La normalización de la violencia en La Araucanía… ¿Dónde está el Estado?

La violencia se ha normalizado en La Araucanía y la Macrozona Sur (sur de Bio Bio, norte de Los Ríos). El Presidente no sólo no ha cumplido su promesa de reestablecer el Estado de Derecho, sino que en la actualidad la delincuencia vinculada al narcotráfico y el temor permanente han aumentado exponencialmente.

Según información de la Multigremial de La Araucanía (MGA), de la Asociación de Contratistas Forestales (ACF) y de la propia Fiscalía, nunca en estas regiones se habían producido tantos hechos violentos y con tanta impunidad. El “Barómetro de Conflicto” –compilado por la MGA– señala que el año pasado fueron denunciados 172 delitos de mayor gravedad “con resultado de muerte y atentados incendiarios en la Macrozona Sur”, en comparación con las “121 denuncias en el 2019, lo que representa un aumento de un 42 %.”

En 2020, hemos debido lamentar la muerte de cinco personas inocentes, que no tendrían porque haber muerto. Me refiero al chófer Juan Barrios, el joven Moisés Orellana, el trabajador agrícola Pedro Cabrera, el agricultor Pedro Burgos y el carabinero Eugenio Naín. Recientemente, en enero, fueron asesinadas dos personas: el agricultor Orwell Casanova y el inspector de la PDI Alberto Morales. Esto quiere decir que desde que asumió el Gobierno actual han muerto ocho personas, siendo el primero el joven mapuche Camilo Catrillanca.

[cita tipo=»destaque»]No cabe duda de que el crimen organizado se instaló en La Araucanía y la Macrozona Sur y que la respuesta institucional es escasa o no existe. Las cifras de hechos violentos, quemas, incendios y muertes de 2020 y comienzo de 2021, avalan lo que señalo. La vinculación de estos grupos con el narcotráfico y con grupos violentos que operan en Santiago es un hecho que ha sido confirmado por las policías. Estamos ante una situación límite, donde el crimen se ha ido normalizando. La comunidad regional está sumida en una etapa previa a lo que se denomina “sociedad criminógena”, caracterizada por la habituación y resignación al delito. Si estos mismos hechos se produjeran permanentemente en Santiago o sus alrededores, cabe preguntarse si el accionar y la efectividad de las autoridades serían las mismas.[/cita]

A lo anterior, deben ser sumadas las pérdidas materiales por atentados, que a esta altura son muy difíciles de cuantificar. El mismo informe de la MGA –con datos de la Fiscalía– indica que en el año 2020 hubo 538 atentados: 306 corresponden a vehículos, 142 a maquinarias y equipos y 90 a construcciones. Los más perjudicados fueron los contratistas forestales, los que presentaron 70 denuncias, a quienes les siguen las 32 denuncias efectuadas por personas naturales, 29 por policías, 27 por otro tipo de empresas y 26 por agricultores. Por su parte, las comunas donde más hechos de violencia se produjeron son: Cañete con 30, Collipulli con 23, Contulmo con 14, Victoria con 12 y Ercilla con 10.

Grupos gremiales han señalado permanentemente que la violencia no ha podido ser desterrada de la zona y en cierta medida tienen razón, porque la violencia desarrollada por grupos violentistas comenzó en 1998. No obstante lo anterior, si se comparan las cifras de hechos violentos desde los dos últimos años y medio del Gobierno de la Presidenta Bachelet, vale decir, desde agosto de 2015 (paro de los camioneros y marcha hacia La Moneda) hasta marzo de 2018, resulta que ellas son inferiores en alrededor de dos tercios a las ocurridas durante el actual gobierno del Presidente Piñera. Asimismo, solamente se tuvo que lamentar la muerte de una persona, el comunero José Quintriqueo Huaiquimil, quien falleció mientras participaba en una toma del Fundo Nilpe de Galvarino, luego de ser atropellado con un tractor conducido por un trabajador del predio, el 1 de octubre del 2014.

Una comparación objetiva permite ver que el aumento de la violencia, pérdidas de vidas y materiales durante el Gobierno actual no tiene parangón. Las respuestas de la administración del Presidente Piñera sólo han sido efectistas. Lo último ha sido nombrar un delegado presidencial para la Macro Zona Sur, Cristian Barra, quien, mientras la violencia se exacerbaba en el sur gozaba de una vacaciones no merecidas, con menos de dos meses en el puesto y sin haber resuelto nada.

Durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet, los camioneros cansados –y con razón– de los ataques en los caminos de la Macrozona Sur realizaron un paro de grandes proporciones (agosto de 2015). La respuesta del Gobierno a esta protesta –liderado en materia de seguridad por Jorge Burgos– quedó plasmada en las cifras que la propia MGA entregaba en aquella época, esto es, los hechos de violencia bajaron ostensiblemente (alrededor de 50 % menos durante ese periodo).

Por aquella época, la oposición –que hoy es gobierno– y gremios como los camioneros pedían la renuncia a diestra y siniestra de los funcionarios a cargo. Hoy, en cambio, muchos de ellos guardan silencio, no solicitan la renuncia de nadie, limitándose a requerir medidas de pirotecnia política. De hecho, los camioneros decidieron no viajar de noche por las zonas más violentas. Por su parte, la mayoría de la izquierda guarda silencio frente a estos hechos concretos de violencia. Todo esto es gravísimo. El poder político no sólo no da respuestas a una situación de extrema gravedad, sino que da respuestas equívocas y las personas que a diario deben sufrir de la violencia –que ya se hizo costumbre– no tienen a quién recurrir, dado que el Estado con todas sus instituciones los ha abandonado a su suerte.

Carabineros está deslegitimado, su autoridad es débil y frágil, siendo largo de detallar las causas, dentro de las cuales se encuentra el abandono del propio Gobierno y la oposición a esta institución. Además, carecen de elementos tácticos y técnicos, como de una formación adecuada a las circunstancias y tipo de delitos que enfrentan en la zona. Su dotación está limitada debido a que alrededor de 400 carabineros deben ejercer medidas de protección a predios, casas y personas que han sufrido amenazas y que son y han sido atacadas permanentemente en sectores rurales de Arauco, La Araucanía y Los Ríos.

Por su parte, la Policía de Investigaciones mostró el 7 de enero su incapacidad frente a este tema, del cual son responsables los mandos superiores y no los más de 800 funcionarios que concurrieron a Temucuicui. Tanto Carabineros como la PDI se deben al poder civil, que es de donde deberían emanar las directrices para enfrentar la gravedad de lo que se vive en la zona, pero éstas no llegan y tampoco el respaldo político a las acciones que realizan las policías.

El Ministerio Público está deslegitimado, a causa de su accionar ineficaz en la persecución de los delitos que han sido denunciados. Existe la sensación de que las denuncias caen en saco roto y las declaraciones del Fiscal Regional lo dejan más bien como un comentarista de los hechos, en lugar de ser un actor relevante en la solución de la violencia que afecta a la Macrozona Sur.

El 3 y 4 de febrero hubo nuevamente varios ataques en Arauco y La Araucanía. En la Provincia de Arauco hubo al menos seis ataques incendiarios. Desconocidos quemaron cuatro viviendas y dos iglesias, y cortaron el tránsito entre Tirúa y Cañete, a vista y paciencia de las autoridades, con armas de fuego de guerra. El comentario del gobernador de Arauco, Óscar Muñoz es de Ripley: “Fue una difícil noche acá en la Provincia de Arauco, en las comunas de Cañete y Tirúa, por una seguidilla de actos derechamente terroristas.” Sus observaciones son propias de un matinal de televisión y no de una autoridad política que se hace cargo del problema. ¿Qué saca él con calificar estos actos de terroristas? Si así lo cree, debe actuar en consecuencia. Si considera que hay terrorismo, debe ocupar las herramientas que posee el Estado de Derecho para combatir este flagelo. No obstante, lo del gobernador es penoso, lo único que hace es comentar y lamentarse.

Un día después de lo ocurrido en Arauco, esta vez en la Comuna de Ercilla, en La Araucanía, se produjo un nuevo ataque violento en la autopista Ruta 5 Sur en el sector de Pidima, a escasa distancia de donde se encuentra la Prefectura de Prevención y Medidas de Protección a la Violencia Rural. Durante la madrugada fueron atacados y quemados 4 camiones y un vehículo menor, dos choferes resultaron heridos y hubo disparos de armas de guerra. A este respecto, el intendente de la Región de La Araucanía, Víctor Manoli señaló: “Tenemos que agradecer que no hay víctimas fatales. Los responsables, según lo que relata el conductor, eran alrededor de diez personas que se movilizaban en un vehículo. Posteriormente procedieron a disparar y quemar las cabinas. Ya no son reivindicaciones mapuches, son actos terroristas.”

Al igual que el gobernador de Arauco, el intendente actúa como comentarista del matinal de moda, se queja amargamente por la situación ocurrida y, nuevamente, las víctimas no tienen una respuesta del Estado. Casi en paralelo, esa misma noche en el sector de Boroa, comuna de Nueva Imperial, incendian la añosa iglesia de la Parroquia de la Inmaculada Concepción, que era patrimonio nacional y que había sido cedida a las comunidades mapuche del sector por parte del Convento de las Hermanas Misioneras Catequistas, las que además tienen un colegio para los niños de las comunidades cercanas.

A los hechos anteriores se suman los permanentes incendios forestales que son ocasionados por terceros, toma de predios y parcelas, donde la autoridad no responde. En la actualidad, hay a lo menos 40 predios tomados en la Macrozona Sur. También muchos parceleros y agricultores deben soportar permanentes amenazas y ataques con armas de fuego, los cuales en su mayoría no son denunciados dadas las represalias que pueden acarrear, además de la nula acción de resguardo por parte del Estado, como consigna el comunicado del “Barómetro del Conflicto” de la MGA. Asimismo, hay varios sectores, reconocidos e indicados por el mismo informe como de alto nivel de violencia, que están actualmente bajo el control de los autodenominados Organismos de Resistencia Territorial (ORT). En esos lugares, los antisociales, que están fuertemente armados, tienen puntos de control comunicados entre sí, para ver quién entra y quién sale del sector y cuál es la mercancía que se puede o no mover en el “territorio”.

La situación de algunos sectores rurales de Arauco, La Araucanía y Los Ríos es cada vez más grave. Otro ejemplo son algunas familias de extranjeros que habían llegado hace poco tiempo al país para hacer su vida, éstos han sido amenazados y han debido dejar el lugar y regresar a sus países, dejando todo atrás. No se trata de latifundistas, sino de agricultores que poseen a lo mucho 15 o 20 hectáreas, los cuales son amenazados y amedrentados permanentemente. De igual forma, familias que llevan varias generaciones en estas regiones también han debido abandonar sus casas; son fundamentalmente parceleros, que son extorsionados, a los cuales se les cobra peajes, debiendo pagar un porcentaje de su cosecha, producción animal o forestal, luego terceros compran a bajo precio estos productos arrebatados y son de esa forma “lavados” y “reingresados” al comercio, mediante facturas ideológicamente falsas.

No cabe duda de que el crimen organizado se instaló en La Araucanía y la Macrozona Sur y que la respuesta institucional es escasa o no existe. Las cifras de hechos violentos, quemas, incendios y muertes de 2020 y comienzo de 2021, avalan lo que señalo. La vinculación de estos grupos con el narcotráfico y con grupos violentos que operan en Santiago es un hecho que ha sido confirmado por las policías. Estamos ante una situación limite, donde el crimen se ha ido normalizando. La comunidad regional está sumida en una etapa previa a lo que se denomina “sociedad criminógena”, caracterizada por la habituación y resignación al delito. Si estos mismos hechos se produjeran permanentemente en Santiago o sus alrededores, cabe preguntarse si el accionar y la efectividad de las autoridades serían los mismos. Lo más probable es que serían distintos, pero como ocurren en el sur no generan el mismo impacto comunicacional.

La otra pregunta que también debemos hacernos es si debemos calificar los delitos que se han hecho costumbre en la Macrozona Sur como cometidos por el “crimen organizado” o por “terroristas.” La respuesta no es simple, ni fácil y de alguna manera me gustaría explorarla, de forma empírica, en un próximo artículo. Lo que sí sabemos es que la violencia y sus manifestaciones han llegado a un grado de máxima exacerbación, en donde la pasividad del Estado puede llevar a una escalada de más violencia que sólo traiga más dolor a estas regiones que ya han sufrido mucho.