Opinión
Una dimensión crucial de un programa antineoliberal es la apuesta por la descentralización y el protagonismo de las regiones. En este campo, la lectura del programa de Jadue deja en evidencia que no va más allá de los avances logrados hasta ahora y es reticente a una descentralización efectiva del poder. Es así como señala: “Con territorios tan desiguales como los existentes en Chile, una dispersión del poder estatal haría imposible toda redistribución para garantizar derechos sociales universales”. Solo se propone la transferencia a los gobiernos regionales, coordinación en materia de desarrollo urbano, los servicios de salud, la educación desde los municipios. En este mismo sentido, denota una falta de comprensión de la centralidad del desafío medioambiental y el cambio climático cuando, al caracterizar la crisis que vive el país, se la describe solo como “una grave crisis económica, social y política que es consecuencia de 30 años de acumulación de un conjunto de desigualdades, abusos y precariedades que han afectado a las grandes mayorías nacionales” (p. 3), sin siquiera mencionar los graves problemas medioambientales que vive el país y que constituyen un ámbito central de las luchas sociales de la última década.
Daniel Jadue ha presentado su programa presidencial. Quizás con la excepción de la propuesta tributaria, representa una propuesta moderada. Lleva como título “Programa de gobierno para un Chile digno, verde y soberano, plurinacional e intercultural, feminista y paritario”. La ausencia del concepto “descentralización” en el título se traduce en propuestas muy conservadoras en el campo de la regionalización. No hay medidas relevantes que vayan más allá de lo avanzado actualmente. El concepto “verde” resulta insuficiente para dar cuenta de la magnitud del desafío del cambio climático y de la tarea de entender la naturaleza como sujeto de derechos. El feminismo, que sí aparece en el título, se diluye a lo largo del programa. Más aún, el documento “chutea al córner” la necesidad de paridad en los cargos públicos, proponiendo una ley que consagre, para el 2030, que ningún sexo podrá superar el 60% en los primeros niveles jerárquicos de las instituciones del Poder Ejecutivo central (pp. 183-184).
Se trata de un programa plano que hace difícil identificar las prioridades. Carece de un relato que articule las diferentes propuestas, muchas de las cuales están desarrolladas con un detalle que acentúa la dificultad de identificar las líneas matrices del programa. Este problema queda en evidencia en la entrevista con El Mercurio (20.6.2021, pp. B.6 y B.7) del jefe del programa económico, Ramón López. No hay en la entrevista (que se leerá mucho más que el largo texto del programa, que sí alude a esta cuestión) prácticamente alusión alguna al cambio del modelo de desarrollo; tampoco a la prioridad que debe tener la lucha contra el cambio climático, ni a la necesidad de repensar la economía a partir del cuidado, de manera de pensar simultáneamente la producción, articulada, con la reproducción de la vida. Si se suman estos diversos elementos, se infiere que se trata de una mirada programática tradicional, que no termina de captar el sentido profundo del escenario surgido del 18/O.
Desde el punto de vista estrictamente económico, el programa resulta plausible. El impuesto patrimonial, la gratuidad para la educación superior pública, una pensión básica universal equivalente al 75% del salario mínimo, son medidas indispensables para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y un nuevo modelo de desarrollo. Más compleja resulta la idea de elevar la carga tributaria en más de un 10% en 4 años. Sumado al aumento del aporte patronal al sistema de pensiones, representa un shock para la economía, reñido con la gradualidad que dice impulsar el programa. Resulta sin duda más razonable, y genera tensiones económicas y políticas más manejables, la propuesta de elevar la carga tributaria en 5% en los próximos 4 años y, en los próximos 8 o 9, alcanzar la recaudación promedio de 34% de la OCDE. Esta gradualidad es, además, necesaria, pues la reforma previsional implica aumentar el aporte patronal.
Como decíamos más arriba es poco fundada la crítica de la derecha, más allá del tema tributario, de que el programa de Jadue sea poco moderado. No hay argumentos para sostener que sea algo más que un programa socialdemócrata, normal en cualquier país de Europa occidental. No obstante, como queda en evidencia en la citada entrevista en El Mercurio del jefe de programa de la candidatura de Jadue, por la militancia del alcalde de Recoleta en el PC y por su personalidad polémica, el personero se siente obligado a aclarar cuestiones insólitas que prefiguran falta de credibilidad ante un eventual gobierno de Jadue: “Nadie está pensando en olas estatizadoras, ni reinstalar el régimen soviético o el modelo de Allende”; más adelante agrega que “este no va a ser un gobierno comunista. Yo no soy comunista, soy independiente… lo único que va a hacer es darle más prominencia al Estado. Eso no quiere decir hacer desaparecer al sector privado, sería una locura, si ellos producen empleo, inversión”.
Es claro que esas respuestas responden a la campaña del terror de la derecha; el problema es que cualquier medida razonable que proponga Jadue va a ser leída con una profunda desconfianza, lo que puede dificultar el programa de transformaciones. Esta situación se expresa con claridad cuando, el mismo personero, refiriéndose a los beneficios asociados al diésel, afirma: “Ahí tengo una preocupación por los efectos políticos que puede traer. Puede afectar mucho al gremio de los camioneros y sabemos cómo son, bravísimos, por eso hay que tener cuidado”. Esto es complejo y parece confirmar la baja relevancia que el programa de Jadue le asigna al desafío medioambiental.
El retiro del 100% de los fondos que propone el programa, es una medida incomprensible, pues puede implicar que la persona se quede sin fondos para enfrentar la vejez y el Estado, en consecuencia, no la podrá dejar morir y deberá asumir su sustento. Se podrá argumentar que ello se hace para generar tranquilidad en la ciudadanía, pero sin duda es inconsistente con la obligatoriedad necesaria de las contribuciones a la seguridad social.
La reforma tributaria va a ser, sin duda, la primera “madre de todas las batallas” de un eventual gobierno de las izquierdas y centroizquierda. Preocupa la insuficiente comprensión del problema político que esta reforma implica. López parece creer que el problema político se resuelve aduciendo que los recursos generados van a ser utilizados en financiar los distintos beneficios sociales y que ello contribuirá a la paz social, pues “los empresarios tendrán mejores trabajadores, más felices, más productivos”. Lamentablemente, no es el tema. El problema político radica en generar un apoyo político muy amplio para no solo aprobar la reforma, sino que además lograr neutralizar la campaña antirreforma que desarrollará la derecha y el empresariado. Ello es condición para alcanzar los beneficios, que señala López, se alcanzarán.
El programa de Jadue tiene una clara dimensión antineoliberal, que el programa de Boric comparte en lo fundamental, en lo referido a transformar las pensiones, la salud y la vivienda en derechos universales. No obstante, ello es solo una parte de lo que configura un programa antineoliberal; en las otras dimensiones, el programa del alcalde de Recoleta se queda muy corto.
Para profundizar en la afirmación del título de esta sección, es necesario precisar brevemente lo que se entiende por neoliberalismo.
Neoliberalismo no es solo una propuesta que buscó la privatización y la desregulación de la economía, la eliminación de los sindicatos y la transformación de los servicios sociales en negocios. Como deja en evidencia la lectura de los “gurús” neoliberales tipo Hayek y Friedman, por una parte, y los teóricos de la Escuela de la Elección Pública, por la otra, el neoliberalismo es en primer lugar un intento por limitar y retrotraer la aspiración ciudadana –abierta por la Revolución Francesa y desarrollada por los partidos obreros y la generalización del derecho a voto en el siglo XX– al autogobierno. El neoliberalismo representó, en tal sentido, el intento de blindar al sistema político frente a la incidencia de la mayoría ciudadana democrática.
Frente a esto, el programa de Jadue, en la introducción que pretende dejar claras las líneas matrices de la propuesta, propone “iniciar un camino basado en la más amplia participación de todas y todos los actores sociales para construir ese Chile que tanto soñamos”. No es suficiente una frase para enfrentar el eje central del neoliberalismo; se requiere impulsar la democratización radical de la sociedad y política chilena. Una apuesta audaz sobre el perfeccionamiento de la democracia representativa, un fuerte impulso a la democracia directa, participativa y deliberativa, que dé fuerzas renovadas a la sociedad civil, enganchando con la experiencia del 18/O y los cabildos. Esto incluye la necesidad de repensar las instituciones autónomas que enajenan la decisión de la ciudadanía sobre las políticas públicas y entregan la decisión sobre los principales aspectos de nuestras vidas a tecnócratas a menudo capturados por las grandes empresas.
Una dimensión crucial de un programa antineoliberal es la apuesta por la descentralización y el protagonismo de las regiones. En este campo, la lectura del programa de Jadue deja en evidencia que no va más allá de los avances logrados hasta ahora y es reticente a una descentralización efectiva del poder. Es así como señala: “Con territorios tan desiguales como los existentes en Chile, una dispersión del poder estatal haría imposible toda redistribución para garantizar derechos sociales universales”. Solo se propone la transferencia a los gobiernos regionales, coordinación en materia de desarrollo urbano, los servicios de salud, la educación desde los municipios (pp. 200-2008).
En este mismo sentido, denota una falta de comprensión de la centralidad del desafío medioambiental y el cambio climático cuando, al caracterizar la crisis que vive el país, se la describe solo como “una grave crisis económica, social y política que es consecuencia de 30 años de acumulación de un conjunto de desigualdades, abusos y precariedades que han afectado a las grandes mayorías nacionales” (p. 3), sin siquiera mencionar los graves problemas medioambientales que vive el país y que constituyen un ámbito central de las luchas sociales de la última década. Expresión de ello es la fuerte presencia de los luchadores por el agua y el medioambiente en la Lista del Pueblo.
No es posible formular la idea de un nuevo modelo de desarrollo sin incorporar estas dimensiones; tampoco, sin abordar el desafío de la descarbonización y el nuevo rol del Estado, que pasa por su profunda democratización.
