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Propuesta de Nueva Constitución
Normas Transitorias: el espacio donde el Gobierno, Congreso, TC y Convención se verán las caras NUEVA CONSTITUCIÓN

Normas Transitorias: el espacio donde el Gobierno, Congreso, TC y Convención se verán las caras

Raúl Espina
Por : Raúl Espina Periodista de El Mostrador
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En la última etapa de trabajo de la Convención Constitucional, la Comisión de Normas Transitorias resulta clave en la configuración del tránsito desde la vieja institucionalidad a la nueva, abriendo un espacio donde será determinante el diálogo con los poderes constituidos, los cuales están siendo sometidos a profundas transformaciones en el actual proceso constituyente. Tanto el Gobierno como el Congreso y el Tribunal Constitucional cumplirían, en el papel, un rol de apoyo técnico a la redacción de normas que modifican la base institucional consagrada en la actual Carta Magna y que abren paso al nuevo modelo de Estado Social de Derecho.


El Comité Político ampliado de hoy, lunes 2 de mayo, será la primera instancia formal en que el Gobierno, junto con los partidos políticos de las coaliciones Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, se referirán en específico al rol fundamental que cumplirá la Comisión de Normas Transitorias en la última y definitiva fase de trabajo de la Convención Constitucional.

Se trata de una conversación determinante para definir el rol que cumplirá el Poder Ejecutivo en esta instancia, que será paralela a las fases de Armonización y Preámbulo, y cuya labor estará orientada a generar la transición entre la actual y la nueva Constitución, en caso de ser aprobada en el plebiscito de salida. Un enorme desafío que también se relaciona con lograr un tránsito armonioso desde la antigua institucionalidad a la nueva y que implica un constante diálogo con las organizaciones, sindicatos y, por cierto, con todos los poderes constituidos.

Entre los 33 convencionales que integran esta comisión, coinciden en el hecho de que existe confianza en la actual institucionalidad y en que las normas transitorias efectivamente van a dar cuenta de manera responsable de una gradualidad que, a su juicio, resulta necesaria para la implementación de transformaciones de la magnitud que plantea el texto borrador que aún sigue en discusión.

Jeniffer Mella, convencional del Frente Amplio, integrante de Normas Transitorias y coordinadora de la Comisión de Forma de Estado, señaló al respecto que “se están planteando cambios profundos que requieren también de una programación y una conversación a nivel de Estado con todos los poderes constituidos que se están modificando o los nuevos que se están proponiendo. Esa conversación es bienvenida y necesaria, por ejemplo, con el Poder Legislativo, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y el Poder Ejecutivo”.

Son las propias instituciones que en este proceso constituyente están sufriendo modificaciones en cuanto a sus reglas, estructura y funcionamiento, las que, por primera vez, van a poder intervenir en el trabajo de la Convención, pero con ciertas limitaciones. Según detallan desde el interior de la comisión, se busca que estos poderes constituidos no sean simples espectadores del proceso y que puedan entregar su apoyo técnico, junto con dar cuenta de sus apreciaciones sobre cómo se está efectuando este tránsito, por ejemplo, en el Poder Judicial, donde se plantea un cambio a gran escala. Pero también en instituciones más pequeñas como los Juzgados de Policía Local, que igualmente están sufriendo modificaciones y a los cuales hay que darles garantías de cómo se está haciendo la transición.

Sobre la participación del Gobierno en esta instancia, aseguran que se restringirá a abordar el rol institucional de provisión de insumos técnicos para, por ejemplo, normas que demanden crear órganos nuevos y una nueva institucionalidad. Un aporte que se efectuará a través de la mesa directiva del órgano constituyente y, también, por medio de su secretaría técnica, la cual —a dos semanas de su puesta en marcha— está apoyando fuertemente el proceso de definición de unidades temáticas de la Comisión de Normas Transitorias.

En ese sentido, la convencional Tania Madriaga (Coordinadora Plurinacional) dijo que “el Gobierno debiese tener una postura clara de colaboración activa, entregando la mayor cantidad de antecedentes de lo que se encuentra vigente, para que las normas transitorias respondan a lo que debemos cambiar, y debiera también comprometerse a empujar su implementación en cuanto gane el Apruebo”.

El rol clave de los poderes constituidos

Fue en el contexto de la reunión de comité ampliado, con todos los ministros y jefes de partidos, realizada el pasado martes 26 de abril en La Moneda, que tanto el Presidente Gabriel Boric como el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, fueron enfáticos en plantear su neutralidad en términos de no intervenir en el proceso constituyente. No obstante, expresaron su voluntad de prestar toda la colaboración necesaria para la labor de la Comisión de Normas Transitorias, lo que, a juicio del diputado y líder de Acción Humanista, Tomás Hirsch, “implica cuidar de los pasos intermedios en los cuales sigue rigiendo a su vez la Constitución actual, y que, por tanto, conlleva un trabajo de coordinación sobre todo en lo que refiere a los plazos, tiempos y modos de implementación”.

Un proceso que para el convencional Pablo Toloza (UDI), quien también es integrante de esta comisión, “no significa que esos poderes vayan a influir o pautear el trabajo de Normas Transitorias. Acá obviamente tiene que haber una coordinación, donde nunca he estado de acuerdo en el sentido de que esta Convención es un órgano aislado del poder constituido, pues pienso que esta es una estructura más del poder del Estado, y, por tanto, obviamente tiene que escuchar a todos los sectores”.

El Poder Legislativo, por cierto, también es un actor protagónico dentro de esta etapa y, sobre todo, en la discusión posterior a una posible aprobación del nuevo texto constitucional. Al respecto, algunos de los constituyentes que integran la señalada comisión, plantearon que se está intentando dejar remisiones a la ley y modelos transitorios que permiten que se genere un desarrollo político respecto a cada una de las normas, que vayan dotando de más elementos y mayor precisión a la nueva Constitución. Un ejemplo de esto es en materia de Estado Regional, donde hay toda una legislación complementaria que se debe generar, debido a que cada artículo tiene su respectiva remisión a la ley.

En el caso de las Autonomías Territoriales Indígenas, por su parte, tanto su constitución como el otorgamiento de sus competencias están mandatados por la ley, por lo que es altamente probable que emerjan normas transitorias referidas a un mandato para que estas leyes se tramiten posteriormente en el Congreso. Existen aprensiones, sin embargo, por la posible extensión de la discusión legislativa sobre una materia que dispone de voces críticas en sectores de la centroderecha y ex Concertación.

Una fuente al interior de la comisión asume que “el Congreso, en su correlación de fuerzas, efectivamente quizás no es muy acorde con las directrices generales que pueda tener el Ejecutivo, por ejemplo, pero me parece que, si hay un mandato constitucional al ejercicio de lo que ellos tienen que hacer, el Legislativo va a tener la obligación de ceñirse a aquello y por lo menos dar las discusiones. Creo que hay que confiar en la soberanía y en el órgano legislativo independientemente de quienes lo conforman, porque en ese Congreso estamos realmente todas y todos, y es el órgano de mayor democracia y mayormente representativo de todas las personas y territorios, y creo que debemos confiar en que ellos van a hacer su parte del trabajo”.

Diseño de una nueva institucionalidad

El trabajo de esta instancia de Normas Transitorias estará enfocado en la planificación del tránsito hacia el nuevo modelo de Estado Social de Derecho que la Convención le está proponiendo al país. Una labor que se centrará en la creación de instituciones, y de otras, que no nacen como órganos autónomos, pero sí se van a regular constitucionalmente y que no están en la actual Carta Magna, como por ejemplo el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

En cuanto a la creación de órganos autónomos, los convencionales coinciden en la importancia de regular las nuevas defensorías: la Defensoría de los Pueblos Originarios y la Defensoría de la Naturaleza, además de modificar la Defensoría Penal Pública, entre otras materias relevantes. Sin embargo, los constituyentes creen que el mayor desafío que tiene por delante esta comisión es respecto al cambio que se va a producir entre lo que existe y lo que la nueva Carta Fundamental está proponiendo, en relación con la reformulación de instituciones que fueron evaluadas y cuyo funcionamiento se consideró que no estaba siendo el adecuado.

Dentro de las instituciones que sufrirían modificaciones importantes, un caso emblemático es el del Tribunal Constitucional, que podría ser reemplazado por la Corte Constitucional, que será un órgano “autónomo, técnico y profesional”, que tiene por finalidad garantizar la supremacía de la Constitución. Se trata de una propuesta que ya fue aprobada en la Comisión de Sistemas de Justicia y que buscará los apoyos necesarios para su aprobación en el Pleno.

Otro ejemplo, y que ya es parte del texto borrador, se relaciona con los Juzgados de Policía Local, que ahora pasarán a ser parte de la denominada “Justicia Vecinal”. Algunos casos que aún están pendientes de aprobación en el hemiciclo son el Servicio Nacional del Consumidor, que pasaría a ser la Agencia Nacional del Consumidor; la Dirección General de Aguas, que daría paso a la Agencia Nacional del Agua; y, finalmente, lo relativo a las notarías y conservadores, que en teoría dejarían de ser un negocio para sus titulares, a través de la creación de los Servicios Notariales y Registrales.

En el marco de este proceso de cambio al interior de las instituciones, desde Normas Transitorias asumen que existe una cantidad importante de trabajadoras y trabajadores que están expectantes sobre lo que va a ocurrir con ellos y de cómo se produce el traspaso de la antigua institucionalidad a la nueva. Admiten que es un asunto relevante que se debe resolver, y que implica necesariamente el diálogo con asociaciones y organizaciones gremiales que han manifestado públicamente su preocupación al respecto.

Además, una fuente al interior de la comisión agrega que otras unidades temáticas, que a su juicio son importantes, tienen que ver con la modificación de reglas de gobernanza, procedimientos o ejercicios del cargo, la creación de nuevos órganos, algunos de ellos autónomos y otros que no requerían una autonomía pero que podían ser autónomos legalmente. Por otra parte –explican–, se considerará la creación de iniciativas constitucionales consistentes en normas transitorias.

Finalmente, en cuanto a la discusión pendiente sobre el esquema de implementación de los Derechos Fundamentales que forman parte de la propuesta de nueva Constitución, entre ellos, el Derecho a la Educación, el Derecho a la Salud y el Derecho a la Seguridad Social, también se apuesta por la gradualidad. El convencional del Colectivo Socialista, Tomás Laibe, señaló al respecto que “estos Derechos están creando una serie de sistemas públicos, los cuales también requieren de una implementación gradual. No solamente por el rol que cumplen los privados en cada una de esas áreas, sino que también porque requieren de un fortalecimiento del Estado y una coordinación entre sus diferentes institucionalidades, lo cual precisa de una gradualidad que sea razonable y permita implementar estos sistemas”.

Cabe mencionar que la Comisión de Normas Transitorias comenzará su labor el próximo 17 de mayo, con las propuestas de normas aprobadas en general en cada una de las siete comisiones temáticas. Respecto de aquellas propuestas, esta instancia formulará indicaciones que luego tendrán que ser sometidas a la votación del Pleno de la Convención Constitucional, antes de sumarse al texto borrador.

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