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A propósito de candidaturas

por 2 octubre, 2020

A propósito de candidaturas
Hay personas que al asumir esta investidura, en sus gestos expresan cómo les complace ser tratados con esa tan sonora denominación: “Su excelencia el Presidente de la República”, y tener preocupados de lo que hacen o no hacen a una nube de reporteros, comentaristas y guardaespaldas. El “aura” que crea está responsabilidad, estimula narcisismos que no coinciden con los normales e inevitables límites de las capacidades humanas de parte de quienes la ejercen o ambicionan, que se debe admitir resultan ser, en ciertos casos, escasas y de corto vuelo.
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Un fenómeno que creció en pocos meses son las precandidaturas presidenciales que suben y bajan como una montaña rusa mediática, que oculta y/o distorsiona la importancia que en el Estado y para el país tiene el Presidente de la República.

En Chile, un país de institucionalidad y cultura presidencialista, este cargo está revestido de elevada jerarquía estatal, atribuciones constitucionales y solemnidad protocolar, sus extensas y recargadas facultades le hacen muy relevante en la imagen popular y codiciado en el imaginario de los dirigentes, figuras y voceros políticos.

Hay personas que, al asumir esta investidura, en sus gestos expresan cómo les complace ser tratados con esa tan sonora denominación: “Su excelencia el Presidente de la República” y tener preocupados de lo que hacen o no hacen como “máxima autoridad de la nación” a una nube de reporteros, comentaristas y guardaespaldas.

Hay quienes buscan llegar a La Moneda para incrementar sus fortunas personales o saciar ambiciones de figuración individualista que no se corresponden con el interés general. En esos casos, carecen de la estatura política necesaria para enfrentar una crisis de impacto nacional y quedarán las penurias que provocaron o las tragedias que los acompañaron, pero ante la historia no dejarán nada más que recuerdos ingratos o caricaturas mordaces.

Este boato estimula a muchos y muchas que se entusiasman y levantan candidaturas, de modo que el “aura” que crea esta responsabilidad estimula narcisismos que no coinciden con los normales e inevitables límites de las capacidades humanas de parte de quienes la ejercen o ambicionan, que se debe admitir resultan ser, en ciertos casos, escasas y de corto vuelo.

En todo caso, lo primero es reconocer el derecho de todos y todas, con vocación social y política, a tener el legítimo derecho a esa aspiración, cuya labor reúne en sí misma responsabilidades institucionales decisivas, como la jefatura del Estado y la conducción del Gobierno, la representación de la autoridad civil sobre las instituciones castrenses, como también una dimensión de liderazgo político nacional y ciudadano de una trascendencia imposible de medir.

Por tanto, hay que decir que no es cosa fácil desempeñar esa trascendente misión de autoridad democrática y republicana que surge del ejercicio de la voluntad popular, a través del voto libre, informado y secreto de cada ciudadano y ciudadana.

Con tales exigencias, hay mandatarios que han hecho historia desde tan significativa posición, así, en el mes de septiembre se han realizado innumerables actividades para recordar y valorar al Presidente Allende, cuyo mandato truncado por el golpe castrense de 1973 dejó huella imborrable en nuestra historia y el mundo, por su inédito proyecto político de “construir el socialismo en democracia, pluralismo y libertad”.

También su resistencia en La Moneda y su decisión de no someterse a la Junta Militar dieron continuidad histórica al legado de O’Higgins que, en condiciones adversas de la contienda por la Independencia nacional, arengó a los patriotas ante fuerzas superiores del colonialismo español a “¡vivir con honor o morir con gloria!”. Así, el fundador del Estado nacional estableció que no hay conciliación posible en la lucha por la libertad frente a la opresión y la injusticia, y el Presidente Allende, al morir sin rendirse al fascismo, preservó incólume la dignidad de la autoridad democrática ante la ira perversa de la ultraderecha.

El Gobierno popular fue derrocado por Pinochet, el dictador más brutal de la vida independiente de la nación chilena que, con el uso del terrorismo de Estado y de la violencia represiva, extendió su régimen hasta 1990. Las comisiones pluralistas que investigaron lo acontecido bajo su mando concluyeron, en documentos históricos inapelables, como el Informe Rettig y el Informe Valech, que ejerció y ejecutó el poder con una violencia estatal sin precedentes en la historia de Chile.

Un nuevo aniversario del triunfo del NO en el plebiscito del 5 de octubre de 1988, recuerda a Chile y al mundo cuánto costó terminar con tan oprobiosa dictadura. La derrota del pinochetismo abrió la vía a las elecciones presidenciales y parlamentarias en que fuera electo Patricio Aylwin, como el primer Mandatario civil después del largo régimen castrense.

Acerca de la “transición interminable” en Chile, mucho se ha escrito y escribirá, pero no es el objetivo de estas líneas, sí es de mínima coherencia valorar el rol del Presidente Aylwin en las correntosas aguas que le correspondió cruzar en esas circunstancias históricas tan complejas: el exdictador aún como comandante en Jefe del Ejército, con una soberbia que se desataba en sus ejercicios extraconstitucionales de desacato a la autoridad civil, con generales de peligrosa criminalidad que habían sido altos cargos en la DINA y se ubicaban en puestos claves del mando castrense, con el empresariado envalentonado rindiendo loas al exdictador con una ultraideologización, solo entendible por el patrimonio obtenido bajo el régimen de opresión, además, con la dura presión mediática de esos “poderes fácticos”.

Así, Aylwin tuvo la entereza de establecer en los hechos prácticos que la dictadura no tenía justificación alguna y se debía consolidar la democracia logrando el reencuentro con la izquierda que valoró su esfuerzo. En especial, se le reconoce haberse jugado por la formación de la Comisión Rettig, cuyo informe estableció una verdad histórica incontrovertible respecto del uso del terrorismo de Estado y de la violación sistemática de los Derechos Humanos, bajo la dictadura militar.

Frente a las presiones del dictador, Aylwin tuvo una dignidad que le honra; y la derecha, una concomitancia que debiera avergonzarle. En suma, su ejercicio en La Moneda durante 4 años revalorizó la función y la imagen de la investidura presidencial que fuera mancillada y corrompida por Pinochet.

El paso del tiempo permitirá dimensionar, con mayor alcance y objetividad, las administraciones civiles que sucedieron a Aylwin en la tarea de restablecer la institucionalidad democrática en Chile, pero mirando a los Presidentes Allende y Aylwin y bregando sin descanso para que no caiga la amnesia sobre el descalabro social y el terror de Estado que fue el régimen de Pinochet, resulta posible advertir la trascendencia y el reto que significa asumir la jefatura del Estado en Chile.

Hay quienes buscan llegar a La Moneda para incrementar sus fortunas personales o saciar ambiciones de figuración individualista que no se corresponden con el interés general. En esos casos, carecen de la estatura política necesaria para enfrentar una crisis de impacto nacional y quedarán las penurias que provocaron o las tragedias que los acompañaron, pero ante la historia no dejarán nada más que recuerdos ingratos o caricaturas mordaces.

El 25 de octubre habrá otro plebiscito, la ciudadanía decidirá el camino que Chile tomará frente al desafío de dar vida a una nueva Constitución Política del Estado. A los pocos meses, deberán elegirse las personas que formarán parte de la Convención Constitucional y ese proceso decisivo coincidirá con las elecciones municipales y regionales. También, después del plebiscito, se entrará a la etapa final en la definición de las postulaciones presidenciales.

Hay hartas precandidaturas, al parecer algunas se han autopropuesto sin mayor reflexión. Por lo menos, es bueno que esas personas piensen que hubo un Presidente que prefirió morir por lealtad al mandato que el pueblo le había entregado.

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