Opinión
Al menos hay dos importantes cambios se tienen que producir. Por un lado, es necesario el fortalecimiento institucional de lo que actualmente conocemos como la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf). Ambas entidades cumplen un rol primordial, asociado a la coordinación de acciones en torno al manejo de incendios forestales y a su prevención y combate. Sin embargo, en ambos casos sus atribuciones y recursos son limitados y no cuentan con la autonomía que requiere la toma de decisiones en situaciones de emergencia.
La mayor frecuencia con la que se producen incendios forestales y la gravedad de sus consecuencias sociales y medioambientales, es un problema global que exige fortalecer los modelos de gobernanza existentes para el manejo de este tipo de fenómenos. En tal sentido, el aumento en la producción de incendios forestales en el país es un problema que requiere de medidas urgentes y de toda nuestra atención ciudadana.
A solo un mes que se declarara estado preventivo de emergencia en esta materia, las cifras indican que no vamos por buen camino. Por ejemplo, en las regiones del Maule y de Ñuble ya se registra un aumento superior al 65% en la cantidad incendios forestales producidos a la fecha, en comparación con la temporada anterior. La gran cantidad de material combustible disponible, gracias a una sequía que en 10 años se niega a retroceder, nos hace pensar que esta cifra no variará positivamente.
Este tipo de fenómenos, en los que evidenciamos una conexión cada vez más estrecha entre la sociedad y su entorno ecológico, requieren de particulares mecanismos de gobernanza para su manejo y mitigación. Esto significa: a) una alianza colaborativa entre instituciones públicas y privadas, a la que se sume el involucramiento de las comunidades en acciones de prevención y apoyo al combate de incendios; b) la identificación de las condiciones de vulnerabilidad de los territorios proclives a la producción de incendios forestales y el fortalecimiento de su capacidad para enfrentar este tipo de peligros; y c) procesos de toma decisiones que, junto con coordinar los intereses de distintos actores, propicien que las medidas adoptadas se ajusten a los principios de una ética socioambiental.
[cita tipo=»destaque»]Una gobernanza de manejo de incendios incompleta como la que hoy tenemos, se contradice con la urgencia que requiere un problema que se ha transformado en parte de nuestra cotidianeidad durante gran parte del año. Colaborar con cambios personales y presionar a nuestros y nuestras legisladoras por que se produzcan las transformaciones institucionales requeridas, es una tarea que nos involucra a todos y todas y que aún está pendiente. En tal sentido, una mayor voluntad para enfrentar este problema significar dejar de esperar que sean otros y otras quienes se hagan cargo de su solución.[/cita]
Algunas de esas condiciones de gobernanza se han logrado en los últimos años, especialmente a partir de los aprendizajes adquiridos luego del megaincendio de la temporada 2016-2017, que devastó más de 500 mil hectáreas a nivel nacional, y que figura como el más grande del que se tenga registro en Chile.
Para el manejo de incendios forestales, en el país se ha incrementado el presupuesto destinado a su combate, se han generado mesas forestales multisectoriales en distintas comunas del país, en las que se coordinan acciones conjuntas para su detección, combate y prevención. Esto ha permitido mejorar la capacidad y velocidad de respuesta de brigadistas de Conaf y de empresas privadas, así como las herramientas de diagnóstico y proyección de riesgo de este tipo de eventos. Tales mejoras, si bien son valoradas, son todavía insuficientes.
Al menos dos importantes cambios se tienen que producir para que podamos hablar de una real gobernanza en el manejo de incendios. Por un lado, es necesario el fortalecimiento institucional de lo que actualmente conocemos como la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf). Ambas entidades cumplen un rol primordial, asociado a la coordinación de acciones en torno al manejo de incendios forestales y a su prevención y combate. Sin embargo, en ambos casos sus atribuciones y recursos son limitados y no cuentan con la autonomía que requiere la toma de decisiones en situaciones de emergencia.
Ante esto, se han presentado dos proyectos de ley para transformar estas instituciones en la Agencia Nacional de Protección Civil y en el Servicio Nacional Forestal. El primero lleva 9 años tramitándose en el Congreso, mostrando mayores avances en su discusión desde 2019. El segundo se presentó el año 2017, pero desde julio del año pasado su revisión no se ha retomado.
Otra medida requerida para completar el fortalecimiento de la gobernanza en esta materia, es el involucramiento directo de personas y comunidades en acciones de prevención y de apoyo al combate de incendios. Al respecto, existen diferentes barreras que superar. En primer lugar, las estrategias de prevención implementadas por las mesas forestales a nivel local, se centran en la entrega de información sobre cómo evitar la producción de incendios forestales, principalmente a través de charlas, talleres y entrega de folletos.
Esta valiosa información, sin embargo, no parece impactar todo lo necesario en la población que la recibe, dado que estas estrategias se plantean aún de forma genérica, sin considerar lo propio del territorio ni las capacidades de la comunidad para adaptarse a sus entornos medioambientales. En este marco, incorporar en la prevención las prácticas culturales, saberes comunitarios y estilos de vida, resulta necesario y, por qué no decirlo, urgente.
En segundo lugar, se encuentran las barreras que como individuos imponemos a nuestra relación con el medio ambiente. Solemos creer que quienes provocan daños en nuestros entornos ecológicos son otras personas, lo que nos hace desprendernos de la responsabilidad que implica vivir en ciudades y localidades donde, día a día, desdibujan los límites entre sociedad y naturaleza.
Una gobernanza de manejo de incendios incompleta como la que hoy tenemos, se contradice con la urgencia que requiere un problema que se ha transformado en parte de nuestra cotidianeidad durante gran parte del año. Colaborar con cambios personales y presionar a nuestros y nuestras legisladoras por que se produzcan las transformaciones institucionales requeridas, es una tarea que nos involucra a todos y todas y que aún está pendiente. En tal sentido, una mayor voluntad para enfrentar este problema significar dejar de esperar que sean otros y otras quienes se hagan cargo de su solución.
