Opinión
Hay turnos de 12 a 14 horas diarias para tres o cuatro trabajadoras (dependiendo del turno), quienes tienen que cuidar a 12 niños. Solo una escena: una da comida a dos, otra baña a uno y la tercera se hace cargo del resto. Así nadie puede. Solo podemos verificar que la cadena de desprotección no solamente afecta gravemente a niños y niñas que ya están bajo tutela del Estado, sino también –como vemos– al personal que debe garantizar su cuidado. Siempre será fácil apuntar a la cuidadora por su trabajo, pero son las condiciones estructurales en que se otorga la protección.
La viralización de un video en que se escuchaban los gritos provenientes de una residencia bajo la custodia del Sename, nos obliga a volver a evaluar las condiciones en que se encuentran las niñas, niños y adolescentes de Chile. Vale recordar que ellas y ellos están allí porque sus derechos han sido vulnerados en sus familias de origen. A esos maltratos, ya sea por parte de padres y madres que no tienen las condiciones psicosociales para cuidarlos o familiares que no constituyen una red de protección efectiva para ello, se suma el que sufren por parte de las instituciones del Estado.
¿Qué hacer frente a esta realidad? Me sumo a la preocupación y la denuncia ante la desidia de distintos servicios para hacerse cargo de situaciones bastante estructurales del sistema de protección de la infancia. Esta vez no lo hago en mi calidad de académica y directora de un Centro de Derechos Humanos, sino como vecina de una residencia de lactantes en un tranquilo barrio residencial de la comuna de Ñuñoa.
[cita tipo=»destaque»]La tercerización de algunos servicios per se no es el problema, sino las condiciones estructurales de todas las instituciones, públicas y privadas, que deben garantizar la protección y los cuidados para toda la infancia que lo necesita.[/cita]
Las vecinas y vecinos escuchamos a infantes llorar en forma sostenida, a distintas horas del día en forma continua. Como hemos dicho, para nosotros esto no es una cuestión de ruidos molestos ni se soluciona con el traslado de la residencia: nuestra preocupación es qué pasa con esos pequeños y pequeñas. Al igual que en Providencia, aquí hay vecinos que nos preguntamos qué pasa allí.
En nuestro caso, alertamos a la Defensoría de la Niñez en agosto de 2020, la que ofició al Sename después de largos meses, para que luego señalara que las visitas están programadas y podría agendarse un sobrecupo para una fiscalización. Hemos denunciado a los Tribunales de Familia y se han realizado una serie de fiscalizaciones por parte de la jueza Jeldres en distintos horas y días de la semana. Como se nos informó como denunciantes, además de los niños y niñas que se encuentran en la residencia, las condiciones laborales deficientes que enfrentan las trabajadoras redundan en falta de cuidado para lactantes, que requieren atenciones especiales.
Hay turnos de 12 a 14 horas diarias para tres o cuatro trabajadoras (dependiendo del turno), quienes tienen que cuidar a 12 niños. Solo una escena: una da comida a dos, otra baña a uno y la tercera se hace cargo del resto. Así nadie puede. Solo podemos verificar que la cadena de desprotección no solamente afecta gravemente a niños y niñas que ya están bajo tutela del Estado, sino también –como vemos– al personal que debe garantizar su cuidado. Siempre será fácil apuntar a la cuidadora por su trabajo, pero son las condiciones estructurales en que se otorga la protección.
La tercerización de algunos servicios per se no es el problema, sino las condiciones estructurales de todas las instituciones, públicas y privadas, que deben garantizar la protección y los cuidados para toda la infancia que lo necesita.
