Existe un consenso mundial y un respaldo en la evidencia, que el mecanismo más eficiente para combatir y controlar el COVID-19 es la trazabilidad, es decir la implementación del seguimiento de personas contagiadas y sus contactos para identificar las cadenas de transmisión y evitar la propagación del virus. Esto queda plasmado en la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento (TTA). Las medidas utilizadas en dicha dirección han sido el aislamiento de personas contagiadas, como también el seguimiento de dichas personas a través de sus contactos estrechos.

Tal como ha sido comprobado durante la historia de la Salud Pública, las estrategias basadas en la prevención, educación sanitaria y un fuerte protagonismo desde la atención primera han demostrado ser más eficientes que las estrategias curativas y hospitalarias. Sin embargo, dado el sistema de salud existente Chile, las malas decisiones por parte del gobierno de turno y falta de conciencia respecto a la propagación del virus, las estrategias preventivas como la trazabilidad se ha tornada difícil de implementar.

En el caso del sistema de salud, una de las limitaciones ha sido la presencia y rol de los grupos empresariales de la salud, agrupados en holdings. Estos holdings agrupan clínicas e Isapres, y su principal vínculo con el sector público se ha establecido por medio del interés empresarial de acumular capital con fondos estatales por sobre el resguardo de la salud poblacional.  Hasta la actualidad, existen vacios respecto del rol de clínicas y seguros privados respecto de la trazabilidad, así como respecto de la oportunidad en la entrega de información. Estos vacios ha dificultado llevar adelante una trazabilidad eficiente en el país.

Por más que la atención primaria y la SEREMI de Salud se esfuercen por mantener una trazabilidad oportuna y eficiente, el sector privado, no dota de información oportuna para efectuar un seguimiento a personas contagiadas. No obstante, el problema de la “información” es una arista del problema, los seguros privados de salud a pesar de administrar recursos de la seguridad social, no realizan un aporte para efectos de seguir a su población beneficiaria, es el Estado quien debe subsidiar esta tarea, mediante el personal y los recursos para hacer trazabilidad de la población beneficiaria de isapres. Nos encontramos frente a una encrucijada difícil de sostener. Quedan en evidencia las limitaciones de nuestro sistema de salud y los reales intereses que mueven a los holdings de empresas de la salud en Chile. La Salud S.A no realiza un aporte a la salud poblacional, en esta crisis sanitaria. El aporte queda limitado a la expansión de la capacidad de camas criticas (donde el Estado tuvo que obligar a realizarlo) o la “tremanda generocidad” mostrada por las Isapres en la postergación del alza de los precios de los planes de salud.

La situación que hemos visto durante esta crisis sanitaria respecto de las Isapres, ilustra la necesidad de que estás entidades desaparezcan, al menos como las conocemos hoy. Las Isapres en este periodo han visto maximizados sus utilidades por la disminución de la utilización de los servicios de salud y no han contribuido en absolutamente nada respecto del control del COVID-19. Es hora de avanzar hacia un modelo de seguridad social, donde pueda existir una entidad pública que mancomune los fondos fiscales y de la seguridad social. Lo anterior nos permitirá ganar eficiencia y reducir gasto en lucro y en administración, recursos que son desperdiciados en el modelo vigente.

Una transición hacia un esquema de Seguro Único de Salud en este contexto, debe ser mediante la gradualidad, siendo una opción la alternativa dibujada en la Comisión Cid en la segunda administración de Bachelet, en la cual se genera un “fondo mancomunado” que crece en el tiempo, hoy un fondo de esta naturaleza, puede funcionar para efectos de financiar las atenciones de salud postergadas por la crisis sanitaria, así como la universalidad de la atención primaria de salud.