A favor del jurado

En su edición del día 24 de junio aparece una interesante columna, en que un grupo de abogados sostiene que los argumentos que se vienen dando en favor de instalar en Chile el sistema de jurados son poco específicos. Estoy en parte de acuerdo con esa crítica y quisiera tomar el desafío planteado, intentando entregar algunos argumentos muy concretos que, en mi opinión, justifican la idea del jurado como un componente válido de un conjunto de medidas destinadas a fortalecer la legitimidad de nuestro sistema judicial.

En primer lugar, algo sobre la experiencia argentina. En mi opinión, lo que resulta más interesante es que ha permitido resolver adecuadamente algunos casos que sin jurado habrían traído enormes efectos deslegitimantes y, además, aunque esto es opinable, habrían sido mal resueltos.

Me refiero, por ejemplo, a casos de exceso en la legítima defensa, es decir, policías o ciudadanos que en el contexto de un delito matan o hieren gravemente al agresor. La percepción que de estos hechos suele tener la población es muy diferente a la que suele prevalecer en la comunidad jurídica. Lo más probable es que jueces profesionales hubiesen dado una pena a lo menos simbólica en algunos de estos casos, en tanto que los jurados han tendido a absolver.

Otra situación ha sido la de casos en que la defensa acusa a la policía de falsear pruebas o armar casos contra personas inocentes pero que tienen prontuarios importantes. La percepción en algunas jurisdicciones es que los vínculos entre policías, fiscales, jueces y autoridades políticas locales no permite que los jueces puedan actuar con verdadera independencia cuando se trata de situaciones en que la posición de la defensa supone cuestionar radicalmente la conducta policial en su relación con la criminalidad común. Los jurados, en cambio, no tienen esos vínculos y en algunos casos han dictado fallos absolutorios que habrían sido difíciles de imaginar en otro contexto.

[cita tipo=»destaque»]Además de ayudar a la resolución de esos casos problemáticos, el jurado ha permitido que, en otros casos que no lo son, se despejen sospechas sobre prácticas obscuras, que en realidad son menos generalizadas de lo que suele creerse. También ha contribuido el jurado a que los profesionales del sistema se acostumbren a trabajar asumiendo que sus actuaciones pueden ser en algún momento examinadas por personas que no forman parte del círculo profesional estrecho en el que suelen operar.[/cita]

El efecto del jurado, en casos como los descritos, es entonces doble. Por una parte, se legitima una decisión que difícilmente habría sido aceptada de provenir de jueces profesionales. Y, por otra parte, permite introducir al proceso de determinación de los hechos puntos de vista distintos a los que suelen ser compartidos al interior de la comunidad profesional. A mí me parece que ambos efectos son en general virtuosos.

Pero además de ayudar a la resolución de esos casos problemáticos, el jurado ha permitido que, en otros casos que no lo son, se despejen sospechas sobre prácticas obscuras, que en realidad son menos generalizadas de lo que suele creerse. También ha contribuido el jurado a que los profesionales del sistema se acostumbren a trabajar asumiendo que sus actuaciones pueden ser en algún momento examinadas por personas que no forman parte del círculo profesional estrecho en el que suelen operar.

En el caso de Chile, me parece que primero es necesario constatar que existe un grave proceso de deslegitimación del sistema judicial. Desgraciadamente, importantes sectores de la población no entienden su lógica de funcionamiento y además, en algunos casos, repudian decisiones que consideran aberrantes.

Tal rechazo aparece evidenciado en todas las encuestas. Durante el estallido social los recintos policiales, del Ministerio Público y de los Tribunales fueron objeto privilegiado de múltiples ataques. Pero, aun antes de eso, hace ya varios años, se ha hecho común que cada cierto tiempo haya levantamientos populares contra fiscalías y juzgados, algunos de los cuales han sido bastante graves.

La consecuencia más evidente y quizás más peligrosa del distanciamiento entre el sistema judicial y la población es que el primero queda en una posición de gran vulnerabilidad frente al poder político o diversos intereses creados que buscan manipularlo para sus propósitos. Un buen ejemplo de esto son las reformas legales demagógicas que suelen promoverse y que a veces se aprueban y la creciente degradación de los sistemas de nombramientos de algunos funcionarios de gran relevancia. En los países en que los sistemas judiciales son apreciados por la población, la sociedad civil reacciona frente a los intentos de manipulación que siempre existirán.

El resultado de este proceso perverso de desprestigio lo hemos contemplado hasta el hartazgo en América Latina. Sistemas judiciales desprestigiados frente al público, los que, debido a su aislamiento, pueden ser atacados y manipulados por los poderes fácticos, lo que a su vez profundiza su desprestigio.

Creo que en el debate constitucional es necesario hacerse cargo del problema y establecer las bases para un proceso de relegitimación social del nuestro sistema de justicia. La agenda para dicho proceso es amplia y no puede limitarse al jurado. Las desconfianzas de la población suelen estar centradas en muchas otras cuestiones, como la decisión de perseguir, en las medidas cautelares o en el acceso a la justicia. El jurado puede constituir un símbolo importante, un primer paso que abra un debate, pero en ningún caso uno que lo dé por concluido.