Opinión
El Presidente Piñera no tiene la confianza de la ciudadanía, está en conflicto contra el Congreso, sus parlamentarios lo han abandonado y el fallo del Tribunal Constitucional del 27 de abril, que ha rechazado su requerimiento, debilita aún más su dañada autoridad y poder. ¿Y la oposición? ¿Tiene alguna responsabilidad en la crisis integral o solo es del Presidente Piñera y los partidos de Chile Vamos? Estimo que tiene una parte de responsabilidad. Está debilitada y fragmentada, sin tener una visión de la gravedad de la crisis que enfrenta el país.
En una reciente columna en El Mostrador analicé el liderazgo presidencial de Sebastián Piñera, al que califiqué de rígido y destemplado, conceptos con los cuales expliqué los efectos negativos de su Gobierno en el sistema político y en la convivencia nacional, especialmente desde el estallido social y durante la pandemia. Concluí entonces que el Primer Mandatario dejará un legado adverso para el país, una crisis integral, concepto tomado del canónico libro del economista Jorge Ahumada, En vez de la miseria (1958), en que describió el estado del país hacia el final de la segunda administración del general (r) Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958).
¿Y la oposición? ¿Tiene alguna responsabilidad en la crisis integral o solo es del Presidente Piñera y los partidos de Chile Vamos? Estimo que tiene una parte de responsabilidad. Está debilitada y fragmentada, sin tener una visión de la gravedad de la crisis que enfrenta el país, con un Presidente que posee el apoyo ciudadano de un dígito y sus parlamentarios lo han abandonado. La oposición tiene la oportunidad de rectificarse y contribuir a la solución de la crisis. Esta columna fundamenta dicha afirmación.
La crisis integral se puso de manifiesto con el estallido social, gatillado por la crisis de legitimidad del sistema económico, con el fracaso de las AFP y la exigencia de la sociedad de poder fin a ellas (“No + AFP”); los abusos de empresas (La Polar), la colusión de precios –farmacias, pollos, papel higiénico y pañales, Confortgate– y las fallas en sus servicios de las empresas que proveen bienes públicos (sanitarias y electricidad). Ningún hogar estuvo fuera del alcance de alguno de estos abusos.
[cita tipo=»destaque»]La oposición leal debiera buscar un acuerdo con Chile Vamos para encontrar una solución definitiva al conflicto político. Pueden considerar dos alternativas. La primera, persuadir al Mandatario a formar un Gobierno de gran coalición, de cohabitación de Piñera con los partidos, en la cual su autoridad se reduce a ser Jefe de Estado y la dirección del Gobierno se entrega a una personalidad de derecha. Es una salida semipresidencial, que podría concretarse con una reforma constitucional exprés y con ministros con voluntad para actuar contra la rigidez y la destemplanza del Mandatario.[/cita]
También acentuó la crisis de representación del sistema político, con el desplome electoral y organizativo de los partidos, con una bajísima confianza en estos. En la gran manifestación del 25 de octubre del 2019, los participantes no portaron banderas de los partidos y tampoco se hicieron presentes sus dirigentes y parlamentarios. Este hecho confirmó el alejamiento de los partidos respecto de la ciudadanía, expresado antes en la disminución de la participación electoral desde los años 90. En las elecciones del 2017, solo 42% de los chilenos y chilenas concurrieron a las urnas, un porcentaje muy por debajo del piso mínimo de la participación electoral requerida para la legitimidad democrática, 50%.
Ningún otro país de América Latina y de las democracias avanzadas ha sufrido un desplome tan dramático de la participación electoral y debilitamiento de los partidos.
La oposición, junto con la participación electoral, son los pilares fundamentales de la democracia, como argumentó Robert A. Dahl en su famoso libro Polyarchy. Participation and Opposition (1971). La democracia supone formas de control del poder y le corresponde a la oposición ejercerlas para vigilar la actuación de los gobernantes. También debe formular alternativas de políticas ante las decisiones o conductas que critica y construir una alternativa de poder para reemplazar al Gobierno en las próximas elecciones. Estas funciones son indispensables y urgentes en Chile hoy.
Gran Bretaña ha reconocido el papel fundamental de la oposición estableciendo un cargo de Estado –“el líder de la oposición”– que es remunerado. Esta función es ejercida por el presidente del principal partido opositor, sea Laborista o Conservador. En los sistemas multipartidistas no existe un líder de la oposición, sino que varios líderes, los cuales compiten en la arena política para conseguir la confianza popular.
Cuando me refiero a “la” oposición, tengo presente el clásico estudio de Kirchheimer (1966), quien sostuvo que no existe una oposición, sino a lo menos dos, cada una de las cuales puede tener varias expresiones partidistas. Existe una oposición leal, aquella que impulsa cambios en el marco del orden constitucional, y también una oposición “de principios” o fundamentalista, que desafía las bases del sistema político y promueve su transformación por otro diferente.
En el Chile actual, los partidos que integraron la Concertación, agrupados en Unidad Constituyente, pertenecen a la oposición leal, mientras que el PC y el Frente Amplio se encuentran en una oposición fundamentalista.
El PC y el Frente Amplio, con la excepción de Gabriel Boric, se negaron a apoyar el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” del 15 de noviembre de 2019, suscrito por los partidos de la oposición leal y los de Chile Vamos. Ahora desconocen la regla decisoria de los dos tercios para la aprobación de las disposiciones de la nueva Carta Fundamental en la Convención Constitucional, establecida en la reforma constitucional (Ley 21.200) que posibilitó el plebiscito del 25 de octubre de 2020.
Las oposiciones, leal y fundamentalista, están debilitadas como organización y ante el electorado. Sus militantes las han abandonado y los que todavía permanecen son o han sido funcionarios públicos, del Gobierno o de los municipios, y sus dirigentes y parlamentarios estimulan esta relación instrumental con recursos de patronazgo o clientelismo.
Los partidos de las dos oposiciones se han fragmentado, con trece colectividades con representación parlamentaria que tienen –hasta ahora– diez precandidatos presidenciales. A estos habría que agregar los cuatro partidos de derecha –UDI, RN, Evópoli y el Partido Republicano–, configurando un sistema de partidos con 17 colectividades, un número que hace extraordinariamente difícil la gobernabilidad.
En las elecciones parlamentarias de 2017, los trece partidos fueron: PDC, PS, PPD, PR, PC, RD, PH, FRVS, PL, PRO, PEV (Partido Ecologista Verde), Partido Poder y Partido Igualdad. Cada uno de los cuatro últimos “partidos” eligió un diputado. Estos trece partidos configuran una sopa de letras, ininteligible para la opinión pública y que solo comprenden algunos –no todos– profesionales de la política. La fragmentación se ha tornado más compleja aún, porque algunas de estas colectividades se han “fusionado” (Igualdad y Poder) y por la renuncia de sus diputadas hacia la conformación de un nuevo “partido”, Comunes.
Respecto a su implantación electoral, en las elecciones de parlamentarios de 2017 los cinco partidos que formaron la hoy extinta Concertación recibieron 2.942.898 votos, que representan un 29,8% de los sufragios válidos. Esta votación es un millón menos de la que lograron los partidos de la Concertación en 1989 (3.950.718), cuando la población en edad de votar era un 60% inferior a la actual. La decadencia electoral comenzó primeramente en el PDC, en las de 1997, perdiendo cuatro puntos, luego siete en las del 2009 y cinco en las de 2017.
En las elecciones de 2017, el PC alcanzó 320.688 sufragios, que representaron el 4,6% de los votos. En consecuencia, los candidatos de la ex Nueva Mayoría obtuvieron 3.263.586 votos, que representaron el 34% del electorado.
Los candidatos del Frente Amplio obtuvieron 988.728 votos, esto es, un 16,5% de los emitidos válidamente. Esta altísima votación fue posible por el empuje electoral de su abanderada presidencial, Beatriz Sánchez, que recibió 1.338.037 sufragios, un 20,27% de la votación, levemente menos de lo que alcanzó el candidato del PS/PPD/PR, el senador independiente Alejandro Guillier (1.498.040 votos), un 22,27%.
Pero esto constituye un espejismo estadístico (por no decir manipulación estadística). Los porcentajes descritos no dan cuenta de la dimensión política de las oposiciones leal y fundamentalista. Están calculados en relación con la población electoral que concurrió a las urnas, casi seis millones de votantes. Pero el padrón electoral, establecido por la inscripción automática (era voluntaria antes de 2012), es muy superior: 14.308.151 personas. En consecuencia, los seis millones de votantes no deberían ser el punto de referencia para calcular el porcentaje electoral alcanzado por cada partido en las elecciones a diputados en 2017, sino el padrón electoral ampliado por la inscripción automática.
En esa perspectiva, la votación de la ex NM y del FA representa, respectivamente, el 14,38% y el 6,91% del padrón electoral y los seis millones de votantes representan el 41,9% del electorado. El poder electoral de las dos oposiciones es considerablemente menor.
De acuerdo al espejismo estadístico descrito, el “principal” partido de la ex NM es el PDC, que alcanzó un 10,3% de los votos en 2017. Sorprende esta ubicación, porque sufrió una considerable pérdida de sufragios, dado que compitió en solitario en las elecciones presidenciales y parlamentarias y fue duramente criticado por sus antiguos socios de coalición, cayendo en 5,2 puntos porcentuales.
Le sigue, con un porcentaje muy cercano, el PS con 9,8% y un retroceso de solo 1,3 puntos porcentuales. En tercer lugar está el PPD, con un 6,1% y la pérdida de 4,9 puntos porcentuales, la mitad de su electorado. El PR obtuvo un 3,6%, similar al obtenido en 2013. El PC alcanzó un 1,9%.
El bajo apoyo electoral de los partidos de la oposición leal no les permite, individualmente, aspirar a ejercer un liderazgo, es decir, concitar el suficiente respaldo como para impulsar a la oposición detrás de una dirección estratégica. Tampoco existe voluntad de los cuatro partidos que la integran (DC, PS, PPD y PR) para formar una dirección colegiada de este conglomerado, la Unidad Constituyente, porque dos de sus cuatro presidentes son precandidatos presidenciales (Heraldo Muñoz, PPD, y Carlos Maldonado, PR) y los otros dos, PDC y PS, deben esforzarse por dar visibilidad a las candidatas de sus filas.
Ninguno de los partidos de Unidad Constituyente tiene un(a) político(a) de la talla y el liderazgo que permitan ocupar el vacío que dejaron los expresidentes Patricio Aylwin, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Este es otro de los factores que ha influido en el debilitamiento organizativo de estos partidos.
Los partidos “están en otra”, preocupados de sus candidaturas presidenciales, sin dar necesaria atención al proceso constituyente. A pocos días de esta elección, la más importante desde el reinicio de la democracia, la ciudadanía no conoce las ideas centrales que tendrá la nueva Carta Magna, como tampoco las que orientarán al próximo Gobierno, al cual le corresponderá aplicarla.
Tampoco se aprecian estrategias. Tienen propuestas de corto plazo contradictorias: llaman a la “unidad” para “derrotar a la derecha”, pero promueven un tercer retiro del 10% de las AFP con parlamentarios de Chile Vamos. Los dos anteriores retiros se aprobaron con votos de la coalición de gobierno. Por tanto, en el Congreso no existe una derecha, sino dos, al igual que frente al proceso constituyente, con partidarios del Apruebo y el Rechazo a la nueva Constitución en el plebiscito del 25 de octubre de 2020.
Las dos oposiciones siguen actuando con la lógica de los años del binominal, convencidas de que la ciudadanía está dividida en dos bloques, “la centroizquierda” y “la” derecha. No se resignan a constatar una realidad diferente: la mayoría de la población les desconoce autoridad, quedándose en casa el día de las elecciones. El conglomerado mayoritario, que ha crecido en forma sostenida, es el de los que no concurren a votar.
Si se consideran los centros de estudios relacionados con el oficialismo, tampoco existe una sino dos o más derechas. El Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), vinculado a RN, tiene opiniones muy diferentes sobre las causas y consecuencias del estallido social y el proceso constituyente –apoyando el Apruebo en el plebiscito del 25 de octubre de 2020– a las del Instituto Libertad y Desarrollo, el brazo pensante de la UDI. Su fundador y director ejecutivo durante dos décadas fue Cristián Larroulet (1990-2010), después Luis Larraín, exministro de la dictadura, y ahora Marcela Cubillos, exministra de Educación del actual Gobierno, todos los cuales votaron por el Rechazo.
El discurso electoral opositor contra “la” derecha favorece a los sectores más duros de esta, que alientan una política de confrontación frente a la izquierda. A pesar de sus diferencias, han formado una lista única de candidatos a la Convención Constitucional y los tres partidos de Chile Vamos se han comprometido a llevar un candidato único a las presidenciales, que elegirán en una primaria. También concurrirá a primera vuelta José Antonio Kast, presidente del Partido Republicano. Cuando advierte amenazas a lo que consideran sus valores y principios esenciales, “la” derecha tiene gran capacidad de movilización, como lo demostró en la segunda vuelta de las elecciones de 2017.
El debilitamiento de la oposición comenzó hace varios lustros, que se entrecruzan con su prolongada permanencia en el Gobierno. En la élite gubernamental predominó el poder de tecnócratas, mayoritariamente economistas, que no tenían un paradigma alternativo al que guió la transformación económica por la dictadura y carecían de cabal comprensión de las condiciones y consecuencias políticas del proceso económico.
Tampoco los partidos de la Concertación apreciaron la magnitud de los desafíos que enfrentaban, entre los cuales estaban mantener los apoyos del electorado y conservar su autonomía del Gobierno y del poder económico, indispensable para cumplir las funciones que les corresponden en el sistema político de acuerdo a los intereses generales del país.
El programa de Gobierno de Patricio Aylwin fue de “crecimiento con equidad”, con énfasis en el primer aspecto y con reformas institucionales (tributaria y laboral) en el segundo, apuntando hacia otro sistema económico.
Sin embargo, durante el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) estas políticas se interrumpieron. El nuevo Mandatario, un empresario que se incorporó a la política después de la muerte de su padre, el otrora Presidente Eduardo Frei Montalva, declaró el comienzo de la era de “la modernización” e impulsó las privatizaciones. El énfasis estuvo en el perfeccionamiento del sistema económico y no en su cambio hacia otro.
El énfasis en la continuidad del sistema económico continuó cuando la izquierda llegó a La Moneda con Ricardo Lagos en el año 2000. Su plan económico inicial fue preparado junto a la Sofofa, concordando una “agenda pro crecimiento” que reforzó esa dirección (Ley de Pesca, ventajas tributarias a las ganancias de capitales, entre otras). El ministro de Hacienda aparcó las políticas para disminuir las desigualdades, con el argumento de que tenían raíces históricas que el Gobierno no podía alterar.
Con la primera administración de Michelle Bachelet (2006-2010), las políticas económicas de continuismo del “modelo” prosiguieron, bajo el liderazgo del ministro de Hacienda, un economista independiente radicado en EE.UU. desde su adolescencia, que se identificó con las políticas de “la tercera vía” del presidente Bill Clinton y el primer ministro británico Tony Blair, que poco tenían que ver con las necesidades de un país que no había llegado al desarrollo y cuyo sistema económico había sido impuesto por una dictadura con un paradigma de neoliberalismo radical.
Fue difícil para el electorado de izquierda identificarse con estas políticas y también para los activistas y militantes del PS. Aquellas políticas dejaron un espacio en la izquierda, que quisieron ocupar los jóvenes del 2011, en RD y el Frente Amplio, pero sin consolidar a partidos emergentes que hubiesen desplazado al PS y al PPD de la primera línea.
El discurso de la tecnocracia, con argumentos académicos y abundantes cifras económicas, no logró empatía con la población, especialmente los jóvenes –que se mantuvieron alejados del sistema político sin inscribirse en los registros electorales–, y el desencanto entre los votantes de los partidos de la Concertación.
La ausencia de financiamiento público de los partidos durante un cuarto de siglo, fue un grave error que les llevó a depender del patronazgo y el clientelismo, abriendo el camino a la corrupción. También llevó al surgimiento de una red de financiamiento secreta e ilegal por grandes empresas a todos los partidos, con la excepción del PC, incluyendo las campañas presidenciales del 2009 y 2013.
La puerta giratoria de exministros y altos funcionarios reforzó esta relación incestuosa entre la política y el poder económico, que dejaría un legado constituido por una legislación favorable a los grandes empresarios y una élite política que perdió la autonomía frente a ellos. “No existe un desayuno gratis”, advirtió Milton Friedman para resaltar la necesidad de que la economía funcionara sin interferencias político-partidistas.
El deterioro de los partidos como organizaciones se acentuó por conflictos intestinos, que condujeron a rupturas. En tres años, la Concertación perdió cuatro senadores, dos se fueron a la derecha (Fernando Flores, PPD, Adolfo Zaldívar, expresidente de la colectividad, expulsado por la directiva, renunciando tras esto cinco diputados) y dos permanecieron en la izquierda (Carlos Ominami y Alejandro Navarro). Las renuncias en el PS también incluyeron a Jorge Arrate, expresidente del partido y exministro, y a un diputado, Marco Enríquez-Ominami. Este y Arrate fueron candidatos presidenciales en los comicios del 2009, este último con apoyo del PC. Obtuvieron 20,1% y 6,21%, respectivamente.
Nunca los dirigentes de los partidos de la Concertación hicieron una autocrítica por su responsabilidad en el debilitamiento electoral y en sus derrotas electorales, el 2009 y el 2017. Peor aún, no admitieron que también tenían una cuota de responsabilidad en la crisis de legitimidad del sistema económico, pues no exigieron que los gobiernos impulsaran cambios institucionales en la dirección de otro “modelo”, con la excepción del Gobierno de Patricio Aylwin, cuyas reformas apuntaban en esa dirección.
¿Por qué políticos con experiencia y tecnócratas inteligentes no rectificaron el rumbo?
La falta de autocrítica responde a la conducta de personas, de distintos partidos y sensibilidades o facciones, que tienen una visión común sobre el proceso político chileno y han compartido experiencias desde el desplome de la democracia en 1973, la oposición a la dictadura y el restablecimiento de un régimen de libertades. Años trabajando en dictadura en centros de estudios y, después, durante dos décadas en el Gobierno con políticos y profesionales de pensamiento similar, los acostumbraron a interactuar con esas personas y no otras.
Como explica Janis (1972), los miembros de todo grupo cohesionado tienden a preservar un espíritu de cuerpo y desarrollan de modo inconsciente ilusiones compartidas y normas relacionadas, que interfieren en la reflexión crítica y confrontación con la realidad, llevando a cometer graves errores al tomar decisiones. Personas muy inteligentes se dejan arrastrar por las ideas dominantes del grupo, síntomas que se han observado, por ejemplo, en la toma de decisiones de grandes fracasos de política exterior, como la invasión a Cuba por el gobierno de John F. Kennedy en 1961.
También hay nutridas experiencias de desastres en política interna. Por ejemplo, ¿por qué los partidos de la Unidad Popular se negaron a un acuerdo con el PDC en julio o agosto de 1973 para detener un golpe militar en marcha y optaron por la “unidad” de la izquierda, lo que abrió el camino al golpe militar?
Estas decisiones se comprenden mejor en el contexto del pensamiento de los grupos que las tomaron, por sus síntomas comunes que conducen a resoluciones con consecuencias funestas. Entre estos, destacan la ilusión de invulnerabilidad ante los riesgos que conlleva una acción en la que el grupo está muy tentado a involucrarse; la fantasía de creer que el acuerdo al que llegó el grupo es compartido por todos sus miembros, es decir, es una postura unánime; y el olvido inconsciente de que, para llegar a estos acuerdos, se excluyó a quienes expresan dudas sobre la viabilidad del plan en discusión y se presionó a quienes disienten a guardar silencio o marginarse de la deliberación.
Los “mismos de siempre” encarnan ese pensamiento de grupo, que hoy se expresa en el énfasis de que “la unidad de la oposición” es el único camino para derrotar a la derecha, sin considerar cuáles son sus recursos y cuáles son los que tienen las derechas.
En suma, el pensamiento de grupo lleva a sus integrantes a desconocer la realidad y a repetir opciones que en el pasado fueron eficaces, pero en otros contextos y con líderes capaces de llegar a acuerdos y conducir. Hoy no existen esos líderes y los partidos se han desplomado en su organización. En las reuniones entre los candidatos presidenciales y de los presidentes de los partidos de la oposición leal, el pensamiento de grupo impide que se consideran otras ideas para enfrentar la crisis integral. La oposición fundamentalista sigue adelante en su política de cambiar el régimen político por otro.
El debilitamiento electoral y organizativo de los partidos de la oposición leal, cuya historia hemos analizado en esta columna, la pone en una situación desventajada de poder. Sin embargo, la crítica situación en la cual se encuentra nuestra democracia semisoberana (Huneeus, 2014), ofrece la oportunidad de rectificar el rumbo y contribuir a la gobernabilidad.
La inercia del presidencialismo considera la continuidad del Mandatario hasta que termine su período. En este caso, el 11 de marzo de 2022. Sin embargo, en política, una semana es una eternidad, advirtió Harold Wilson, ex primer ministro laborista de Gran Bretaña (1964-1970).
La oposición leal debiera buscar un acuerdo con Chile Vamos para encontrar una solución definitiva al conflicto político. Pueden considerar dos alternativas. La primera, persuadir al Mandatario a formar un Gobierno de gran coalición, de cohabitación de Piñera con los partidos, en la cual su autoridad se reduce a ser Jefe de Estado y la dirección del Gobierno se entrega a una personalidad de derecha. Es una salida semipresidencial, que podría concretarse con una reforma constitucional exprés y con ministros con voluntad para actuar contra la rigidez y la destemplanza del Mandatario.
La otra alternativa es la renuncia del Presidente. Es una alternativa considerada por nuestro ordenamiento constitucional desde la Carta Fundamental de 1833. Hasta ahora no ha sido aplicada. Nada impide que esta sea la primera ocasión.
La presidenta del Senado, Yasna Provoste (PDC), ha mostrado liderazgo ante el Presidente Piñera, habiéndole pedido “respetuosamente” retirar el requerimiento ante el Tribunal Constitucional contra el proyecto de ley despachado por el Congreso autorizando el tercer retiro del 10%. Si le hubiera escuchado, se habría evitado esta derrota.
El Presidente Piñera no tiene la confianza de la ciudadanía, está en conflicto contra el Congreso, sus parlamentarios lo han abandonado y el fallo del Tribunal Constitucional del 27 de abril, que ha rechazado su requerimiento, debilita aún más su dañada autoridad y poder, porque tuvo que promulgar la ley. El Presidente debe dar un paso al costado, en cualquiera de las dos alternativas.
