Opinión
La evidencia sugiere que el programa modernizador capitalista chileno ha llevado a una persistente y valiosa reducción de la desigualdad económica, tanto de oportunidades y de movilidad social, como de ingresos, pasando desde uno de los extremos más altos de desigualdad del continente, a inicios de 1990, hacia una rápida convergencia con los niveles promedio del continente latinoamericano. La evidencia de la desigualdad en Chile a lo largo de estos últimos treinta años y la evidencia comparada de esta, indican que no pareciera existir relación alguna entre la desigualdad económica y de ingresos, que ha generado el país en estos años de modernización, con la crisis social actual. Es de esperar que el diálogo Constitucional que se avecina se despoje de la ideología y tome nota de la evidencia, para que podamos encauzar el debate de la desigualdad en torno a ciertos mínimos razonables basados en los hechos y no en la adolescente consigna callejera que solo reproduce falsos mitos.
La desigualdad en Chile es uno de los temas más mencionados en el debate nacional, al menos desde que nuestra crisis social y política se agudizó en octubre del 2019. Muchos creen que esta desigualdad económica es la fuente de todos los malestares subyacentes y algunos incluso arguyen que se encontraría en las bases generadoras del “estallido social” y de la crisis en la cual nos encontramos hoy. Así, muchos en el país creen que la desigual economía explicaría nuestra crisis y todos nuestros males, de manera que, una vez resuelta la desigualdad económica, se asume que podríamos vivir en un país armónico y con paz social. Ahora que nos aproximamos a redactar una nueva Constitución que definirá las reglas del juego económico, político y social, debemos aclarar ciertos mitos y verdades en torno a dicha desigualdad. Dado que este es un tema que posee múltiples aristas, por motivos de simplicidad, dividiremos el análisis en dos columnas temáticas. En esta primera columna veremos dos puntos simples, pero relevantes, en torno a la discusión de la desigualdad económica en Chile.
Primero, debemos reconocer que la desigualdad económica en el país es elevada –sobre todo si la comparamos con otros países de la OCDE—, por lo que sin duda debemos hacer esfuerzos institucionales y políticos por tratar de disminuirla. Ahora bien, debemos reconocer además que dicha desigualdad ha disminuido consistentemente en el tiempo desde 1990 hasta la fecha. La mayoría de la evidencia disponible (por ejemplo, PNUD, Desiguales, 2017), señala que la desigualdad en Chile no ha aumentado, sino que más bien ha disminuido en el tiempo. Desde 1990, la desigualdad de mercado y relativa de ingresos, medida tanto por el coeficiente de Gini como por el coeficiente de Palma, viene reduciéndose lenta pero persistentemente en las últimas tres décadas. Además, al utilizar la encuesta Casen, otra investigación (Sapelli, 2016) concluye que el índice Gini habría disminuido considerablemente entre los años 1992-2003 y 2000-2013. Según otro estudio (Sutter y Zahadat, 2020), entre 1990 y el 2015, Chile experimentó una reducción de un 16.61% de su índice de Gini, la tercera más grande del continente desde 1990, después de Ecuador y El Salvador.
Todos estos datos respecto a la mejora persistente en la reducción de la desigualdad y en las mejoras transversales en las oportunidades económicas para todos los estratos sociales, desde 1990 hasta la fecha, han sido corroborados por un estudio realizado por el exministro de Hacienda Rodrigo Valdés (2018). En su estudio, Valdés, estimó que el 10% más pobre de la población subió sus ingresos entre 1990 y 2015 en un 439%, y el 20% más pobre de la población en un 437%, mientras que el 10% más rico lo hizo solo en un 208%. Es decir, el bienestar económico en Chile mejoró para todos los sectores sociales, pero además se repartió sobremanera hacia los sectores medios y más pobres del país.
De esta forma, a los sectores medios y pobres de la población les fue mucho mejor, relativamente, que a los más ricos en materias de incrementar su bienestar. Valdés (2018) además demuestra que la expansión del ingreso y la mejora del bienestar de todos los sectores económicos se debe mayoritariamente al crecimiento económico y no a las medidas de redistribución implementadas en Chile. Similares resultados a los evidenciados por Valdés han sido también señalados por el economista Sergio Urzúa (2018) y por el estudio de movilidad social de la OCDE (2018).
En síntesis y como primera conclusión, el crecimiento económico de los últimos 30 años se tradujo en mejoras sustantivas para todos y dichas mejoras recayeron en mayor proporción sobre los sectores más necesitados. En otras palabras, el vilipendiado “modelo” no “chorreó” bienestar desde arriba hacia abajo, sino que impulsó la creación de bienestar ab novo desde las bases, ayudando sobremanera a los sectores de menores ingresos. Con todo, la evidencia de distintos estudios, realizados por diversos autores con distintos métodos, pareciera indicar realmente una sola cosa: una lenta pero sostenida reducción de la desigualdad económica y de ingresos en Chile. Podemos entonces concluir la primera lección de nuestra desigualdad económica: esta es alta, pero gracias a los últimos vilipendiados 30 años, ha disminuido.
Segundo, muchos creen que Chile es el país más desigual de Latinoamérica, pero esta interpretación resulta equivocada cuando analizamos la evidencia de nuestra región. Por ejemplo, si bien Chile es el país de la OCDE con uno de los coeficientes de Gini más altos de todo el grupo, cuando lo comparamos a nivel regional, las cosas son bastante diferentes. De hecho, a nivel latinoamericano, respecto a la desigualdad de ingresos medida por el coeficiente de Gini, Chile se ubica casi exactamente en la mitad de la tabla regional (ECLAC 2017). El último índice de Gini registrado en el 2015 por el PNUD era de 0,476 (PNUD 2017), mientras que el índice de Gini promedio de toda la región en Latinoamérica era de 0,469 para el 2015 (ECLAC 2017). Es decir, Chile se ubica casi exactamente en el promedio regional: ni muy mal ni muy bien en materias de desigualdad económica dentro de nuestra desigual región.
Más importante aún, si se considera la desigualdad económica en términos dinámicos, es decir, a lo largo del tiempo, en lugar de analizarla en términos estáticos, podemos reconocer que Chile, durante casi 20 años, ha reducido significativamente su coeficiente de Gini (PNUD 2017); pasando desde una de las desigualdades de ingresos más altas del continente a inicios de los años 90 (similar a Brasil, Colombia y Paraguay), hacia el promedio regional en el 2015. Entonces, bajo distintas mediciones de desigualdad de ingresos y diferentes coeficientes de Gini estimados, Chile pareciera ser hoy más igualitario incluso que muchos países latinoamericanos, como Brasil, México, Colombia, Paraguay y Ecuador, entre otros.
Sin duda podría existir evidencia alternativa que también busque mostrar lo contrario, argumentando que, bajo ciertas mediciones diversas, Chile es el país más desigual de la región; no obstante estas posibles objeciones ‒al fin y al cabo números hay para todo‒, el punto fundamental que se desprende de todo lo anterior es que la evidencia en general sopesada es, al menos, mixta, a ratos ambigua y bastante contraria a la tesis de que la desigualdad económica y de ingresos sería el factor generador o subyacente del malestar ocurrido en Chile.
Sin duda existen distintas formas de medir la desigualdad económica, siendo la más tradicional y comparable aquella basada en la encuesta Casen y el coeficiente de Gini, las cuales demuestran que la desigualdad ha disminuido considerablemente en Chile en los últimos treinta años. No obstante, existen otras mediciones, como por ejemplo las realizadas por el economista Thomas Piketty, que muestran que la desigualdad económica en Chile sigue bastante igual o estancada. De hecho, la medición alternativa de la desigualdad, que realiza el World Inequality Lab ‒liderado por Piketty‒, recopila datos de fuentes como el Servicio de Impuestos Internos (SII) y de las Cuentas Nacionales del Banco Central, para estimar la concentración de ingresos por estratos socioeconómicos. De esta manera, el último registro del Inequaility Lab evidencia que el 1% más rico de Chile concentró el 27,8% de los ingresos del país en el 2019. Esta cifra es 4,2 puntos porcentuales menor que el peak de la desigualdad en el 2003, y 0,8 puntos menor que el promedio de las últimas dos décadas en Chile.
Como segunda conclusión, entonces, una cosa queda bastante clara: la desigualdad económica en Chile no ha aumentado significativamente desde que el país abrazó el proceso modernizador capitalista. Más bien, la mayoría de la evidencia indica lo contrario: una lenta pero paulatina reducción de esta. Lamentablemente, en Chile, durante la última década, se fue instaurando el mito de que la desigualdad ha aumentado a niveles insostenibles y que una de las causas subyacentes de la crisis social sería aquella supuesta desigualdad económica lacerante que iría en aumento y que habría exacerbado nuestro modelo de desarrollo. Como hemos visto en esta primera columna, aquello es solo una invención que no coincide con la realidad. De hecho, al revisar los datos, estos no avalan dicho mito de que la desigualdad económica iría en aumento.
En definitiva, la evidencia sugiere que el programa modernizador capitalista chileno ha llevado a una persistente y valiosa reducción de la desigualdad económica, tanto de oportunidades y de movilidad social, como de ingresos, pasando desde uno de los extremos más altos de desigualdad del continente, a inicios de 1990, hacia una rápida convergencia con los niveles promedio del continente latinoamericano. La evidencia de la desigualdad en Chile a lo largo de estos últimos treinta años y la evidencia comparada de esta, indican que no pareciera existir relación alguna entre la desigualdad económica y de ingresos, que ha generado el país en estos años de modernización, con la crisis social actual.
Es de esperar que el diálogo Constitucional que se avecina se despoje de la ideología y tome nota de la evidencia, para que podamos encauzar el debate de la desigualdad en torno a ciertos mínimos razonables basados en los hechos y no en la adolescente consigna callejera que solo reproduce falsos mitos.
