Opinión
Existen razones de fondo para desestimar la intervención del Senado en la designación de altos funcionarios diplomáticos. La primera de ellas radica en no intervenir políticamente la profesionalización de nuestro servicio exterior, a través de una carrera funcionaria exigente, sólida y confiable. La intervención del Senado no evitará que los candidatos a embajadores deban escoger tempranamente afinidades y buscar respaldos políticos si quieren ascender a altos puestos. En segundo término, hay una tendencia creciente en entregar nuevos nombramientos al Senado, bajo el pretexto de políticas de Estado (ilusorio por cierto), pero donde en la práctica predomina un cuoteo político entre las diversas fuerzas políticas, en lugar de priorizar la excelencia, la experiencia y el profesionalismo de los distintos candidatos.
El rol del Senado como instancia política donde imperaba la cordura, madurez y responsabilidad en el ejercicio de sus atribuciones, ha sido abandonada por la actual Cámara Alta. Algunos de sus integrantes, olvidando el rol republicano que cumplen y abandonando su tradicional moderación, han optado por el discurso fácil, inmaduro y obstructivo, cediendo espacio a la confrontación. Dejó de ser un lugar de reflexión y acuerdos.
Se pueden mencionar tres situaciones donde el Senado se ha apartado de su tradicional rol. La primera de ellas involucra la reciente votación del proyecto de AFP, donde sus miembros, sea por populismo, ignorancia o temor, terminaron validando un nuevo sistema de reformas a la Constitución: la de los resquicios constitucionales. Otro caso dice relación con el silencio del Senado frente a las pretensiones del Gobierno de Argentina por aumentar su
plataforma continental, en desmedro de los intereses soberanos de nuestro país. Al parecer, era más importante cuestionar al Ejecutivo por el cierre de algunas embajadas.
[cita tipo=»destaque»]No debe sorprendernos, pues, el interés del Senado de intervenir en la designación de funcionarios diplomáticos o de otras autoridades. A juzgar por sus últimas actuaciones, ello no parece conveniente ni prudente. Aunque no existe un sistema perfecto e infalible de nombramientos, otorgarle al Senado una atribución que sea –mal– utilizada para fustigar y obstruir al gobierno de turno, es una mala opción si deseamos tener un servicio exterior respetado nacional e internacionalmente.[/cita]
La ultima de ellas dice relación con el rechazo del candidato Raúl Mera. Las críticas de un sector de la oposición al nombre propuesto por el Ejecutivo para integrar la Corte Suprema, transformando la instancia en una de escarnio –y no de escrutinio– de los candidatos. Sin haber escuchado aún su presentación, ese grupo de senadores formuló críticas basadas en consideraciones políticas de sus fallos, contraviniendo disposiciones constitucionales y poniendo en riesgo, con ello, la independencia de los magistrados. Finalmente, lo aniquilaron.
Desde hace algún tiempo, se han presentado varios proyectos de reforma constitucional, a través de mociones parlamentarias, para restablecer la atribución del Senado de aprobar la designación de embajadores y ministros diplomáticos, que hoy son de exclusiva confianza y designación del Presidente de la República. Varios parlamentarios y políticos, con la intención de aumentar la esfera de su influencia y captura política, volverán a insistir sobre esta materia y, probablemente, será nuevamente planteado durante la discusión constitucional que se avecina, lo que sería, por sí sola, una buena razón para mantener la norma actual.
Pero existen razones de fondo para desestimar la intervención del Senado en la designación de altos funcionarios diplomáticos. La primera de ellas radica en no intervenir políticamente la profesionalización de nuestro servicio
exterior, a través de una carrera funcionaria exigente, sólida y confiable. La intervención del Senado no evitará que los candidatos a embajadores deban escoger tempranamente afinidades y buscar respaldos políticos si quieren
ascender a altos puestos.
En segundo término, hay una tendencia creciente en entregar nuevos nombramientos al Senado, bajo el pretexto de políticas de Estado (ilusorio por cierto), pero donde en la práctica predomina un cuoteo político entre las diversas fuerzas políticas, en lugar de priorizar la excelencia, la experiencia y el profesionalismo de los distintos candidatos.
Así, la intervención del Senado tampoco garantiza que llegarán los mejores aspirantes. Ya hemos visto caer destacados candidatos a cargos relevantes por ajustes de cuentas políticas, lo que es inaceptable.
No debe sorprendernos, pues, el interés del Senado de intervenir en la designación de funcionarios diplomáticos o de otras autoridades. A juzgar por sus últimas actuaciones, ello no parece conveniente ni prudente. Aunque no existe un sistema perfecto e infalible de nombramientos, otorgarle al Senado una atribución que sea –mal– utilizada para fustigar y obstruir al gobierno de turno, es una mala opción si deseamos tener un servicio exterior respetado nacional e internacionalmente.
Los problemas de nuestra política exterior no encontrarán respuesta ni solución en la intervención del Senado para ciertos nombramientos diplomáticos; menos debemos transformarla en un campo de tensiones o disputas políticas.
