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Crédito: ATON
La investigación por eventuales delitos tributarios, cohecho y soborno, estará en manos de Claudia Perivancich, fiscal regional de Valparaíso, según comunicó Marta Herrera Seguel, directora de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público. Se trata de la misma prosecutora del caso SQM y que tiene en sus manos la causa por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. La decisión de la Fiscalía hace aún más gris el escenario para Piñera, dado que se suma a la del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que admitió a trámite una querella en su contra, y refuerza la presentación de una acusación constitucional en su contra por parte de la oposición en la Cámara de Diputados. Marta Herrera explicó que la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía considera que los hechos conocidos recientemente sobre la compraventa de minera Dominga “no están expresamente incluidos en la decisión de sobreseimiento” del caso Exalmar en 2017, tesis que desarticula la versión de La Moneda, el Presidente y su abogado Juan Domingo Acosta, que insisten en que no hay datos nuevos. De hecho, indicó, “el contrato en inglés suscrito en las Islas Vírgenes no estaba incorporado” en dicha investigación original [ACTUALIZADA]
Un mazazo al Presidente Sebastián Piñera propinó este viernes el Ministerio Público al comunicar que el Fiscal Nacional Jorge Abbott decidió abrir de oficio una investigación penal por los “Pandora Papers”, por eventuales delitos tributarios, cohecho y soborno.
La investigación estará en manos de Claudia Perivancich, fiscal regional de Valparaíso, según comunicó Marta Herrera Seguel, Directora de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público.
Con su decisión, Abbott evitó poner sobre sus hombros el peso de la investigación, y optó por derivarla a la misma prosecutora que ya tiene en sus manos la indagatoria por el caso SQM y la causa por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.
En cuanto a los plazos, en la Fiscalía apuntan a que todo se hará con premura, dado que “son hechos que deben ser esclarecidos prontamente, la investigación debe tener plazos acotados”, señaló Marta Herrera.
“Los antecedentes podrían revestir caracteres de delitos de cohecho, y su correlato de soborno y eventuales delitos tributarios”, enfatizó Herrera, respecto a los antecedentes revelados en el capítulo chileno de los Pandora Papers- que dio cuenta de una millonaria operación en Islas Vírgenes Británicas (BVI) para la compraventa de minera Dominga, con el empresario y uno de sus históricos amigos del Presidente, Carlos Alberto «Choclo» Délano, con una millonaria cláusula que condicionaba el pago a que no se declarara bajo protección ambiental la zona donde se instala el proyecto.
La decisión de la Fiscalía hace aún más gris el escenario para La Moneda, dado que se suma a la del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que ordenó abrir un proceso penal en contra del Presidente Sebastián Piñera, luego de admitir a trámite una querella del abogado Luis Mariano Rendón.
El escenario es aún más complicado para el Jefe de Estado, dado que la determinación del Ministerio Público refuerza la presentación de una acusación constitucional por parte de la oposición que reclama que los hechos develados en los “Piñera Papers” infringen las normas de probidad, de acuerdo al artículo 8° de la Constitución, y “afectan la honra de la nación”. El libelo sería presentado la próxima semana y ya hay varios diputados de la derecha que se han manifestado en reflexión, lo que sellaría la suerte del Mandatario al menos en la Cámara Baja.
Marta Herrera explicó que Abbott tomó la decisión tras un informe de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía que consideró que los hechos conocidos recientemente sobre la compraventa de minera Dominga “no están expresamente incluidos en la decisión de sobreseimiento” del caso Exalmar del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago de 2017.,
Dicha tesis inicial de la Fiscalía desarticula la versión de La Moneda y el Presidente, que han insistido en todos los tonos que no hay antecedentes nuevos en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, divulgados en Chile por los medios Ciper y LaBot.
En este sentido, indicó que “el contrato en inglés suscrito en las Islas Vírgenes no estaba incorporado” en dicha investigación original, desestimando así también la versión entregada por el abogado del presidente, Juan Domingo Acosta.
Sobre la investigación original del fiscal Manuel Guerra, que ha sido ampliamente cuestionada por no tocar esta operación de la minera Dominga, la Directora Unidad Especializada Anticorrupción aseguró que “a nuestro parecer se apega a lo que se estaba imputando en la querella y su ampliación”, vale decir el caso Exalmar y lo relativo a Dominga en su arista Barrancones.
Con todo, respecto a los delitos que serán materia de investigación, Herrera detalló que «evidentemente que el pago del precio podría constituir la coima y, por lo tanto ahí, nosotros podemos establecer un delito de cohecho para -insisto- funcionario público. Para particulares, en este caso señor (Carlos) Délano, un delito de soborno».
“Por cohecho tiene las penas anteriores a la modificación del año 2018, por lo tanto llegamos a una pena de unos 5 años, una cosa así, Pero eso es difícil decirlo porque entran muchos otros antecedentes de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, etcétera», añadió.
