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Propuesta de Nueva Constitución
Cómo será la nueva Constitución: propuestas de convencionales coinciden en nuevos derechos como medio ambiente, grupos históricamente excluidos, ciencia y cultura NUEVA CONSTITUCIÓN Crédito: ATON

Cómo será la nueva Constitución: propuestas de convencionales coinciden en nuevos derechos como medio ambiente, grupos históricamente excluidos, ciencia y cultura

Un estudio del Observatorio Nueva Constitución dio cuenta que del total de propuestas presentadas hasta ahora por los convencionales, las que se repiten con mayor frecuencia se refieren al ítem medio ambiente (176) en la cual se proponen enfrentar el cambio climático, la justicia ambiental y la participación ciudadana en estas materias entre otros. Le siguen temas de género y diversidad sexual (162), recursos naturales (143), ciencia y tecnología (80), cultura (70) y niños, niñas y adolescentes (69). “De estos resultados podemos concluir que estaremos en presencia de una nueva Constitución con evidentes elementos diferenciadores de la actual arquitectura constitucional”, señala el estudio.


«Las propuestas constitucionales de los 155 convencionales, la línea de base para analizar la discusión constitucional que se inicia» es el nombre del estudio publicado por el Observatorio Nueva Constitución, y que -ahora que se inició la discusión de fondo en el órgano constituyente- despeja cuáles con los contenidos compartidos que deberían estar presentes en el futuro texto constitucional.

A partir del análisis de las propuestas que en su momento los 155 convencionales electos presentaron en sus programas ante el Servicio Electoral, el estudio identificó tres nuevos derechos que podrían ser incluidos en una futura Carta Fundamental: medio ambiente, grupos históricamente excluidos, ciencia y cultura. “De estos resultados podemos concluir que estaremos en presencia de una nueva Constitución con evidentes elementos diferenciadores de la actual arquitectura Constitucional”, señala el informe.

El documento fue elaborado por el equipo de contenidos del Observatorio Nueva Constitución coordinado por los académicos Francisco Espinoza, Claudio Fuentes y Carolina Meza, además de la colaboración de Gonzalo Parra. También contó con la cooperación de 23 ayudantes de las Universidad de Chile, Universidad Austral de Chile, Universidad Católica del Maule, Universidad de Santiago de Chile y Universidad Diego Portales.

Además, el estudio separó los hallazgos por sectores políticos. “Por lo tanto nos permite visualizar cuáles son sus opciones frente a cómo será la constitución que se va a construir”, enfatiza el coordinador académico del Observatorio Nueva Constitución, Tomás Jordán.

Una nueva arquitectura

Al hacer un análisis de los datos, el informe revela que en términos políticos se comienza a edificar una Constitución que abandona el híper-presidencialismo actual, con una clara necesidad de equilibrio de poderes entre Ejecutivo y Legislativo, ya sea por medio de un presidencialismo atenuado con mayores atribuciones del Congreso (parlamentarizándolo) o un semi-presidencialismo donde el Congreso tiene un rol en el gobierno.

Asimismo, las propuestas coinciden en un  alejamiento del modelo de Estado unitario que conocemos y el nuevo modelo comprenderá una mayor distribución de poder político, administrativo y financiero, “aunque aún no es del todo clara la profundidad de cada uno de ellos”, acota el informe.

En cuanto a los derechos fundamentales, las propuestas de los convencionales comparten la idea de una Constitución con una impronta fuerte de los derechos sociales, cuestión que se ligará, necesariamente al modelo político de Estado (subsidiario versus social).

Y en cuanto a los pueblos originarios, los planteamientos confluyen en una nueva Constitución que reconocerá y contendrá un estatuto de los pueblos indígenas, seguramente bajo la fórmula de plurinacionalidad u otra equivalente, marcada por la representación política en los órganos del Estado, el reconocimiento de sus instituciones políticas, sociales y culturales y su propiedad; conformando un nuevo modelo de Estado caracterizado por la autodeterminación política, su propio modelo de desarrollo y derechos cultuales, añade el informe.

Nuevos focos

Del total de propuestas, las que se repiten con mayor frecuencia se refieren al ítem medio ambiente (176) en la cual se proponen enfrentar el cambio climático, la justicia ambiental, la participación ciudadana en estas materias entre otros. Seguido por el tema de Género y Diversidad Sexual (162), donde las principales propuestas son la equidad e igualdad de género, derechos sexuales y reproductivos, lo que incluye el aborto, la educación sexual integral, la libertad reproductiva y la autodeterminación sobre el propio cuerpo. Le sigue la erradicación de la violencia de género con un rol central del Estado para propiciar esta situación.

En materia de recursos naturales, se presentaron 143 propuestas que buscan establecer el agua como un derecho y aquellos que plantean que debe ser considerado como un bien nacional de uso público. Las otras materias identificadas corresponden a la nacionalización de los recursos naturales, la definición de los recursos naturales como bienes comunes, la regulación de la explotación y la importancia de la energía y la diversificación de la matriz productiva del país. A ello se suman los derechos ligados a la ciencia y tecnología (80), cultura (70) y niños, niñas y adolescentes (69).

Lo anterior podría significar que la Constitución sea una de las pocas a nivel mundial en integrar estos derechos y prioridades. Así lo explica el académico y coordinador del estudio, Francisco Espinoza destacando que «lo relevante de esto es que dan cuenta de los cambios generacionales que estamos viviendo en Chile demostrando una preocupación transversal por estas materias, no ha quedado solo en una idea en el papel, sino que ha ido avanzando en todas las etapas de la CC y se han logrado incorporar en su orgánica interna».

«Por ejemplo -continuó Espinoza-, en materia de medio ambiente, se ha creado una Comisión Temática permanente para abordar todos estos elementos y discutir el modelo de desarrollo económico de nuestro país. Lo mismo ocurre con la ciencia, tecnología, arte y cultura, que tras la presión de un grupo de convencionales, logró constituirse como una comisión permanente, que entre otras cosas discutirá sobre el rol del Estado en estas materias y la forma de garantizar su acceso a la ciudadanía».

«Finalmente, en cuanto a la incorporación de grupos históricamente excluidos, el reglamento de participación popular ha considerado medidas para asegurar su participación y se propondrán distintas metodologías para estos efectos», manifestó.

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