Opinión
Durante el mandato de la Presidenta Bachelet, la Subpesca se comprometió a dictar el decreto que congelaría la huella del arrastre, tras la realización de un estudio que consideró las rutas de operación de las flotas arrastreras industriales de merluzas y crustáceos en los últimos 16 años, lo que inexplicablemente no concluyó con el acto administrativo, a pesar de que se hizo el anuncio oficial en diciembre de 2017 con el subsecretario de la época.
La comisión de Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados se encuentra tramitando dos iniciativas parlamentarias, cuyo fin –aunque de manera distinta– es avanzar en la eliminación de la pesca de arrastre de fondo en la merluza común, más conocida como pescada.
Lo que se discute es cómo se pesca la merluza común, en este caso con arrastre de fondo, arte que se ha comprobado tiene un efecto negativo sobre los hábitats y ecosistemas marinos. Desgraciadamente, la discusión se ha centrado en lo económico y la eficiencia pesquera, una mirada que se arrastra en nuestro país desde los años 60, que no considera las variables ambientales y que tiene el 67 % de las pesquerías nacionales en estado de sobreexplotación, colapso o agotamiento.
Mucho menos tiempo se le ha dedicado a la discusión de los impactos acumulativos del arrastre de fondo, no solo sobre las distintas especies, sino también sobre el fondo marino, el que, al ser alterado, remueve los sedimentos, disminuyendo así su capacidad para almacenar CO2, entre otros efectos adversos.
[cita tipo=»destaque»]Vemos entonces que la discusión de este tipo de medidas es inviable, porque la facultad de lograr regulaciones para la protección de hábitats por parte de Subpesca jamás ha sido prioritaria, mientras cada año las flotas de pesca de arrastre de fondo avanzan a nuevas áreas, destruyendo en promedio 3.905 km² anuales, de las cuales 554 km² corresponden a áreas prístinas.[/cita]
No se discutió de manera extensiva la brecha de investigación existente en la materia, ni tampoco cuál es la mejor forma de capturar esta pesquería emblemática para las comunidades costeras de Chile, la cual se encuentra en estado de sobreexplotación, cercana al colapso desde hace más de tres décadas.
Hacemos este recuento, porque la confusión de argumentos y la pérdida del centro de la discusión hizo que algunos(as) diputados(as) de la comisión de Pesca y Acuicultura aprobaran una indicación que, como alternativa a la eliminación del arrastre de fondo, propone hacer por ley algo que el Estado, y más específicamente la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), ya tiene como facultad: se aprobó la indicación que ahora sí permitiría congelar la huella de arrastre en la merluza común, cuestión que supone que la administración no tiene la facultad para hacerlo, pero en realidad sí la tiene.
El artículo 4 de la tan cuestionada Ley de Pesca entrega a Subpesca la posibilidad de establecer medidas relacionadas a artes y aparejos de pesca en áreas determinadas por la autoridad, previa consulta a los Consejos Zonales de Pesca (Cozope). De hecho, en 2016 en Oceana presentamos al Gobierno de esa época una propuesta para congelar la huella del arrastre de fondo, la cual consiste a grandes rasgos en evitar su expansión hacia zonas que no han sido arrasadas.
Durante el mandato de la Presidenta Bachelet, la Subpesca se comprometió a dictar el decreto que congelaría la huella del arrastre, tras la realización de un estudio que consideró las rutas de operación de las flotas arrastreras industriales de merluzas y crustáceos en los últimos 16 años, lo que inexplicablemente no concluyó con el acto administrativo, a pesar de que se hizo el anuncio oficial en diciembre de 2017 con el subsecretario de la época.
Sin rendirnos, seguimos impulsando la iniciativa y el nuevo subsecretario de la administración del Presidente Piñera nos señaló que se haría la consulta a los Cozopes para su dictación, lo cual tampoco ocurrió. Hasta existieron compromisos voluntarios del Gobierno actual en el evento mundial “Nuestros Océanos”, como una contribución de Chile a la protección de la biodiversidad marina.
Vemos entonces que la discusión de este tipo de medidas es inviable, porque la facultad de lograr regulaciones para la protección de hábitats por parte de Subpesca jamás ha sido prioritaria, mientras cada año las flotas de pesca de arrastre de fondo avanzan a nuevas áreas, destruyendo en promedio 3.905 km² anuales, de las cuales 554 km² corresponden a áreas prístinas.
Para congelar la huella del arrastre de fondo y frenar su expansión en Chile, solo se necesita voluntad y no una nueva ley. Eso esperamos desde 2016.
