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El conflicto en la zona mapuche no requiere solo solución política, sino también cultural

por 24 mayo, 2022

El conflicto en la zona mapuche no requiere solo solución política, sino también cultural
El concepto de indigenismo, como forma de equilibrar e intentar reconocer la importancia cultural de los pueblos originarios, nunca logró tener un correlato de sustento para el establecimiento de eficaces relaciones de convivencia, pues, a pesar de los Congresos Indigenistas Interamericanos, desde mediados del siglo XX, los principios políticos indigenistas se han remitido, mayoritariamente, a procesos de integración al occidentalismo dominante. En Chile nunca fue un intento real por comprender y aceptar ciertas autonomías indígenas, sino el uso de los dos conceptos que se leen en el escudo nacional: la razón o la fuerza, en este caso una razón que aún no supera la modernidad ilustrada y que plantea sus principios como regulación blanda y dura (según el caso) de la adaptabilidad indígena a los procesos inacabados de lo moderno. La fuerza, por lo general, no ha sido el último recurso para los objetivos anteriores, sino una especie de lugar común que no se ha detenido desde la “Conquista” y todo el proceso de colonización.
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Una de las grandes críticas que han realizado, hace más de una década, los partidos que hoy gobiernan, antes de ser Gobierno, fue la militarización policial en la Macrozona Sur, luego, con mayor énfasis “crítico”, los Estados de Excepción con la intervención militar directa. Gabriel Boric, en el momento de asumir la Presidencia, terminó con el Estado de Excepción en la zona, sin embargo, hace menos de una semana, lo ha vuelto a incorporar. Lo que me interesa plantear, en esta breve columna, no se trata de la presión política que se ejerció para esta última decisión, ni el posible fracaso político del actual Gobierno en lo que refiere a esta materia, sino de unos alcances con respecto a ciertas bases que han estructurado el problema histórica y culturalmente.

Las posturas de intento progresista, y de izquierda, han repetido, casi mecánicamente, que el complejo escenario de la Macrozona Sur no es policial ni militar sino político, pero esta posición analítica no tiene sustento coyuntural ni histórico si no se considera el aspecto cultural, es decir, todo el entramado de los distintos ejercicios de poder en lo que respecta a la incidencia de “resultados” simbólicos y subjetivos en la gran mayoría de todo el proceso de constitución republicana del país (y acá es el principio de Estado nación del territorio).

El concepto de indigenismo, como forma de equilibrar e intentar reconocer la importancia cultural de los pueblos originarios, nunca logró tener un correlato de sustento para el establecimiento de eficaces relaciones de convivencia, pues, a pesar de los Congresos Indigenistas Interamericanos, desde mediados del siglo XX, los principios políticos indigenistas se han remitido, mayoritariamente, a procesos de integración al occidentalismo dominante. En Chile nunca fue un intento real por comprender y aceptar ciertas autonomías indígenas, sino el uso de los dos conceptos que se leen en el escudo nacional: la razón o la fuerza, en este caso una razón que aún no supera la modernidad ilustrada y que plantea sus principios como regulación blanda y dura (según el caso) de la adaptabilidad indígena a los procesos inacabados de lo moderno. La fuerza, por lo general, no ha sido el último recurso para los objetivos anteriores, sino una especie de lugar común que no se ha detenido desde la “Conquista” y todo el proceso de colonización.

El eufemismo de La Pacificación de la Araucanía, en casi toda la segunda mitad del XIX, es uno de los ejemplos de políticas (económicas) no convenientes para una joven república de aspiración (siempre tardía) burguesa europea, que debe invisibilizar tratados como el de la Guerra de Arauco en el XVII, a pesar de que la aceptada autonomía de los mapuches se supeditaba al vasallaje con la Corona española. Sin embargo, fue un conflicto de casi 100 años, luego del cual se llega a un acuerdo, el que se desconoce dos siglos más tarde por Chile.

El correlato y los derroteros son muchísimos, sin embargo, la base se ha mantenido en lo estructural: el constante desconocimiento cultural como principio motor de todos los demás desconocimientos materiales (particularmente los territorios físicos), excepto la capitalización del folclorismo turístico y los incipientes réditos (de menos de medio siglo), lo que derivaría en la competitividad de las marcas países donde, claramente, y sin dudas, el “indigenismo” es una conveniente cosificación banalizada.

Todo lo anterior singularizó, también, una constante: el racismo, el cual es parte constitutiva en el imaginario sociocultural ininterrumpido históricamente. Esto último, a pesar de que en Chile la mayoría tiene ascendencia mapuche, lo cual ha sido una de las constantes en lo que refiere a la vergüenza “instituida”, la que, al final del superficial día, no plantea sus raíces desde los imaginarios sobre la mezcla sanguínea, o el ADN, sino simplemente la apariencia física, es decir, el intento de blanqueamiento como performatividad de autoemulación dentro de un inconsciente evolucionista que aún no supera, siquiera, lo frenológico.

Lo racial se interconecta con las desigualdades económicas (hay muchísimos estudios sobre esto), es decir, con la pobreza material y simbólica. Las políticas territoriales sobre lo periférico son una de las definiciones del entramado de la vergüenza racial; la pauperización es parte de los resultados inevitables. De esto se desprende lo que se puede entender como lo “popular”, lo cual, en Chile, por ejemplo, se ha debatido infructuosamente en las improvisadas políticas culturales desde los primeros decenios del siglo XX, donde, curiosamente, en una dictadura como la de Carlos Ibáñez del Campo se intenta una política sobre el reconocimiento cultural, desde una perspectiva estética, de la cultura mapuche.

Sin embargo, fueron tan leves los principios y tan fuerte el rechazo de lo denominado como cultura plebeya en favor de la ilusión media de la aspiracionalidad oligárquica, que la “batalla” cultural siempre ha privilegiado, en aras de una constitución ficticia de retención –siempre tardía– de una modernidad europea (particularmente francesa). El poder oligarca cultural, que deriva en el burgués, continúa siendo una constante, inscrita en las subjetividades de la representación de una cultura ilusoria que puede verse, con bastante facilidad, en las posiciones artístico-culturales. La herencia de un arte pobre en Chile ha quedado supeditada a una moralidad religiosa de la subsidiariedad periférica; no es un real reconocimiento, sino la implantación de una marginalidad amable y tratable para la generación de logros que puedan colaborar en la superación, no de la pobreza material, sino la de la simbólica aspiracional.



En este sentido, si bien gran parte de lo que nos configura se ha presentado a través de políticas determinadas, lo cultural es lo que ha precedido a aquellas decisiones políticas, y en esto se ha jugado el entramado entre lo racial, cultural, pauperización, marginalidad y pobreza (material y simbólica). En el Chile republicano, lo popular indígena, como relación cultural/epistémica y su derivación política, nunca tuvo un relato permanente. Las consecuencias raciales y clasistas, en los fragmentados momentos de un interés institucional de las culturas populares, tiene su correlato con una especie de dialéctica negativa nacional con el entendimiento indigenista.

Esto, de forma muy resumida, nos muestra los “síntomas” del fracaso político en la Macrozona Sur. La cultura/política nunca se hizo cargo. Hoy, el nuevo Gobierno choca con esa realidad (antes teórica para ellos), por no caer en cuenta de la propia ingenuidad histórica progresiva… La fuerza “debe” volver a imponerse.    

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