NUEVA CONSTITUCIÓN
Una serie de propuestas para potenciar el control ciudadano y la confianza de la opinión pública en la Convención Constitucional, fueron analizadas en un seminario con la sociedad civil y convencionales electos, organizado por el CPLT junto con El Mostrador. Una de las medidas es hacer extensivas las normas del lobby al secretario técnico, los asesores de los convencionales y los miembros de la Secretaría Técnica, quienes también deberán entregar registros públicos de sus viajes, donativos, así como de sus reuniones con lobbistas y gestores de interés. “Es fundamental implicar a todas las personas que estén vinculadas orgánicamente a la Convención”, compartió el convencional Ricardo Montero (PS), mientras Pablo Toloza (UDI) indicó que es importante la generación de una Comisión de Ética y Transparencia, distinta a la que funciona en el Congreso. En tanto, Bárbara Sepúlveda (PC), convencional por el distrito 9, fue más allá y propuso también “el levantamiento del secreto bancario de todos los constituyentes” [ACTUALIZADA]
Desde el próximo domingo 4 de julio, fecha de su instalación, la Convención Constitucional estará en la mira de todo Chile y, por ello, es imperativo que su trabajo en materia de lobby y gestión de intereses esté regulado para que responda cabalmente a la confianza ciudadana.
El tema fue analizado en un webinar organizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT) con El Mostrador, el que contó con la participación de los convencionales constituyentes Bárbara Sepúlveda (PC), Ricardo Montero (PS) y Pablo Toloza (UDI), además del director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, y la presidenta del CPLT, Gloria de la Fuente.
Una de las propuestas que marcó el panel fue ampliar la fiscalización a otros actores del proceso, además de los 155 convencionales. Vale decir, hacer extensivas las normas del lobby al secretario técnico, los asesores técnicos que tendrán los convencionales y los miembros de la Secretaría Técnica, quienes también deberán entregar registros públicos de sus viajes, donativos, así como de sus reuniones con lobbistas y gestores de interés.
También se propuso la ampliación de los sujetos obligados a declarar sus intereses y patrimonio, extendiéndolo además al secretario general y a los miembros de la señalada Secretaría Técnica.
El objetivo, coincidió la presidenta del Consejo para la Transparencia, es “restringir al máximo los espacios extrainstitucionales en la toma de decisiones. Aquí lo que importa es generar igualdad de condiciones de cara a la ciudadanía respecto a cómo funciona la toma de decisiones”.
La idea es compartida por el convencional Ricardo Montero, para quien “es fundamental implicar a todas las personas que estén vinculadas orgánicamente a la Convención”. “Creo que cada órgano de la Convención y cada asesor de la Convención debe ser examinado bajo estos criterios, estos deben ampliarse y no restringirse a la ley actual”, subrayó el representante del distrito 18 (Maule).
El director de Chile Transparente, por su parte, añadió que todos los participantes de la Convención deberán llevar una agenda propia de lobby, “que es más bien la agenda que tiene que ver con las reuniones entre el sector público y el sector privado, donde se busca influir en la toma de decisiones de un convencional constituyente”. «Si se puede superar el estándar mínimo de probidad y transparencia, bienvenido sea”, expresó.
Además, proponen que exista una publicación de las agendas de todas sus actividades en general, “para que durante este plazo de un año, el ciudadano pueda hacerles un seguimiento a las actividades públicas de los convencionales”.
La presidenta del CPLT, Gloria de la Fuente, destacó en su intervención que “parte importante de la confianza en el proceso constituyente no solo tiene que ver con cómo quede redactado finalmente el texto constitucional, sino que todo el proceso tenga una mirada y control de la ciudadanía. Efectivamente, la actividad de lobby va a existir, y como Consejo creemos que debemos ir más allá de lo que se registra”.
Otra de las ideas es incorporar el deber de abstención en votaciones en las que los convencionales presenten un conflicto de intereses. Al respecto, la constituyente Bárbara Sepúlveda opinó que esto es clave, por ejemplo, en los casos de “personas que son dueñas de derechos de aprovechamiento de agua y su conflicto de interés se vuelve evidente. En mi opinión, la abstención debiese ser también de la discusión”.
La convencional por el distrito 9 fue más allá y propuso también “el levantamiento del secreto bancario de todos los constituyentes, con una autorización previa, para que los organismos fiscalizadores puedan monitorear nuestras cuentas bancarias de los constituyentes, durante y después de la Convención”.
Por otro lado, Alberto Precht sostuvo que es fundamental facilitar la denuncia ciudadana mediante mecanismos de denuncia anónima. “En Chile no existen estatutos de protección a los denunciantes, pero creemos que es muy importante que funcionarios externos puedan denunciar si ven irregularidades en el cumplimiento de estas normas”, indicó.
También planteó establecer una Comisión de Ética y Transparencia externa que supervise el cumplimiento de las obligaciones legales de las y los convencionales en materia de lobby, conflictos de intereses y probidad. Esta sería una comisión independiente, electa por mayorías calificadas, la que podría sancionar a los convencionales.
Al respecto, Pablo Toloza puntualizó que es importante la generación de una comisión independiente y que sea distinta a la que funciona en el Congreso. “Creo que la Comisión de Ética de la Cámara no funciona mucho, para un lado y para otro. Creo que es bastante ridículo en el sentido de que las sanciones que se producen son casi como ‘te fuiste a la esquina y te ponen un gorrito’”, indicó el representante del distrito 3.
Los participantes también abordaron el tema de la dedicación exclusiva de los constituyentes. Al respecto, la presidenta del CPLT señaló que “la exclusividad, más allá de las actividades remuneradas o no, es algo deseable por la magnitud de la tarea que es la redacción de una Constitución”.
Sin embargo, los constituyentes difieren en este punto. Mientras Bárbara Sepúlveda está de acuerdo con la dedicación exclusiva, Pablo Toloza no opina lo mismo, argumentando que con el sueldo establecido para los constituyentes no le alcanzará para mantener a su familia.
