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Cómo están destruyendo el sistema de pensiones en Chile

por 17 agosto, 2020

Cómo están destruyendo el sistema de pensiones en Chile
En nuestra aparente economía social de mercado, la función reguladora de Estado ha sido deficiente, sin un compromiso efectivo de las entidades responsables. Es urgente corregir esta situación para evitar un daño mayor que, con este rumbo, acabaremos pagando todos los chilenos y no los verdaderos culpables. Los excesos de un grupo que está colocando en alto riesgo a todo nuestro sistema de pensiones, han terminado sobrepasando largamente los límites de la prudencia. Incluso, con la grave situación social en Chile, no se detienen.
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El actual sistema de pensiones se está destruyendo a sí mismo. Ningún opositor podría ser tan efectivo en propinarle tanto daño, como las propias AFP y su ente “regulador”. Con un liberalismo mal entendido, se ha sobrepasado lo razonable, clamando libertad para emprender en una aparente economía social de mercado, un débil marco regulatorio adecuado, con opacidad y excesos desbordando lo imaginable.

La actitud permisiva de quienes nos gobiernan y también descuidan la eficiencia del mercado, ha resultado en desequilibrios que benefician a un grupo muy reducido, perjudicando a toda la sociedad. Agrava la situación al tratarse de la seguridad social y es incomprensible que, ante los antecedentes que se presentarán, el Estado y los legisladores no hayan intervenido con urgencia.

Riesgos en la Propiedad de las AFP. Respecto de una de las administradoras de fondos, un informe entregado a la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados (2019) señala que “… el controlador de la AFP... es una sociedad anónima chilena que posee el 86,11% de la propiedad. A su vez, el controlador de esta sociedad es otra sociedad constituida en Islas Vírgenes Británicas, la que directa o indirectamente tiene el 100% de la primera…”. No es posible individualizar a un controlador o propietarios reales.

Otra AFP tiene estructura de empresa familiar, distribuyendo la propiedad en 6 sociedades de responsabilidad limitada, con 6 hermanos controlando del 99,9% de las acciones. En una tercera AFP el controlador es una sociedad por acciones SpA, controlada a su vez por una persona natural.

Los afiliados no cuentan con acceso actualizado sobre cómo y dónde se invierten sus fondos. Es inaceptable que, según la Superintendencia de Pensiones, solo pueden acceder a información en forma resumida al último día hábil de cada mes. Si el afiliado requiere saber más detalles de las inversiones, deberá elevar una solicitud individual y le entregarán esta información más detallada “al último día hábil del quinto mes precedente” (de 6 meses antes). El afiliado es dueño de los fondos, ¿por qué evitan la rendición de cuentas, creando cada vez más opacidad al sistema?

Garantías por los Fondos de los Afiliados. “La Administradora deberá mantener un activo denominado Encaje, equivalente al 1% de cada Fondo. Este Encaje se invertirá en cuotas del respectivo Fondo y tendrá por objeto responder de la rentabilidad mínima a que se refiere el artículo 37”(Decreto Ley 3.500). Este encaje garantiza solo diferencias de rentabilidad entre las AFP, respecto de cada uno de los fondos.

A septiembre de 2019, las AFP mantenían fondos solo por 2.100 millones de dólares en encaje, pero nada hay respecto de garantías por los 200 mil millones de dólares de los afiliados. ¿Quién y cómo responde por esto?

Conflictos de Interés entre Competidores. La falta de competencia e ineficiencias en el mercado se podría atenuar con productos sustitutos, pero las proveedoras de rentas vitalicias, sus competidores naturales en el mercado de pensiones, tienen evidentes conflictos de interés en la propiedad. El hecho de que propietarios de AFP sean también propietarios de estas compañías de seguros, elimina toda posibilidad de mejorar la eficiencia de este mercado a través de servicios sustitutos y, más aún, la perjudica.

Ineficiencias en este Mercado. En los 6 últimos años la rentabilidad promedio sobre el patrimonio de las AFP fue de 32,55%, donde una de estas obtuvo 98,02% como promedio del período. ¿Qué hallazgo nuevo sustenta esas utilidades? Realmente, ninguno.

Es un negocio de muy bajos costos que cobra precios altos (comisiones), comportándose como oligopolio. Con el uso de tecnologías comunes e intermediaciones o subcontratos, sus costos de personal varían entre 10,9% y 27,5% de las ventas, y sus costos operacionales, entre 15,0% y 21,8%. Con elevadas comisiones logran rentabilidad sobre las ventas entre 41,7% y 63,9% en 2019.

Falta de Competencia Real. Actuando cómodamente en un “efecto manada”, sin diferenciación real en la rentabilidad por cada uno de los fondos, las AFP se ven más focalizadas en la gestión comercial. Se diferencian por servicios de apoyo y no por el propósito del sistema de pensiones: maximizar la rentabilidad de los fondos para entregar las mejores pensiones.

Por ejemplo, entre 2002 y 2019, el Fondo A, con rentabilidad promedio de 6,47% (considerando todas las AFP), la diferencia entre la mayor y menor fue solo 0,48% de rentabilidad. Esto es una incongruencia total; las utilidades de las AFP evidencian que sus afiliados pagan altas comisiones y no merecen este servicio.

Falta Información sobre las Inversiones. Los afiliados no cuentan con acceso actualizado sobre cómo y dónde se invierten sus fondos. Es inaceptable que, según la Superintendencia de Pensiones, solo pueden acceder a información en forma resumida al último día hábil de cada mes. Si el afiliado requiere saber más detalles de las inversiones, deberá elevar una solicitud individual y le entregarán esta información más detallada “al último día hábil del quinto mes precedente” (de 6 meses antes). El afiliado es dueño de los fondos, ¿por qué evitan la rendición de cuentas, creando cada vez más opacidad al sistema?

Circulación de Directivos entre las AFP y el Estado-Regulador. La constante circulación de directivos, cambiando de cargos entre instituciones relacionadas con las AFP y organismos del Estado que las regulan –incluso ministerios– no ha sido una buena práctica. Estas situaciones no contribuyen a crear confianza respecto de los reguladores del sistema, sobre todo con los antecedentes entregados anteriormente.

En nuestra aparente economía social de mercado, la función reguladora de Estado ha sido deficiente, sin un compromiso efectivo de las entidades responsables. Es urgente corregir esta situación para evitar un daño mayor que, con este rumbo, acabaremos pagando todos los chilenos y no los verdaderos culpables. Los excesos de un grupo que está colocando en alto riesgo a todo nuestro sistema de pensiones, han terminado sobrepasando largamente los límites de la prudencia. Incluso, con la grave situación social en Chile, no se detienen.

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