Coalición tenebrosa contra la elección de gobernadores: la UDI empresarial y la oligarquía PPD-PS

A través de El Mostrador he escrito hace cinco años que una coalición transversal del «partido del orden» encabezaría el veto permanente al fortalecimiento autónomo regional, que trazamos en el consenso de la Comisión Presidencial del 2014 tras 16 cabildos regionales. En un acto cercano al paroxismo de la corrupción programática y el veto disonante elitario levantaría el discurso de que el proceso es mediocre e incompleto y, en paralelo, no harían nada para que avanzara.

Piñera ha bloqueado el proceso al optar por el único partido que se opuso al proceso democratizador del Ejecutivo regional, la UDI, para encabezar Interior y la Subdere. Similar al error de la Presidenta Bachelet al optar, en la mitad de su Gobierno, por el ministro Rodrigo Valdés del PPD y el DC Jorge Burgos, quienes junto al presidente del PS, Osvaldo Andrade, se oponían tanto a la elección de gobernadores como a la Ley de Rentas Regionales, a la planificación regional vinculante y a un proceso de traspaso de competencias relevantes. Al menos, Bachelet sacó adelante la elección de gobernadores y un proceso que entregó al Ejecutivo 2018-2021 el traspaso de competencias.

[cita tipo=»destaque»]La oligarquía que está a punto de ser desplazada por nuevas coaliciones transformadoras, hace sus últimos actos de gatopardismo: la UDI de Lavín se declara socialdemócrata y dice que quiere descentralización y no hace nada, mientras los sectores conservadores de la DC, RN, PPD y PS quieren aferrarse a sus poderes en decadencia y temen poder territorial fuerte.[/cita]

La elite iluminista de la antigua Concertación, con ligazón a los grandes grupos económicos, sí logró vetar envío –prometido en cinco ocasiones– de Ley de Rentas Regionales por la propia Bcahelet, argumentando que afectaría la economía con el sempiterno discurso respecto a que las regiones no están preparadas, hay corrupción y el Estado central asegura igualdad. Puras mentiras.

El centralismo mantuvo los inmorales topes de las cadenas para pagar las patentes comerciales a los municipios, una de las razones de la diferencias de 1 a 15 en los ingresos locales, a diferencia de los países nórdicos, España y todos los federalismos de la OCDE, donde se asegura igualdad en los ingresos básicos subnacionales vía normas de armonización tributaria y fondos de convergencia estructural, que en Chile no se aplican y allí está la desigualdad lacerante.

Las zonas forestales del centro sur, con la mitad del ingreso salarial promedio, la mitad de acceso a banda ancha en los hogares, 2 metros cuadrados de áreas verdes versus los 20 del barrio alto santiaguino, sin tren al sur y contaminación galopante en las zonas mineras, las regiones sin soberanía en los recursos naturales y fuera de la gobernanza de cuencas y del agua.

Lo de la UDI en la Subdere llega al extremo: cero traspaso de competencias, operadores políticos que dan cátedra de buena descentralización, sin mandar la Ley de Rentas Regionales, las leyes cortas de mayor poder del gobernador, gasto masivo de contratas y honorarios, recorte de los miserables presupuestos regionales, veto a la puesta en marcha de la gobernanza metropolitana y la planificación territorial macro, que pusiera al menos condiciones a los monocultivos y el extractivismo del modelo rentista concentrador y ecocida.

Los grupos tiemblan a las rentas regionales. Las celulosas esquilman los territorios y crecen sus inversiones offshore y se expanden a Brasil, USA, Europa, México y Argentina. El crecimiento por desposesión pura y dura. Celco vende 5.800 millones de dólares al año y no paga nada a los territorios y su RSE en sus propios informes globales lleva a la dádiva de cien millones de dólares. Lo mismo las salmoneras, mineras, eléctricas, pesqueras, exportadoras con los puertos de la pobreza y el abandono.

Los mismos que boicotearon las leyes de fortalecimiento regional, vuelven a unirse para hacer la coalición tenebrosa que pide postergar una vez más la elección de gobernadores contra todas las recomendaciones de las democracias avanzadas, que piden esfera pública propia para las elecciones subnacionales donde se debate el destino y las políticas territoriales en su mérito, desacopladas de las «nacionales». No tienen el coraje moral de reconocer sus intereses subalternos de defensores del neoliberalismo centralista y de las redes clientelares de alcaldes y parlamentarios, que, al no poder ir a la reelección, encuentran en la nueva figura de gobernadores regionales la posibilidad de perpetuarse como los barones del feudo.

Como bien han dicho Jaime Mulet y Heinrich Von Baer, aquí solo hay inconsistencia y cálculo político menor. Si creen de verdad en este proceso debieran enviar con urgencia la Ley de Rentas Regionales, el Fondo de Equidad Territorial, la ampliación del abandono de deberes para destituir a alcaldes o gobernadores que no cumplan con las leyes de participación, probidad y las políticas de desarrollo que han prometido.

La oligarquía que está a punto de ser desplazada por nuevas coaliciones transformadoras, hace sus últimos actos de gatopardismo: la UDI de Lavín se declara socialdemócrata y dice que quiere descentralización y no hace nada, mientras los sectores conservadores de la DC, RN, PPD y PS quieren aferrarse a sus poderes en decadencia y temen poder territorial fuerte.

La izquierda de UPC, los regionalistas verdes, el FA y los independientes fueron claves para sacar las leyes adelante junto a la DC y la mayoría de RN. Ojalá dicha coalición detenga el golpe centralista y oligárquico de la UDI y segmentos de RN y concertacionistas. La historia de nunca acabar de la dominación autoritaria de los territorios que afecta indistintamente a las empobrecidas zonas forestales, enclaves mineros, al pueblo/nación mapuche, a la Región Metropolitana Sur Poniente y al extenso rezago rural.

Es la hora de ganar la séptima guerra civil territorial tras las derrotas de federales, liberales y mapuches de 1830, 1851, 1859 y sociodesarrollistas de 1891 (Balmaceda), 1947 (viraje derechista radical) y 1973 (Allende). Esta vez los territorios deben tomar conciencia de que se juega con su destino y los señores feudales, con la technopolis barrioaltina, les niega su emancipación y los niveles mínimos de devolución de recursos, empoderamiento y autogobierno.