Opinión
Para la implementación de esta Política de Defensa Participativa, en el marco de la nueva Constitución, se requerirá el diseño y desarrollo de un Sistema de Defensa Nacional bajo el mando supremo permanente del Presidente de la República y la participación efectiva del Congreso Nacional, donde la Fuerza Militar será un instrumento que actuará mediante la cooperación y según el principio de legítima defensa establecido en la Carta de las Naciones Unidas, y formará parte orgánica del Ministerio de Defensa Nacional, según una estructura y mando conjuntos para su desarrollo y empleo.
Durante los últimos años, los gobiernos de derecha, siguiendo su tradición histórica, intentaron desplegar maniobras de distracción sobre su falta de interés en el tema militar profesional, esta vez, a través de una Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa 2012-2024 y de una Política de Defensa Nacional 2020, que pretendían confundirnos de sus reales intenciones políticas.
De manera similar, parece que estamos cerca de un récord Guinness con el procesamiento judicial de los últimos cinco comandantes en Jefe de nuestro Ejército, como secuela de un período de la historia en que se despreciaron brutalmente los derechos humanos y de un relajo militar, expresado en una cultura de autonomía y corrupción, que excede todos los parámetros éticos y morales.
En este contexto de realismo mágico, no queda más que exclamar: «Houston, we’ve had a problem!” (comandante James Lovell, Apollo XIII).
Con una visión diferente que demuestra su preocupación por la Defensa Nacional, desde el retorno a la democracia los gobiernos de centroizquierda han presentado a los chilenos cuatro exitosos Libros de La Defensa (1997, 2002, 2010 y 2017) y, continuando con esta práctica, el programa de gobierno del Presidente Boric nos ha propuesto un camino para construir nuevas relaciones político-militares, señalando que: (Contribuiremos a) “la consolidación de la zona de paz regional mediante la promoción de la reconstrucción del regionalismo multilateral para la cooperación en materia de seguridad y defensa”, agregando una serie de tareas para la “transformación institucional de la Defensa Nacional”, entre las cuales destaca la “elaboración participativa de una nueva Política de Defensa Nacional”, que incluya un “institucionalizado proceso de planificación por capacidades, de carácter conjunto”, con la participación activa de una “fortalecida institucionalidad civil”. De esta forma, confiamos poder ponerle el cascabel al gato.
El Tratado de Paz y Amistad de 1984, que puso fin al litigio con Argentina sobre el Canal Beagle, la sentencia de la Corte de La Haya por la Delimitación Marítima con Perú de 2014 y el fallo de 2018 de dicha Corte en la Demanda Marítima Boliviana, resolvieron las diferencias pendientes de los conflictos vecinales del siglo XIX y, consistente con este escenario, el Libro de la Defensa Nacional de Chile 2017 inició la conceptualización de una nueva Política de Defensa para el siglo XXI, presentando un marco de referencia relevante para los desafíos sectoriales al enfatizar una doctrina que asume los dividendos de la paz y considera la defensa como un asunto fundamentalmente político, que busca contribuir a la paz y la seguridad en el mundo y según la cual el Estado posee y prepara los medios militares necesarios para emplearlos en legítima defensa, a través de la cooperación internacional.
Sin embargo, durante las últimas décadas hemos observado un baile de máscaras, donde las autoridades políticas hacen como que mandan y los militares como que obedecen, encubriendo una autonomía militar que ha facilitado el desarrollo de un monstruoso programa de renovación militar, según una obsoleta doctrina del siglo XIX; situación que nos apremia a implementar una nueva Política de Defensa para el siglo XXI, que construya confianza regional a través de la cooperación y nos conduzca a desarrollar colectivamente paz, democracia y prosperidad. En el siglo XXI, Chile resultará seguro solo si sus socios estratégicos se sienten seguros.
Para materializar esta nueva visión deberemos responder preguntas tales como: ¿de qué defendernos?, ¿de qué queremos defendernos?, ¿cuánta defensa es suficiente?, ¿cómo defendernos?, ¿cuánta defensa podemos financiar?, ¿cómo organizamos la Defensa?, ¿roles y misiones de la Fuerza Militar?, ¿con qué estrategia?, ¿qué tipo de Fuerza Militar?, ¿qué carrera militar?, ¿con qué sistemas de armas?, ¿cuánta industria nacional de defensa?, ¿con qué marco legal y financiero?, etc.
Sudamérica es una zona de paz, que en el último siglo solo ha sufrido la Guerra del Chaco, los conflictos entre Ecuador y Perú y las secuelas de la invasión colonial a las Malvinas. Sin embargo, de forma recurrente se mantienen graves problemas comunes de migraciones y narcotráfico, para los cuales deberemos impulsar iniciativas políticas compartidas. Además, se deberá fortalecer la solución pacífica de las controversias históricas con medidas nuevas y creativas de confianza mutua (por ejemplo, repitiendo ahora, en sentido inverso, la experiencia de los presidentes Ibáñez y Perón, de pilotos chilenos volando aviones Gloster Meteor de la Fuerza Aérea Argentina), operaciones de paz (Cruz del Sur y otras), intercambios militares, presencia en la Antártica, control conjunto de espacios comunes de la humanidad, colaboración para catástrofes naturales, calentamiento global, etc. Así, esperamos que en el futuro converjamos a un escenario en que nuestros países confirmen su obligación de abstenerse a la amenaza o uso de la fuerza para la solución de sus controversias (tal como lo dispone el Artículo 2° del Tratado de Paz y Amistad de 1984 con Argentina) y también, a desistir de actuar como escuderos de Estados Unidos en sus conflictos globales o a caer en las sutiles redes de hegemonía económica de China.
Conceptualmente la Política de Seguridad se refiere al control de los riesgos (vulnerabilidad frente a un peligro) que afecten los intereses principales del Estado (población, territorio y soberanía nacional) y la Política de Defensa se ocupa de las amenazas (riesgos no controlados). De acuerdo a ello, la evolución de la política internacional y del escenario estratégico sudamericano muestran que el riesgo de guerras nacionales ya no es relevante, pero la crisis será la expresión recurrente de sus conflictos, para las cuales nuestra postura disuasiva resulta ineficaz e infinanciable, debido a que requiere mantener una fuerza lista para el combate en tiempos de paz, que poco o nada colabora para la solución política y jurídica de nuestros diferendos. En realidad, hemos seguido un camino erróneo al continuar desarrollando principalmente una Política Militar y no de Defensa ni menos de Seguridad, basada en una Fuerza Militar poderosa, según una obsoleta doctrina del siglo XIX, para operar en el siglo XXI, con tecnología del siglo XX, que olvida que el éxito del pasado es el origen de la derrota del futuro.
Para la implementación de esta Política de Defensa Participativa, en el marco de la nueva Constitución, se requerirá el diseño y desarrollo de un Sistema de Defensa Nacional bajo el mando supremo permanente del Presidente de la República y la participación efectiva del Congreso Nacional, donde la Fuerza Militar será un instrumento que actuará mediante la cooperación y según el principio de legítima defensa establecido en la Carta de las Naciones Unidas, y formará parte orgánica del Ministerio de Defensa Nacional, según una estructura y mando conjuntos para su desarrollo y empleo.
Nuestra Fuerza Militar ha evolucionado desde un puño fuerte a un puño inteligente, opción natural en un mundo que se encandila con el espejismo de la tecnología, que parece resolverlo todo y significa que hoy se pretenda seguir desplegando organizaciones militares inteligentes con avanzados sistemas de armas, que requieren personal muy calificado de alta expectativa económica. Asimismo, comparando la cantidad y alistamiento de los despliegues militares vecinales, se observa que esta Fuerza Militar resulta absolutamente sobredimensionada para enfrentar nuestras demandas estratégicas.
En este marco, el reciente Informe de Política Monetaria (IPoM-marzo 2022) y la famosa frase del expresidente Ejecutivo de Codelco (“No hay plata, viejo. Entiéndeme, no hay un puto peso”), han confirmado mis peores pronósticos sobre la quiebra de la defensa, debido a que la proyección futura del gasto de defensa requerido para este diseño militar será financieramente inviable para las prioridades de una nueva sociedad que evoluciona de un Estado subsidiario a un Estado solidario.
Para la solución de este problema, deberemos considerar que al nivel estratégico no hay verdades absolutas, sino solamente alternativas, con diferentes riesgos y costos asociados. De esta forma, la planificación militar deberá reorientarse hacia la identificación participativa de soluciones creativas para la implementación prioritaria de algunos programas que permitan el desarrollo de un núcleo básico de defensa de capacidades conjuntas expandibles, que resulten claves para los futuros escenarios estratégicos probables.
Con este fin deberemos implementar una Reforma Militar al año 2030 que resuelva armónicamente el dilema entre mantequilla o cañones. Su ejecución requerirá desarrollar una reingeniería de la defensa destinada a enfrentar las incertidumbres del futuro a través de una reducida fuerza conjunta, calibrada para estos riesgos, pero capaz de regenerar un potencial suficiente para su empleo en legítima defensa y relevante para cooperar por un mundo global seguro. Este rediseño propuesto deberá generar una sinergia efectivamente conjunta, cuyo incremento de productividad nos permita una reducción programada del personal y de las plataformas militares, sin poner en riesgo nuestra seguridad.
Espero que el debate de estas ideas facilite superar el realismo mágico de la Defensa Nacional que observamos, dejando de “mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común”.
