Opinión
Como en todo el mundo, el problema de la inmigración irregular nos acompañará por un buen tiempo, lo que un nuestro caso se ve acentuado por cuestionables decisiones gubernamentales. La performance de expulsión de extranjeros implementada el 25 de abril último, no hace sino corroborar esta hipótesis, ya que de ahí en adelante cualquier inmigrante que esté en situación de autodenunciarse, está notificado de que el plazo legal de 180 días para salir del país, una vez publicada la ley, no corre. Además, se le notificó que este proceso implica el escarnio público.
El pasado 20 de abril se publicó la Ley de Migración y Extranjería, adquiriendo por lo tanto vigencia y obligatoriedad para todos quienes habitamos Chile, no obstante, para la aplicación plena de la normativa es necesario esperar a que el Gobierno dicte los reglamentos y DFL respectivos. Por ahora, adquieren vigencia las partes declarativas y las normas transitorias, algunas de las cuales se refieren al proceso de regularización migratoria que considera básicamente dos grupos de inmigrantes: en primer lugar, aquellos extranjeros que ingresaron al país por pasos habilitados antes del día 18 de marzo de 2020, quienes podrán efectivamente regularizar su situación y, en segundo lugar, aquellos extranjeros que ingresaron al país por pasos no habilitados, quienes podrán autodenunciarse, salir de Chile y solicitar residencia en el consulado chileno respectivo.
El presente proceso de regularización, es el segundo en el mandato del Presidente, Sebastián Piñera. El primero permitió a unos 120 mil extranjeros regularizar su condición migratoria, esto considerando el universo declarado por el Gobierno de 300 mil extranjeros en situación de irregularidad, es decir, el proceso habría tenido una efectividad solo de un 40%. Por cierto, esta fase de regularización estuvo acompañada de medidas muy controvertidas, como fueron las expulsiones encubiertas de ciudadanos haitianos, a través de lo que se denominó eufemísticamente «Plan de Retorno Humanitario».
[cita tipo=»destaque»]El proceso de preparación de la dotación del nuevo servicio también está regulado en las normas transitorias y se ha desarrollado en total opacidad, con nula participación de las organizaciones sindicales, generando mucha incertidumbre en trabajadores y trabajadoras. Algunas de las principales preocupaciones dicen relación con la conformación del cuerpo jerárquico del servicio, que puede ser utilizado para tratar de mantener en el servicio a asesores de confianza no siempre idóneos que, en condiciones normales, debieran dejar sus cargos cuando culmine el actual Gobierno.[/cita]
Sin duda, uno de los aspectos más complejos del proceso 2021, será la medida que busca que aquellos extranjeros que ingresaron a nuestro país por pasos no habilitados, se autodenuncien y salgan del país para pedir residencia desde fuera de Chile. Presumiblemente, este contingente de personas está conformado mayoritariamente por ciudadanos venezolanos, que ingresaron al país acogiendo el llamado que en Cúcuta, Colombia, hizo el Presidente Piñera en febrero del 2019, incluso ya encontrándose en vigencia medidas restrictivas como la denominada visa de responsabilidad democrática, que fue complementada con el posterior visto consular de turismo para ciudadanos venezolanos.
Es en ese contexto que estas personas ingresaron al país irregularmente, en una situación de migración casi forzosa y, resulta muy previsible que no se acojan a un procedimiento totalmente incierto como el indicado en la nueva ley. Lo anterior, si consideramos que solo en tres años se han desarrollado dos procesos de regularización y que este es un Gobierno que está terminando su mandato, con elecciones a la vuelta de la esquina. Estímulos suficientes para no someterse al proceso y esperar mejores condiciones para regularizarse dentro del país.
Esto indica que, como en todo el mundo, el problema de la inmigración irregular nos acompañará por un buen tiempo, lo que un nuestro caso se ve acentuado por cuestionables decisiones gubernamentales. La performance de expulsión de extranjeros implementada el 25 de abril último, no hace sino corroborar esta hipótesis, ya que de ahí en adelante cualquier inmigrante que esté en situación de autodenunciarse, está notificado de que el plazo legal de 180 días para salir del país, una vez publicada la ley, no corre. Además, se le notificó que este proceso implica el escarnio público.
Otro elemento que comienza a visualizarse desde ya, tiene relación con la forma de operación y/o funcionamiento del futuro Servicio de Migraciones. Las normas transitorias de la ley establecen que dentro del plazo máximo de un año de publicada la ley y, a través uno o más decretos con fuerza de ley, se podrá -entre otras materias- determinar la entrada en funcionamiento del Servicio Nacional de Migraciones. Si bien estos instrumentos aún no han sido dictados, ya podemos observar con preocupación lo que será el ethos del futuro servicio: el subsecretario del Interior, a través del oficio 7.196 del 26 de marzo de 2021, instruyó a intendentes regionales y gobernadores provinciales sobre la atención de público en oficinas de extranjería en las gobernaciones provinciales.
Al respecto, en lo medular instruye que, hasta el 1 de abril y el 01 de mayo 2021, 26 y 29 gobernaciones provinciales, respectivamente, deberán dejar de recibir y tramitar solicitudes de refugio y beneficios migratorios. Después de esas fechas, las solicitudes deberán remitirse al nivel central. Lo dispuesto profundiza un escenario de absoluta concentración administrativa y territorial en el nivel central, reduce y luego elimina las prestaciones y el trabajo de Extranjería en los niveles provinciales, en los que se tomaban decisiones sobre la situación migratoria de los solicitantes, además de despersonalizar la atención a las personas migrantes.
Relacionado directamente con lo anterior, preocupan los efectos de la vigencia de la ley en los actuales trabajadores del sistema. Al día de hoy son cerca de 500 personas quienes trabajan en Extranjería, ya sea en el nivel central o en gobernaciones e intendencias. En estas últimas, el personal trabaja en precarias condiciones: grados bajos, honorarios sin beneficios, exposición a situaciones de estrés, sobrecarga laboral, sin que se vislumbre que el nuevo servicio resuelva esos temas prioritarios y urgentes para los funcionarios y funcionarias.
El proceso de preparación de la dotación del nuevo servicio también está regulado en las normas transitorias y se ha desarrollado en total opacidad, con nula participación de las organizaciones sindicales, generando mucha incertidumbre en trabajadores y trabajadoras. Algunas de las principales preocupaciones dicen relación con la conformación del cuerpo jerárquico del servicio, que puede ser utilizado para tratar de mantener en el servicio a asesores de confianza no siempre idóneos que, en condiciones normales, debieran dejar sus cargos cuando culmine el actual Gobierno.
Otra de las inquietudes las manifiestan funcionarios y funcionarias de las gobernaciones provinciales, quienes podrían verse obligados a emigrar a un nuevo servicio que funcionará en las capitales regionales. Son muchos los funcionarios que residen en provincias alejadas de la capital regional, los que se verían ciertamente perjudicados -por ejemplo, a nivel familiar o económicamente-, al tener que trasladarse diariamente cientos de kilómetros, para no perder su fuente laboral. Por último, está el riesgo del personal contratado a honorarios en programas que han servido de apoyo a las labores de Extranjería en distintos territorios, que se verán enfrentados al término de estos programas, a sabiendas que las labores de Extranjería requieren más personal que el que actualmente trabaja en el sistema.
Concluyendo, al comienzo de la vigencia de la nueva Ley de Migración y Extranjería, son muchas las interrogantes, inquietudes y dilemas sin resolver por parte de este Gobierno, que está empeñado en la aplicación exprés de cuestionables medidas que resuelvan o reduzcan la condición migratoria irregular en el país, lo que va acompañado en el mismo tono con la creación de un servicio muy concentrado, con escaso interés por la vinculación usuarios-personas y, menos aún, por los efectos que tendrá la nueva estructura y la nueva ley para los trabajadores y trabajadoras que operen el sistema.
