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La ahora exjefa del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, Cecilia González Caro, quien ejerció el cargo desde 2018 hasta este mes, ha estado en la línea de decisiones de compra de casi 30 mil millones de pesos, entre 2019 y 2021, adjudicados al laboratorio GlaxoSmithKline (KSG), por contratos para proveer tres vacunas que son obligatorias hace años en el país. El problema es que antes de ingresar al ministerio ejercía un alto cargo justamente para ese laboratorio, de matriz británica. Las autoridades del Minsal informaron que, hasta el momento, no han logrado encontrar la documentación que dé testimonio de una declaración de inhabilidad ante esos procedimientos, así como tampoco su declaración de patrimonio.
La doctora Cecilia González Caro es desde 2018 la jefa del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsal) y, a pesar de contar con una valoración positiva de su gestión en estos años de pandemia, actuando en el grupo de negociación de las vacunas contra el COVID, está en el meollo de un conjunto de acciones teñidas de un claro conflicto de intereses. Esto, debido a que durante 8 años González fue la directora médica del laboratorio de origen británico GlaxoSmithKline Farmacéutica Limitada, GSK (fusión de los laboratorios Glaxo Wellcome y SmithKline Beecham), mismo que durante tres años consecutivos se ha adjudicado casi $30 mil millones en contratos para proveer tres de las vacunas obligatorias en el sistema de salud.
Solo como un ejemplo, baste citar que durante 2021 el Departamento de Inmunizaciones que dirige Cecilia González Caro adjudicó casi $15 mil millones a su antiguo empleador, GSK, en la compra de las vacunas que forman parte del Programa Nacional de Inmunización. Esta relación ha generado serios cuestionamientos sobre esos contratos, dada la cercanía de la funcionaria con su ahora contraparte en las negociaciones.
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Aunque su tarea más urgente es el COVID-19, la misión del Departamento de Inmunizaciones del Minsal es la “protección de la población residente en Chile, frente a enfermedades inmunoprevenibles relevantes para la salud pública, con calidad, seguridad y eficiencia, acorde al desarrollo biotecnológico y la evidencia científica”, según se lee en la web institucional.
En ese contexto, esta repartición, que depende de la Subsecretaría de Salud Pública, hace años que compra 16 vacunas de provisión gratuita contra enfermedades “inmunoprevenibles relevantes para la salud pública”, algunas de ellas prácticamente erradicadas, precisamente, gracias a esta política pública que se aplica desde 1978.
Según datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), dependiente del Ministerio de Hacienda, el fisco gastó $122.426.158 millones en este programa durante el año 2021, sin contar las vacunas contra el COVID-19.
Al revisar la plataforma de Ley de Lobby, se constata que la doctora González Caro se ha reunido con la gran mayoría de los representantes de las farmacéuticas en Chile. Pero, en la práctica, las licitaciones en Mercado Público para estas inyecciones, específicamente las vacunas contra la hepatitis A, hepatitis B y la vacuna triple que previene la difteria, el tétano y la tos convulsiva (dTpa), han favorecido al laboratorio GSK.
Como se indicó, entre 2019 y 2021 el laboratorio GSK se ha adjudicado casi $30 mil millones por la provisión de estas tres vacunas ($29.606.138.985), aunque existen otras farmacéuticas que proveen un producto equivalente y a precios similares.
Al buscar en detalle en las compras realizadas por la central de compras Cenabast, se destaca que en 2019 este organismo público compró un total de $7.985.256.720 en vacunas triples contra la difteria, el tétano y la tos convulsiva. Mientras que entre febrero y marzo de 2020 compró dosis de la misma vacuna, siempre al laboratorio GSK, por un total de $6.006.060.000.
Por último, en 2021, la Cenabast le compró a GSK la vacuna triple obligatoria dentro del plan estatal, por un monto que ascendió a $11.322.900.000. A este total se suma la compra por parte de la señalada institución pública de las vacunas contra la hepatitis A que, en 2021, sumaron la cantidad de $2.695.000.000.
Un punto es que Contraloría ha estipulado que todos los funcionarios públicos que tienen grado 5, el más alto en escala de profesionales, por Transparencia Activa, deben firmar una declaración de intereses y otra de patrimonio. Y en este tipo de roles es clave, porque se deben resolver o proponer desde cualquier ángulo, técnico o económico, elementos para que incidan en la decisión de contratación, en la asignación de un contrato a una u otra empresa. Y esa obligación existe, independientemente de si la persona tiene carácter legal de funcionario público o esté a honorarios.
Pero, además, en el Ministerio de Salud ese tipo de decisiones a veces se procesan colegiadamente y existen distintos comités donde se toman decisiones de mérito técnico, sanitario, clínico, pero que tienen impacto en el mercado, en las industrias.
Si se trata de un proceso previo a decisiones de compra, debe haber un Acto Administrativo, que indica el comité que funcionó, y allí queda fijado en tiempo y espacio el documento o acta donde se tomó decisión de asignar la compra a tal empresa. Ese acto tiene muchos documentos, análisis, etc., y cuando es mucha plata, debiera haber trazabilidad sobre quién decide la compra. Y es ahí donde debería estar la constancia del vínculo anterior con GSK de la doctora Cecilia González Caro, lo que debería traducirse, en este caso, en una declaración de inhabilidad, lo que no ocurrió o no hay constancia de que haya ocurrido.
El otro aspecto tiene que ver con la curva del comportamiento en la asignación del contrato, que se muestra sospechosa, por lo que en tal Acta deben estar los argumentos y parámetros técnicos que dialoguen mejor con las definiciones hechas por el ministerio, por ejemplo, para resguardar las acciones de la autoridad en estas materias.
“Pero aquí parece y huele mal, dado que se trata de una persona que trabajó en una empresa y desde que está en el ministerio, hay un comportamiento de la institución en decisiones donde ella está en la línea del trámite por su jefatura. La discusión aquí es: por los montos y la relación, hay que ver cuál es el control social dentro del trámite más burocrático, porque todas estas son decisiones de autoridades y se procesan con una resolución administrativa, entonces, hay algún nivel de control, porque pasa por el área financiera, técnica, legal, antes de la firma, por lo que no es que una o dos personas se echaron todo el trámite en el bolsillo, y si ocurrió aquello, es aún peor”, declaran las fuentes denunciantes.
“Es muy raro, porque para comprar cualquier cosa se tiene un gran nivel de control, por lo que decisiones de compras de este nivel, como comprar una u otra vacuna, o que el Minsal diga que una enfermedad es o no GES, hay un estudio econométrico, clínico y de efectividad detrás, o sea, eso debe estar en el Acta”, agregan, porque si bien no se está obligado a comprar lo más barato, sí se debe justificar una compra más cara.
Para verificar si la documentación y los procesos de esas compras están en regla, incluida la declaración de inhabilidad de la doctora González Caro en esos casos puntuales, se tomó contacto con las nuevas autoridades del Minsal asumidas el lunes recién pasado. Sin embargo, las nuevas autoridades informaron que se encuentran en la búsqueda de esos informes, y no es posible –aseguran– emitir alguna comunicación al respecto, hasta no contar con todos los antecedentes. Por su parte, la jefa de Inmunizaciones cuestionada no quiso contestar a las preguntas de El Mostrador.
Y la sombra de duda se debe a que esta no es la primera vez que se hace patente un conflicto de intereses entre el Minsal y un laboratorio que provee medicamentos.
Recordemos que, en junio de 2019, Juan Carlos Corbeaux, entonces coordinador técnico de abastecimiento de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), fue despedido a poco de asumir el ministro Jaime Mañalich, por cuestionamientos surgidos a raíz de entre marzo de 2018 y junio de 2019 el mismo laboratorio GSK se adjudicó $45 mil millones, un incremento importante si se considera que durante los cuatro años del segundo Gobierno de Michelle Bachelet esta compañía consiguió contratos por 17 mil millones.
Y muchos de los contratos con GSK que visó Corbeaux, representando a la Cenabast, fueron por trato directo, y una ofensiva comunicacional del diputado Juan Luis Castro tornó insostenible su permanencia. Pero el tema ahí no fueron las millonarias compras por sí solas, sino que Corbeaux –hoy profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile–, entre 2009 y 2016, o sea, durante 11 años, fue el gerente general de GSK en el país.
En ese lapso coincidió con la doctora Cecilia González Caro, por lo que en el Minsal no dudan sobre su cercanía. Por ello, frente a posibles conflictos de intereses, se revisaron compras de tres vacunas en particular, que benefician considerablemente a GSK, su exempleador.
Sin embargo, el caso de Cecilia González Caro es muy diferente al de Corbeaux. Ella es pediatra e infectóloga de la Universidad de Chile, y participó en el proceso de negociación y compra de las vacunas contra el COVID, junto a la exsubsecretaria Paula Daza, el exministro Andrés Couve y el exsubsecretario de Relaciones Económicas de la Cancillería, Rodrigo Yáñez.
Desde el interior del Minsal confirman que González Caro “es una profesional muy leal y bien evaluada por el (ex)ministro Paris y las (ex)subsecretarias, desde Paula Daza a María Teresa Valenzuela”.
Además, consideran que, aunque se haya ido Juan Carlos Corbeaux, el jefe técnico de abastecimiento el 2019, “los operadores dentro siguen siendo los mismos que él dejó, y son quienes cierran las licitaciones”, afirma una fuente al interior del ministerio.
También en febrero del año pasado, la presidenta del Colegio de Enfermeras, María Angélica Baeza, denunció que la doctora González las recibió para conocer su disposición y propuestas para el plan de vacunación contra el COVID, pero que la reunión terminó abruptamente, marcada por los “malos tratos” y la “prepotencia” de la funcionaria, lo que motivó una carta en su contra dirigida al entonces ministro Enrique Paris.
Cecilia González figura en el staff de médicos de la Clínica Santa María, como pediatra, infectóloga y especialista en Medicina del Viajero. Aunque no tiene su agenda abierta con horas para las próximas semanas, su cargo en el Minsal le impide atender pacientes en forma particular. Según el portal de Transparencia, la doctora González, como jefa del Departamento de Inmunizaciones, tiene grado 5 en la Escala Única de Sueldos, con bonificación por función crítica por un total de $5.096.000 brutos. Además, aparece en el listado de funcionarios a contrata desde 2014.
