Opinión
Los que sí deberían estar en el banquillo de los acusados, violan los propios permisos obtenidos entre gallos y medianoche, otorgados también por mafias que se han incrustado en el Estado. Cuando son sancionados, reciben como castigo penas irrisorias, como pagar multas pequeñas o “reforestar un porcentaje del daño hecho en otro lugar” con árboles que aporta Conaf. Sencillamente, hacen caso omiso de las resoluciones en su contra, como parece suceder con Tralcán, y persiguen por distintos medios, como se ha hecho costumbre en países más bananeros, a quienes denuncian sus cuestionables procedimientos.
El martes 6 de octubre, Esteban Valenzuela, cofundador de Bosques para Cachapoal –organización que constituimos hace varios años para promover la plantación de árboles, cuidar el medioambiente y que ha dado luchas significativas en su defensa y que preside Patricia Segura– tendrá que presentarse como imputado ante el tribunal de garantía de Peumo, ya que este órgano acogió una demanda privada en su contra por parte de la cuestionada empresa Tralcán Spa, de uno de los hijos de José Luis del Río, socio de la familia Solari en Falabella, por supuestas injurias y calumnias debido a sus declaraciones en el contexto de la tala ilegal de bosque nativo y el consiguiente deslave de las laderas del cerro en épocas de lluvias intensas.
El asunto es de larga data y se remonta al año 2018, cuando la agrupación recibió las primeras denuncias de vecinos de Quilicura, comuna de Las Cabras, contra la empresa Tralcán Spa por tala ilegal de bosque nativo e inició una denuncia pública que, sucesivamente, recibió el respaldo de Contraloría, de la Cámara de Diputados y una tibia retractación de Pinaf (perdón, Conaf) sin que al final del túnel la sociedad en cuestión cambiará su actuar en la práctica.
La última arista de esta novela negra es cuando la cuestionada empresa se querelló por “injurias y calumnias” ante la Fiscalía Regional, debido a que el presidente del Comité de Agua Potable Rural (APR) local lo contactó para denunciar cómo la intervención de Tralcán –continuación de la tala del bosque nativo pese a las resoluciones de la propia Contraloría que lo había prohibido y a sendos informes de la Cámara de Diputados del propio órgano contralor– no se detenía, provocando en junio de este año el deslave del cerro ante las lluvias invernales intensas, evidenciando el daño estructural que había provocado la tala ilegal de boldos y espinos centenarios.
[cita tipo=»destaque»]Lo mismo sucedió con lo que varios hemos denunciado como las “mafias del agua” instaladas en nuestra región, donde hay montañas de evidencia sobre este abuso y el reírse a destajo de comunidades enteras que sufren la sequía mientras unos pocos –amparados en una legislación brutal, salvaje e indolente– acaparan en tranques el vital recurso que a pueblos enteros se les niega, mientras una justicia indolente y perezosa nos dice que investiga e investiga sin llegar nunca a ninguna parte. Allí, los mismos de siempre, siguen robándose el agua de todos los chilenos, mientras quienes denuncian mueren en situaciones discutibles, son acusados por injurias y calumnias o sufren las consecuencias de tener que responder al pesado engranaje de la máquina burocrática, que sí funciona y termina por cansar a los que osan enfrentarlos y denunciarlos.[/cita]
En aquella oportunidad, el conocido Teo Valenzuela fue denunciado ante Fiscalía por supuestas amenazas e invasión de morada, debido a los hechos acontecidos en junio y que, con posterioridad, el Ministerio Público desechó por no acreditarse con veracidad tales impugnaciones.
En efecto, aquel día y a petición de vecinos de Quilicura y a través un programa de TV local realizado durante el invierno de 2020, el exalcalde de Rancagua, a petición de los vecinos del sector, grabó en directo cómo en el sector denunciado anteriormente por tala ilegal de bosque nativo, se estaban desertificando las laderas del cerro, situación que pudo comprobarse en aquella oportunidad, dado el barrial que provocaron en las pendientes las intensas lluvias de este invierno y donde en vehículos de la empresa se intentó detener la grabación y obstruir el paso a Valenzuela y sus acompañantes, como lo determinó el Ministerio Público.
Como lo señalé anteriormente, estando allí, el día 19 de junio, Esteban Valenzuela y un equipo graban en vivo las dramáticas escenas del barrial incontrolable que había provocado la tala ilegal, situación que en su oportunidad denunció Bosques Para Cachapoal y que fue seguida por sendos reportajes de El Mostrador, luego declarado ilegal por la Contraloría y que recibió un informe lapidario de la Cámara de Diputados, a petición de una investigación que solicitó la legisladora de la región, Alejandra Sepúlveda.
Todo ello, mientras Conaf guardó un silencio sospechoso. En especial cuando se determinó que se habían entregado permisos fraudulentos que eran de su responsabilidad, el gobierno regional ni se dio por aludido, al igual que la seremi del Medio Ambiente local y el propio municipio de Las Cabras.
Por el contrario, en un país donde la oligarquía local desde tiempos inmemoriales ha hecho suya la frase de que “la ley se acata, pero no se cumple”, a la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) no se le ocurrió nada mejor que recurrir a la Corte Suprema cuestionando el pronunciamiento de Contraloría e intentando anularlo.
Las reiteradas denuncias realizadas contra Tralcán Spa de Nicolás del Río, una de cuyas aristas es lo que Valenzuela en su oportunidad en este mismo medio denunció como “la trama del oro verde (expansión de la palta) de transferencias para eludir pago de impuestos de herencias en la familia Del Río, con el objeto de explotar el valle de Quilicura en Las Cabras”, no se detienen, pero la firma en cuestión, en vez de asumir su error y actuar bien, ha decido intentar matar al mensajero.
Así, mientras crece la indolencia de las autoridades políticas y de justicia, Tralcán se ha encontrado con una comunidad cohesionada y organizada desde la Reforma Agraria, quienes a pesar que les destruyeron 80 hectáreas de bosque de boldo, continúan dando la lucha contra una empresa con muchos recursos e influencias y, a veces, luchando contra quienes deberían defender el medio ambiente y nuestros bosques. El actuar zigzagueante de la justicia y la Conaf ha permitido que esta sociedad continúe violando las propias resoluciones de ese servicio y de los propios tribunales de justicia: incumplió con un permiso, no respetó normas de protección del bosque nativo pendientes y desmontó parcialmente un monte con mucho valor para la biodiversidad y el ecosistema local, como acaba de demostrarlo el deslave de las laderas del cerro.
Como diría un viejo filosofo, un aparato judicial y procedimental que debió haberse detenido en algún momento para observar la evidencia, pero que continuó su marcha implacable. Uno no puede menos que preguntarse qué es lo que no ha funcionado, o más bien qué es lo que ha hecho seguir funcionando esta máquina, que debería haberse detenido en cada trámite: ¿la parcialidad de la autoridad política proclive a este tipo de empresarios rapiña, la docilidad de una justicia demasiado manchada por sus propios actos, el poder de los de siempre? Tal vez algo de todo, pero también y en el fondo, como cemento de lo anterior, simple y monstruoso: la docilidad de nuestras instituciones cuando se trata de los poderosos, como lo consagró el orden portaliano que inspiró la Constitución del 80. La democracia en función de los mercaderes y de sus negocios. Si no, las instituciones dejan de funcionar como lo venimos observando desde el Gobierno de Lagos, frase que de tanto reiterárnosla hace que sospechemos si de verdad ellas funcionan.
Ante casos como los de Tralcán, la autoridad político-administrativa y también una parte del Poder Judicial, hacen reír cuando son tan indolentes que no llegan a pronunciar veredicto que sea respetado por aquellos que siempre se han sentido que están por sobre la ley. Ellos sienten que no hay autoridad que los alcance, menos de un aparato público adormecido por el poder.
Lo mismo sucedió con lo que varios hemos denunciado como las “mafias del agua” instaladas en nuestra región, donde hay montañas de evidencia sobre este abuso y el reírse a destajo de comunidades enteras que sufren la sequía mientras unos pocos –amparados en una legislación brutal, salvaje e indolente– acaparan en tranques el vital recurso que a pueblos enteros se les niega, mientras una justicia indolente y perezosa nos dice que investiga e investiga sin llegar nunca a ninguna parte. Allí, los mismos de siempre, siguen robándose el agua de todos los chilenos, mientras quienes denuncian mueren en situaciones discutibles, son acusados por injurias y calumnias o sufren las consecuencias de tener que responder al pesado engranaje de la máquina burocrática, que sí funciona y termina por cansar a los que osan enfrentarlos y denunciarlos.
Mientras los que sí deberían estar en el banquillo de los acusados violan los propios permisos, obtenidos entre gallos y medianoche, otorgados también por mafias que se han incrustado en el Estado o que cuando son sancionados reciben como castigo penas irrisorias, como pagar multas pequeñas o “reforestar un porcentaje del daño hecho en otro lugar” con árboles que aporta Conaf, sencillamente hacer caso omiso de las resoluciones en su contra, como parece suceder con Tralcán, o perseguir por distintos medios –como se ha hecho costumbre en países más bananeros– a quienes denuncian sus cuestionables procedimientos.
A propósito de la nueva Constitución, mientras no se eleven estas faltas e irregularidades a la categoría de delitos ambientales, no se modifique la Ley 19300 o el Código de Aguas, que nos deja como el único país del mundo en que este recurso está en manos de privados, a estas mafias les resultará demasiado fácil reforestar en otro lugar, pagar una mínima multa o perseguir a quienes los denuncian.
Recursos les sobran, en un orden normativo y político donde la cancha está demasiado inclinada en su favor. Prueba de ello es el acuerdo COVID-19 que, con el pretexto de contribuir a reactivar la economía, en la práctica ha significado la proliferación de proyectos, sobre todo de carácter energético, en todas las regiones que impactarán fuertemente el medioambiente y los ecosistemas, en un contexto donde se pretende flexibilizar o dar vía rápida a su aprobación en circunstancias que las comunidades, dada la pandemia en curso, no tienen posibilidades de reunirse físicamente ni seguir en detalle el desarrollo de estos proyectos.
En esa misma lógica no puede continuarse con la designación de fiscales y jueces como ocurre hasta el día de hoy. En el contexto de la discusión por una nueva Constitución, las regiones debieran elegir sus fiscales regionales junto a la elección de gobernadores desde una quina que proponga, tras concurso público de antecedentes, la Corte de Apelaciones respectiva.
En O’Higgins, entre otras cosas, estamos hasta la coronilla de las disputas entre fiscales, investigaciones que no avanzan o alcaldes como el de Rancagua, que son salvados por secretaría por una Fiscalía que no responde al interés ciudadano, sino a las lógicas de poder florentinas, y en responder, como ha sucedido tantas veces, a quienes los pusieron donde están.
Mientras ello no ocurra, continuarán produciéndose “los extraños suicidios” o muertes inexplicables como la del dirigente sindical Alex Muñoz o la de Macarena Valdés, de peñis o ambientalistas, y defensores del medioambiente como Teo Valenzuela, continuarán siendo llevados al banquillo de los acusados por denunciar a quienes, con poder y dinero, hacen pedazos nuestros ecosistemas, como es el caso de Tralcán.
