermedades respiratorias y cardiovasculares es mucho más alta que en el resto del país, y en casos como Huasco las personas con asma son 397% más que en otras comunas de Atacama sin termoeléctricas a carbón.
Por ello, no se puede seguir utilizando argumentos como racionamientos, apagones o aumentos de cuentas eléctricas para defender a una industria contaminante que durante décadas ha impactado negativamente en la salud de la población, en comunas donde no se cumplen los Planes de Descontaminación y que además constituyen la principal fuente de gases de efecto invernadero, causantes del calentamiento global.
Adelantar el cierre de las termoeléctricas a carbón es posible, así lo demostró en 2019 el estudio prospectivo de KAS Ingeniería y Chile Sustentable, que demuestra la factibilidad técnica y económica del cierre de termoeléctricas a carbón al 2030, lo que implicaría el reemplazo promedio de unos 3.600 MW de generación base en una década, por fuentes de energías renovables, entre ellas, la energía solar fotovoltaica y de concentración solar, eólica, geotérmica, etc.
En la misma línea, el último estudio del Gobierno para la Planificación Energética de Largo Plazo (PELP), del Ministerio de Energía, anticipa escenarios de incremento de las energías renovables, las que constituirían un 70% de la matriz eléctrica al año 2023 y un 75% al año 2030, incluso en caso de hidrologías secas.
Adicionalmente la PELP también muestra que es posible adelantar en siete años el cierre de las centrales a carbón, mostrando un escenario de retiro de todas las carboneras al año 2033, es decir, con solo 3 años de diferencia de lo calculado por KAS Ingeniería y Chile Sustentable. En ese escenario del Ministerio de Energía, al igual que en el de KAS, se recomienda desarrollar a tiempo las obras de transmisión ya planificadas para 2030.
Creemos que ha llegado el momento de que el Gobierno y las empresas respalden con transparencia sus advertencias, porque los hechos demuestran que sí es posible acelerar el cierre de las centrales a carbón, pues la oferta duplica la demanda; porque las tarifas al 2025 serán más bajas por la operación de más centrales de energías renovables; porque nuestros compatriotas que viven en Tocopilla, Mejillones, Huasco, Puchuncaví-Quintero y Coronel, tienen el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación; y porque Chile necesita nuevas inversiones para una reactivación económica verde, social y ambientalmente sustentable.
