Opinión
Y aunque Castillo se mantiene con una ventaja de alrededor de 10 puntos sobre Fujimori, con menor nivel de resistencias a su persona que su adversaria, todavía hay un margen de casi un 30% del electorado que se declara indeciso. Así se entiende que la ofrenda por venir sea la protagonista: Castillo prometió una nueva Constitución, nacionalización de los recursos, revisión de contratos a las empresas multinacionales, 10 % del producto interior bruto (PIB) en educación y otro porcentaje igual para salud, además de donar su sueldo a sectores empobrecidos y una judicatura de elección popular. Keiko, para no ser menos, ofreció 3 mil nuevas escuelas en 5 años e incrementar las remuneraciones al profesorado, potenciar las acciones fiscalizadoras del Estado y respaldar a la pequeña y mediana empresa.
La metáfora de los espejos entre Chile y Perú ha ido ganando terreno. A pesar de sus trayectorias históricas singulares, ambas sociedades han ido convergiendo en procesos y desafíos comunes en tiempos de globalización. La revolución neoliberal de Pinochet fue calcada por el Fujimorato (1990-2001), replicando buena parte del sistema de administradoras privadas de fondos de pensiones. El estilo autoritario de Fujimori incluso le valió el mote de “Fujichet” por parte de sus opositores. Pero las coincidencias no terminan ahí.
En las protestas en Lima del 9 de noviembre de 2020 se utilizaron dispositivos performativos ensayados en Chile con ocasión del 19 de octubre de 2019, como la interpretación de “El baile de los que sobran” por parte de jóvenes manifestantes de la generación del bicentenario peruano, expresión vecinal de lo que Zaiki Laidi (2001) denominó la “mundialización de los imaginarios de las formas comunes”.
Lo mismo respecto a la transferencia de prácticas y estrategias de acceso al poder. Chile en el pasado, aunque no fue completamente ajeno al populismo –como la primera administración de Ibáñez del Campo (Pinto, 2020)–, destacó por su tradición de partidos políticos fuertemente institucionalizados, muy distante al caso de Perú, con apenas la década de los ochenta con un sistema viable de partidos. A partir de los años noventa del siglo pasado, la “farandulización” de la política alimentada desde una prensa “chicha”, se hizo la tónica en el vecino país.
[cita tipo=»destaque»]En cualquier caso, la distribución del unicameral en 10 tiendas políticas, donde la bancada de Castillo –Perú Libre– cuenta con 37 escaños, y Fuerza Popular del Fujimorismo con 24, deja claro que el futuro gobierno estará en minoría legislativa, por lo que la promesa de redención social seguirá siendo crucial para mantener cierta lealtad ciudadana. Aún así, la experiencia sugiere colocar atención en las vicepresidencias. El riesgo de destitución es pan de cada día en Perú.[/cita]
La tendencia fue gradualmente instalándose en Chile, primero con un alcalde que desde el “cosismo” bombardeaba las nubes para que lloviera y en el presente con una diputada que no duda en advertir a sus detractores de disponer de un “ejército de nietos” para apoyar su emblemática propuesta del 10% infinito.
Hoy, con las sociedades latinoamericanas convertidas en el epicentro de la pandemia, han sido expuestos los déficits estatales para enfrentar una crisis múltiple, incrementándose pobreza, precariedad y crispación social contra elites políticas tradicionales o recientes. La reacción social puede encarnarse en la protesta desde la calle, como ha ocurrido en Colombia, resultado de la ausencia de políticas públicas consensuadas para responder a la cuestión del deterioro de las condiciones de vida o, bien, sencillamente, acudir al viejo recetario populista, como testimonio de la profunda erosión de la confianza en las instituciones.
Es precisamente la posibilidad a la que se enfrenta Perú en el campo electoral. El “eterno retorno” de un ciclo deliberante circular vuelve a colocar a Perú ante la disyuntiva del cambio estructural o la mantención de lo de siempre, sin matices. Es la tesitura ideal para el maniqueísmo de la lógica populista, que las candidaturas de Pedro Castillo y Keiko Fujimori explotan, como quedó claro en la fuerte dosis de personalismo inyectada en el debate de Chota.
Tanto Fujimori como Castillo cultivan la idea de un “paraíso dorado” que se perdió o se jodió, como se dice en Perú. Pero si entendemos al sistema político en clave de Easton (1953), es decir, como «una asignación autoritaria de valores para una sociedad», las narrativas de los contendientes son muy diferentes: “La mano dura” que promete Keiko significa colocar el énfasis en restablecer el principio del Orden con mayúscula, inspirado en la década de su padre, con quien se comparó en varios pasajes de su discurso en el departamento de Cajamarca. No se puede olvidar que el denominado Fujimorato, un autoritarismo competitivo (Levitsky y Way, 2002), tiene ciertos puntos de contacto –guardando las distancias– con el shogunato japonés (siglos XII a 1868), si atendemos a la aparición de un aparato militar centrado en un comandante supremo que recibía la lealtad de los “daimios” o señores regionales.
Pedro Castillo, en cambio, es el representante indiscutido de una izquierda milenarista, que a partir de la idea de recuperación de sentido en un mundo percibido al revés (“pachacuti”), contrapone las dramáticas inequidades y desequilibrios actuales al recuerdo de una estructura social y política vernácula –el incario–, que sirve de arquetipo para solucionar los problemas del presente bajo el sello de reivindicación étnica identitaria del mundo rural. Dicho registro corresponde a la “utopía andina”, que animó movimientos y rebeliones indígenas y campesinas de los Andes Centrales desde el siglo XVI en adelante y que se proyectó sobre la propaganda del gobierno de Juan Velasco Alvarado (1968-1975), la imaginería de Acción Popular y Sendero Luminoso e, incluso, el etnonacionalismo de los Humala, que Ollanta resignó al acceder al poder.
Se trata sobre todo de un alegato contra los sectores que acumulan bienes o viven conforme a las reglas pauteadas desde el exterior, a partir de la hibridación de tradiciones narrativas indígenas, la reinterpretación del apocalipsis cristiano y, más tarde, del marxismo maoísta versión del Comandante Gonzalo. Al decir de Rodrigo Montoya (1983), la inserción senderista en la Sierra recogía el resentimiento de mayorías despreciadas por el color de piel, su forma de hablar el castellano y su vestimenta, en síntesis, la ira contra la aporofobia de la costa y el mundo moderno. Desde dicho repertorio se puede entender la escasa sintonía de las propuestas de Castillo con las agendas de la izquierda actual, ya sea de género y otras diversidades. La exigencia de la candidatura de Pedro Castillo es, básicamente, la justicia social para los que menos tienen materialmente y viven en la miseria y no, necesariamente, para quienes son discriminados en sus valores o prácticas identitarias modernas.
Por eso es que, en un contexto de carestía nacional, la competencia entre estos estilos de discrecionalismo personalista se expresa en la promesa de repartición de recursos escasos. De alguna manera es una especie de “potlatch”, como aquella ceremonia de donación (y destrucción en algunas variantes) de bienes descrita entre los aborígenes de la costa del Pacífico Norte de Estados Unidos y la Columbia Británica del Canadá. Aunque la antropología apuntó originalmente a un impulso al prestigio social en su causa, a la manera de la ostentación o la filantropía contemporánea, Marvin Harris (1975) la entendió como un mecanismo para garantizar la producción y distribución de productos entre pueblos que todavía no contaban con un grupo dirigente nítido y particularmente en época de malas cosechas, lo que hoy se puede aplicar a contextos de credibilidad política deficitaria y recesión económica. La idea central de este “potlatch” es que la fuente del poder político no reside en quien concentra la riqueza económica, sino en quien reparte mejor, lo que le conferiría reconocimiento social. En periodos que conjugan comicios y crisis, la candidatura que dé garantía de asistencia del Estado.
Desde luego, en un escenario previo de primera vuelta con alta fragmentación de las preferencias en 18 postulantes, hay que considerar otros factores, como la capacidad de generar menos anticuerpos entre el electorado. Y aunque Castillo se mantiene con una ventaja de alrededor de 10 puntos sobre Fujimori, con menor nivel de resistencias a su persona que su adversaria, todavía hay un margen de casi un 30% del electorado que se declara indeciso. Así se entiende que la ofrenda por venir sea la protagonista: Castillo prometió una nueva Constitución, nacionalización de los recursos, revisión de contratos a las empresas multinacionales, 10 % del producto interior bruto (PIB) en educación y otro porcentaje igual para salud, además de donar su sueldo a sectores empobrecidos y una judicatura de elección popular. Keiko, para no ser menos, ofreció 3 mil nuevas escuelas en 5 años e incrementar las remuneraciones al profesorado, potenciar las acciones fiscalizadoras del Estado y respaldar a la pequeña y mediana empresa.
Aunque, por cierto, mientras Keiko defiende el sistema inaugurado en tiempos de su padre a partir de la Constitución de 1993 –con lo cual se trataría de hacerlo “funcionar” mejor–, Castillo debió atemperar sus expectativas de transformación nacional, al pactar con la izquierda liderada por Verónika Mendoza el documento Compromiso con el Pueblo Peruano. El cajamarquino convino no ensayar la reelección permanente, respetar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, no obstruir el trabajo judicial y, sobre todo, que cualquier cambio institucional sería conforme al marco jurídico vigente. En parte, una modificación a algunas de sus propuestas originales.
En cualquier caso la distribución del unicameral en 10 tiendas políticas, donde la bancada de Castillo –Perú Libre– cuenta con 37 escaños y Fuerza Popular del Fujimorismo con 24, deja claro que el futuro gobierno estará en minoría legislativa, por lo que la promesa de redención social seguirá siendo crucial para mantener cierta lealtad ciudadana. Aún así, la experiencia sugiere colocar atención en las vicepresidencias. El riesgo de destitución es pan de cada día en Perú.
