Opinión
Luego de seis meses desde el inicio de la pandemia por COVID-19 y el receso de la movilización social, cabe preguntarse dos cosas: ¿Se aprovechó este tiempo caído del cielo para mejorar las condiciones que detonaron el estallido social? y ¿se han tomado las precauciones para que, terminado el confinamiento y ante una posible reactivación de la movilización social, se reduzca la huella de muerte, violencia y mutilación que dejó su represión el año pasado? Ya no nos queda más tiempo. Dos meses críticos se nos vienen encima. Si el Gobierno de Sebastián Piñera no quiere tener en sus manos nuevamente muertos, mutilados, la condena internacional y la inminencia de procesos judiciales que irán rodeando a una administración ya muy cuestionada, deberá tomar medidas inmediatas. Es urgente evitar que la tragedia de Derechos Humanos de 2019 vuelva a repetirse.
Los acontecimientos de los últimos días relacionados con Carabineros de Chile, el intento de su comandancia de homenajear a un cómplice de violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura, el caso de Claudio Crespo, donde encontramos desde ocultamiento de evidencia hasta poca colaboración de la policía uniformada en la investigación, la permanente falta de autocrítica de La Moneda en su responsabilidad en las violaciones a los DDHH ocurridas tras el estallido social, mueve a reflexionar sobre si este Gobierno y sus instituciones están realmente preparados para lo que se nos viene a partir de septiembre.
El estallido social dejó múltiples enseñanzas, pero una que sobresale es que nuestro país no estaba preparado, institucional ni socialmente, para enfrentar una prueba de su compromiso con los Derechos Humanos en las calles. Para muchas autoridades y líderes de opinión, los DDHH siguen siendo vistos como privilegios revanchistas o una herramienta discursiva de la izquierda, algo que impide que las policías hagan su trabajo, una palanca para el chantaje político o, derechamente, una forma de sacarle dinero al Estado.
Esa visión profundamente atrasada, sostenida por nostálgicos de los regímenes autoritarios, terminó catastróficamente el pasado 2019 no solo para las víctimas civiles, sino también para la credibilidad del Gobierno de Sebastián Piñera. Cuatro organismos internacionales, entre ellos uno dependiente de la ONU, reconocieron y condenaron el actuar de las policías y del Ministerio del Interior. Las jornadas de manifestaciones arrojaron la friolera de más de 460 agredidos con resultado de trauma ocular, además de muertos, heridos y miles de querellas por violencia, tortura, abusos e incluso violación, que no han sido debidamente atendidas. Produjo un profundo trauma en la sociedad, un divorcio con las autoridades y el descenso abrupto del nivel de aprobación de las policías.
[cita tipo=»destaque»]Además, entregar medidas que den garantías de no repetición de estos hechos, partiendo por la renuncia del general director Mario Rozas, quien se encuentra impedido de dirigir la refundación de Carabineros por ser uno de los principales protagonistas de la tragedia del 2019, haber sido autor de una serie de señales que promovieron la impunidad entre sus filas y la incapacidad de controlar a sus propios hombres en el respeto a los protocolos que él mismo firmara. Es una señal imprescindible de buena voluntad del Gobierno para refrescar un alto mando manchado por la violencia fuera de control de sus subordinados y comenzar una nueva era de entendimiento con los ciudadanos que se expresan pacíficamente y en su derecho en las calles.[/cita]
El Gobierno conservador de Sebastián Piñera, frente a la abrumadora evidencia termina admitiendo a regañadientes que es necesaria una reflexión que desemboque en la reformulación de Carabineros de Chile. Sin disculpas, sin admitir responsabilidades, apoyando sin cuestionamientos a una policía que evidentemente violaba los Derechos Humanos a vista y paciencia de cientos de cámaras, que día a día registraban en flagrancia su accionar. Solo durante los últimos días de agosto, el Ministerio del Interior ha comprometido una unidad coordinadora para ejecutar la promesa hecha hace ya 8 meses. Pero con respecto al inicio de un registro sistemático, que derive en una Comisión de Verdad y Justicia, no hay NADA.
Ha tenido que ser la ciudadanía autoconvocada la que sistematice y entregue a las autoridades pertinentes los antecedentes probatorios para el avance de muchas causas judiciales abandonadas. Ni siquiera existe la designación especial de un grupo de fiscales a cargo de llevar las investigaciones. Ningún poder del Estado ha reconocido la magnitud de la crisis y tomado acciones proporcionales.
Se acerca septiembre y octubre, meses que contarán con fechas controvertidas para nuestro país, que unidas al proceso de desconfinamiento, pueden resultar en nuevos enfrentamientos entre civiles o con las fuerzas de orden y seguridad.
Septiembre tiene el aniversario del triunfo de la UP el día 4, la conmemoración del golpe militar el 11, la fiesta nacional el 18 –mismo día de un mes aniversario más del estallido– y el día 25, a un mes del plebiscito. Octubre partirá con el día 5 y el aniversario del plebiscito de 1988, el 12 de octubre el Descubrimiento de América y el conflicto indígena, el 18 de octubre se recordará un año desde el estallido social y, una semana más tarde, el 25, el día del plebiscito que da inicio al proceso constituyente.
Luego de seis meses desde el inicio de la pandemia por COVID-19 y el receso de la movilización social, cabe preguntarse dos cosas: ¿se aprovechó este tiempo caído del cielo para mejorar las condiciones que detonaron el estallido social? y ¿se han tomado las precauciones para que, terminado el confinamiento y ante una posible reactivación de la movilización social, se reduzca la huella de muerte, violencia y mutilación que dejó su represión el año pasado?
En la Fundación Los Ojos de Chile estamos convencidos de que no y nos preocupa. El desempeño y compromiso del Gobierno están más que cuestionados. La ineficacia del modelo dejó aún más en evidencia la desigualdad y la fragilidad del modo de vida de las mayorías del país. Se podría decir que la tesis del pueblo de Chile que salió a marchar en octubre de 2019, se ha visto comprobada empíricamente durante estos meses en que el modelo fue puesto a prueba y fracasó lastimosamente.
Tampoco se utilizaron estos meses para reformar o avanzar dramáticamente en los cambios que la ciudadanía denunciara, sino por el contrario, en muchos casos lo que tuvimos fue una alianza de Gobierno empecinada en proteger a toda costa la estructura del modelo, recurriendo a cambios cosméticos o medidas de cortísimo plazo para darle corte a algo que ellos, al parecer, todavía leen como una rabieta social y no como una movilización transformadora de envergadura histórica.
Tampoco se usaron estos meses para revisar el sistema de protección civil, que también fracasó en otorgar seguridad pública, protección y su derecho a manifestarse pacíficamente durante el estallido social, sino al contrario, se invirtieron sumas millonarias en la compra de camiones y elementos que profundizan y perfeccionan la acción represiva, promulgaron una ley que permite el uso de FF.AA. en el control público y reformar el sistema de inteligencia, consagrando institucionalmente la idea que el movimiento social es la principal amenaza a la seguridad nacional, posibilitando la infiltración de agentes en organizaciones sociales, poniendo al sistema de inteligencia bajo el control directo de la Presidencia, lo que significaría que las Fuerzas Armadas y de Orden pasarán a responder a los intereses políticos del Gobierno de turno, generando su politización y restringiendo su visión y misión estatal.
El Gobierno ha utilizado su tiempo para asegurarse, según palabras del propio Presidente de la República, que esta vez “no serán sorprendidos”, insistiendo en la idea histórica de que una movilización social es un problema que hay que aplastar y no un síntoma de algo que se debe atender.
Los Ojos de Chile es una fundación que tiene como objetivo acompañar a las personas agredidas por el Estado con resultado de trauma ocular y a sus familias, en el proceso de rehabilitación psicosocial, económica y física. Buscamos el reconocimiento de la tragedia de violencia estatal, que se haga justicia, que haya reparación integral y garantías de que estos casos no vuelvan a repetirse. Y con respecto a este último punto, vemos con preocupación que están dadas TODAS las condiciones para que lamentemos una nueva tragedia de Derechos Humanos, de connotación internacional, como la que vivimos el 2019.
Nuestra fundación quiere proponer cuatro medidas para que evitemos la inminente tragedia.
1. Asegurar y promover el proceso constituyente, la expresión y manifestación ciudadana. Las manifestaciones que comenzaron con el estallido del 18 de octubre de 2019, se fueron articulando en torno a la idea de un cambio de Constitución como el eje central de la movilización popular. Se debe proteger este proceso que satisface el malestar social y concentra las esperanzas de la ciudadanía, canaliza el descontento, la frustración y las razones que motivaron la furia social y los enfrentamientos. En este sentido, es fundamental administrar las medidas sanitarias para asegurar que los rebrotes estén controlados al momento del plebiscito y no al revés. Junto con la resolución de los preocupantes vacíos que persisten —mecanismos de ratificación de la fecha, financiamiento, aumento de locales y horarios de votación, barreras para la inscripción de lista independientes, escaños reservados para pueblos originarios—, también el derecho a voto de quienes estén contagiados, postrados, en el extranjero o en prisión preventiva, medidas sanitarias en los locales de votación y promover la participación electoral y política, de modo que el proceso cuente con la legitimidad necesaria.
Pero, por encima de todo, que el Ejecutivo entienda que la efervescencia social encuentra su canal de expresión en las calles a través de movilizaciones pacíficas, creativas y alegres donde el pueblo de Chile se encuentra, se abraza y se expresa. Entender que el derecho a manifestarse a veces puede friccionar con el de circulación, pero es un derecho político mucho más importante que debe ser respetado y asumido como parte de un proceso histórico, donde la ciudadanía ha sido, como nunca antes, la principal protagonista.
2. La gente va a salir a la calle, sin lugar a dudas. Entonces, debemos insistir en la reformulación de la institución de Carabineros, sus protocolos y criterios en el uso de la fuerza. Durante el estallido de 2019 demostró no estar a la altura del trato que la ciudadanía merece. Fue descubierta y expuesta una y otra vez en flagrancia –con videos explícitos–, pasando por encima de los derechos de las personas, violando sus propios protocolos de uso de la fuerza o actuando derechamente fuera de la ley. Si queremos evitar que la tragedia de Derechos Humanos del 2019 se repita, el Gobierno debe instruir públicamente a Carabineros para que actúe en regla, debe dar señales en el sentido de que esta vez la impunidad no tendrá cabida y que abandone su política represiva extrema, como respuesta a la movilización y eximir a las FF.AA. de participar en el control de la ciudadanía, por no contar con el entrenamiento ni las herramientas apropiadas para ello.
En el largo plazo, el Gobierno debería empujar su propio proyecto, abandonado hasta el día de hoy, acerca no solo de la modernización de Carabineros de Chile, sino también de su refundación. La institución está sumida en el descrédito y la corrupción, el modelo militar en su formación, la distancian de los valores civiles y de un mejor entendimiento con la ciudadanía. El Gobierno debe abrir la puerta para que Chile, eventualmente, cuente con una policía construida por y para la ciudadanía, con la participación de organismos civiles de defensa de los DDHH, entre otros, en su diseño.
3. Es fundamental la prohibición del uso de armamento menos letal, como cartuchos calibre 12 de balines y perdigones, carabinas lanzalacrimógenas y armas sonoras de alto alcance y frecuencia, todas armas que en mayor o menor grado no discriminan entre manifestantes, peatones o residentes, sean estos personas de la tercera edad o niños. Además, estrictos protocolos sobre el uso de los carros tácticos, en especial los químicos utilizados. Y en particular, el uso de carros lanzaguas, el cual siguen utilizando para apuntar directamente a las personas.
4. También se vuelve imprescindible, para disminuir el alto nivel de rechazo a las instituciones del Estado en su actuar durante el estallido, que el Gobierno impulse una política de reconocimiento, verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Que se comprometa a impulsar un registro intencionado hacia una Comisión de Verdad y Justicia que investigue los hechos a partir del estallido del 18 de octubre. Además, entregar medidas que den garantías de no repetición de estos hechos, partiendo por la renuncia del general director Mario Rozas, quien se encuentra impedido de dirigir la refundación de Carabineros por ser uno de los principales protagonistas de la tragedia del 2019, haber sido autor de una serie de señales que promovieron la impunidad entre sus filas y la incapacidad de controlar a sus propios hombres en el respeto a los protocolos que él mismo firmara. Es una señal imprescindible de buena voluntad del Gobierno para refrescar un alto mando manchado por la violencia fuera de control de sus subordinados y comenzar una nueva era de entendimiento con los ciudadanos que se expresan pacíficamente y en su derecho en las calles.
Ya no nos queda más tiempo. Dos meses críticos se nos vienen encima. Si el Gobierno de Sebastián Piñera no quiere tener en sus manos nuevamente muertos, mutilados, la condena internacional y la inminencia de procesos judiciales que irán rodeando a una administración ya muy cuestionada, deberá tomar medidas inmediatas. Es urgente evitar que la tragedia de Derechos Humanos de 2019 vuelva a repetirse.
