NUEVA CONSTITUCIÓN
Crédito: Agencia UNO
Una edición especial de la encuesta Cadem consultó a 2.614 personas sobre diversos contenidos constitucionales, como la soberanía del país, su preferencia en forma y tipo de Estado, y sobre salud y seguridad social, además de sus impresiones sobre temáticas medioambientales, definiendo sus preferencias de cara al borrador constitucional que tendrá que ser votado en el plebiscito de salida. Uno de los principales datos es que el 59% cree que la nueva Constitución debe establecer que «no exista propiedad privada sobre ciertos recursos naturales como el agua y el aire, ni que tampoco el Estado otorgue concesiones para su aprovechamiento», versus el 36% que dice que se debe establecer «propiedad sobre las concesiones y derechos que el Estado otorgue para el aprovechamiento de los recursos naturales», pero asegurando «el deber de velar por el desarrollo sostenible y su preservación para generaciones futuras». En cuanto a los animales, el 84% está a favor que se le reconozca como seres sintientes. En Salud y Seguridad Social, los encuestados prefieren que sean los mismos chilenos los que decidan si dejan la administración de sus cotizaciones en un ente público o uno privado. En Sistemas de Justicia, los encuestados están a favor de un Poder Judicial para todos por igual y sin distinción entre chilenos y pueblos originarios, y piden un Tribunal Constitucional que «vele por la Constitucionalidad de las leyes» que se aprueben en el Congreso.
En la recta final del trabajo de la Convención Constitucional, la última encuesta Cadem le preguntó a la ciudadanía su opinión sobre las materias que se están tratando al interior del Pleno y en cada una de sus distintas comisiones, y no por su opinión sobre el trabajo de los constituyentes, convirtiéndose en la primera edición de su medición que aborda el contenido constituyente a casi un año de su instalación.
A los 2.614 casos que participaron de este estudio cuantitativo, se les consultó sobre diversos contenidos constitucionales, como la soberanía del país, su preferencia en forma y tipo de Estado, y sobre salud y seguridad social, además de su impresiones sobre temáticas medioambientales.
Precisamente en este último punto, el 68% de los encuestados afirmó que la Nueva Constitución debe consagrar el derecho «de las personas a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación, estableciendo el deber del Estado de velar por un desarrollo sostenible que proteja a la naturaleza para las generaciones futuras», versus un 28% que cree que se debe consagrar un «derecho a la naturaleza, estableciendo el deber del Estado y la sociedad de protegerla y respetarla».
Además, sobre los recursos naturales, el 59% cree que la nueva Constitución debe establecer que «no exista propiedad privada sobre ciertos recursos naturales como el agua y el aire, ni que tampoco el Estado otorgue concesiones para su aprovechamiento como en el caso de minas, sino sólo autorizaciones administrativas temporales para su aprovechamiento sujetas a causales de caducidad, extinción y revocación». Por otro lado, el 36% dice que se debe establecer «propiedad sobre las concesiones y derechos que el Estado otorgue para el aprovechamiento de los recursos naturales», pero asegurando «el deber de velar por el desarrollo sostenible y su preservación para generaciones futuras».
En cuanto a los animales, el 84% está a favor de que la Nueva Constitución reconozca la sintiencia de los animales (que son seres que sienten) y su derecho a vivir una vida sin maltrato, versus un 10% que está en desacuerdo.
Dentro de los temas que está viendo la Convención en su recta final está el de los Derechos Fundamentales, como el de salud, vivienda y seguridad social. La encuesta Cadem consultó sobre estas preferencias.
Sobre el derecho de propiedad, el 60% está a favor de que la Constitución establezca un derecho de este tipo de carácter «fuerte y que el parlamento sólo pueda establecer algunas restricciones y excepciones», versus el 22% que prefiere que se establezca un derecho de propiedad que pueda ser definido por el parlamento. En cuanto a las expropiaciones -otro tema que sacó ronchas al interior de la Convención- el 63% está de acuerdo en que éstas se paguen al contado, a precio de mercado y previamente a la toma de posesión del bien expropiado, frente al 25% que considera que estas materias tienen que ser determinadas por el Congreso.
En Salud, el 74% está a favor de que las personas tengan la libertad de elegir a su prestador, pudiendo ser público o privado, frente al 22% que cree que las cotizaciones sean administradas por un ente estatal. En Seguridad Social, el porcentaje es parecido: 75% a favor de que las personas elijan donde administrar sus cotizaciones, versus un 19% que piensa que son de exclusiva administración estatal.
En vivienda, el 62% considera que la nueva Constitución debe establecer el derecho a una vivienda digna, pero «además especificando que el Estado debe asegurar su ejercicio considerando cuestiones como habitabilidad, espacio, equipamiento doméstico y comunitario», entre otros. Por otro lado, el 31% cree que sólo se debe establecer el derecho a una vivienda digna.
A los encuestados se les preguntó su preferencia sobre el Sistema de Justicia que debe estar en la Nueva Constitución. Al respecto, un 82% está a favor de un Poder Judicial único «que aplique las leyes a todas las personas por igual», versus un 11% que cree que tiene que haber sistemas judiciales distintos para chilenos y pueblos indígenas, pero tutelados por la Corte Suprema, y un 3% que piensa que debe haber sistemas distintos.
En cuanto al Tribunal Constitucional (TC), el 45% está a favor de mantener un TC que «vele por la Constitucionalidad de las leyes» que se aprueben en el Congreso, un 27% está a favor de eliminar el TC y que su trabajo recaiga en la Corte Suprema, y un 13% a favor de reformular el TC para que no pueda modificar leyes aprobadas en el Congreso.
En temas de soberanía, el 76% está de acuerdo con que la nueva Constitución consagre que esta reside en «la nación chilena, la que está conformada por diversas culturas», frente al 19% que cree que esta reside en «el pueblo de Chile, el que está conformado por diversas naciones».
En esa línea, en formas de Estado, el 67% considera que la nueva carta magna debe establecer un Estado «unitario pero descentralizado, priorizando que las funciones públicas queden radicadas en lo niveles locales sobre los regionales, y estos últimos sobre el nacional», frente a un 24% que opina que el Estado debe ser «regional conformado por regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales con potestades y competencias para autogobernarse».
Y por el lado del tipo de Estado, éste, a juicio del 74% de los encuestados, debe ser «multicultural, es decir un Estado conformado por la nación chilena que reconoce la existencia de varias culturas como la Rapa Nui, Selk’nam, Changos, etc», versus al 20% que cree que debe ser «plurinacional, es decir un Estado conformado por varias naciones». Precisamente este tema fue uno de los que más polémicas y discusiones causó dentro de la Convención. Finalmente, la opción de «plurinacionalidad» fue la que avanzó al borrador de la nueva Constitución.
En otros datos ligados a esta materia, el 72% respalda la elección de solo un Presidente de la República y no de una dupla paritaria de un Presidente y un Vicepresidente, con un Ministro de Gobierno ratificado por el Parlamento (21%). Y el 53% está a favor de un Congreso bicameral, con una Cámara de Diputados y un Senado, versus el 35% que piensa que debe instaurarse un Congreso Plurinacional unicameral «que ejerza la potestad legislativa», acompañado de una Cámara Territorial, con incidencia legislativa en materias regionales, pero sin funciones de cámara revisora.
