Nueva Constitución: proceso y contenido

A partir del mismo instante en que la presidenta de la Convención le entregue al Presidente Boric la propuesta de nueva Constitución, atrás quedará el proceso que marcó la deliberación y, en su lugar, el contenido pasará a ser lo significativo y relevante.

Los errores, o sea, lo anecdótico, que han acompañado el proceso deliberativo –siendo el más reciente la polémica innecesaria alrededor de si invitar o no a los expresidentes a la ceremonia de entrega del texto constitucional– no empañan, sin embargo, el cumplimiento estricto del cometido que a la Convención le fue entregado. Lo cumplió en tiempo y forma en medio de un escenario político y social solo comparable al caótico estado en el que se encontraba el país al cabo de la dictadura.

No se trata en ningún caso de justificar los errores, que los ha habido, empezando por el papelón de Rojas Vade. Pero tampoco se trata de convertirlos en trigo para quienes, desde el conservadurismo, han buscado por todos los medios hacer abortar el trabajo de la Convención y, en esta etapa, horadar su producto, que es el proyecto de nueva Constitución (NC) en su fase de armonización.

La Convención tiene su fuerza en la legitimidad democrática alcanzada por primera vez desde que existimos como nación soberana. Y la propuesta que emerge del proceso de deliberación recoge lo esencial de las demandas ciudadanas, a partir de las cuales podremos empezar a cerrar las brechas sociales aberrantes que existen en nuestra sociedad. De paso, avanzar en la reconstrucción del tejido social destruido por la dictadura cívico-militar.

Con respecto a los contenidos, o sea, el fondo del asunto, el capítulo de la propuesta constitucional que mejor conecta con las demandas sociales que originaron este proceso político es, sin duda alguna, el que define a Chile como Estado Social y Democrático de Derecho, acompañado de un cuerpo sólido de derechos sociales. No es evidentemente lo único. La propuesta de NC también introduce conceptos modernos en relación, por ejemplo, con la educación, al concebirla como proceso a lo largo de la vida, la necesidad de desarrollar capacidad de análisis crítico y, para la época que vivimos, marcada por la irrupción de la tecnología digital, desarrollar competencias propias del siglo XXI. ¡Que enfoque más distinto al de aquellos que, en pleno siglo XXI, bajo el Gobierno de Piñera 2, buscaban sacar la asignatura de Filosofía de las aulas!

Lo mismo hace en relación con la democratización de los sistemas de conocimiento, piezas claves para avanzar hacia el desarrollo, pero con inclusión y justicia social en medio de poderosos desafíos que nos colocan la pandemia y la crisis climática. Esta última, que afecta a la humanidad toda, requiere –si acaso no obliga– desarrollar una visión productiva amistosa con el medio ambiente, que respete a las comunidades, diseñe e implemente economías circulares, y sea intensiva en conocimiento. Todo lo contrario al productivismo extremo del neoliberalismo.

En lo sustantivo y desde el punto de vista del aporte que nos hace en estas materias la ciencia jurídica, no está de más reiterar que la propuesta de nueva Constitución consolida los derechos humanos de primera generación, (derechos civiles y políticos) estructura y da forma a los de segunda generación (derechos sociales y económicos), al mismo tiempo que innova al incorporar definiciones de protección al medio ambiente, la paridad en la distribución del poder y el reconocimiento constitucional de derechos de los pueblos originarios, entre otros.

Agregar que todos los países que han logrado salir de graves crisis, como la alemana bajo el nazismo, o aquellos otros que avanzaron en esa dirección para evitar la magnitud destructiva de sus países vecinos –los escandinavos–, han adoptado como modelo de sociedad uno en el que concilian los derechos antes señalados, teniendo al Estado social en el centro de la articulación de la vida de sus comunidades. El Estado social es lo que Chile necesita y la redistribución del poder es el modo de conseguirlo.

Las relaciones laborales son esenciales para la democracia. Un paso significativo en ese sentido es el que entrega la propuesta de NC, al reconocer expresamente: la libertad sindical y la sindicalización, el derecho a negociación colectiva y a la  huelga, a la vez que determina que la titularidad sindical reside en el sindicato, así como reconoce el derecho a la negociación ramal, sectorial y territorial. Es lo que además existe en cualquier país con democracias avanzadas.

Señalar, al respecto, que en las relaciones laborales modernas que han surgido de la existencia de Estados sociales (Alemania, Suecia, Dinamarca, Noruega), parte sustantiva del modelo consiste en el derecho de los trabajadores a tener representantes en los directorios de las empresas. Públicas y privadas. Esto es una realidad a partir del reconocimiento básico que se deriva del hecho de que el trabajador(a) deba pasar más de la mitad de su vida en entornos laborales recibiendo órdenes y, como en nuestro país, sin siquiera tener en muchos casos la posibilidad de entregar una opinión sobre la marcha de la empresa.

La evidencia empírica disponible para el caso de países en los que existe esta modalidad de participación de trabajadores, tiene varias significativas ventajas. La principal, es que propende a un tipo de participación Institucional de los trabajadores en las instancias de decisión de las empresas. No ha habido caos, más bien lo ha evitado, como bien puede evidenciarse en el caso alemán tras la Segunda Guerra Mundial. Y ha sido el factor que ha hecho posible desarrollar las economías, generar nuevo conocimiento, aportar a mayores niveles de integración y paz social y, claramente, disminuir las brechas de desigualdad en estas sociedades. Esta es una dimensión de las relaciones laborales que tendrá que ser asumida desde la política por las fuerzas socialistas, la izquierda y los movimientos sindicales.

Previo a terminar, corresponde saludar el triunfo popular histórico de Gustavo Petro y Francia Márquez, a la presidencia y vicepresidencia, respectivamente, del país hermano de Colombia. Indicar que se trata del primer país latinoamericano en adoptar, en 1991, la definición de Estado social y democrático de derecho y, con este triunfo, seguro podrán darse pasos en dirección a su concreción. Para aprender la lección colombiana, la derecha y los sectores conservadores  de ese país nunca hicieron nada al respecto.

En suma, para terminar de abrirles el paso a las transformaciones democráticas en Chile, indispensable resulta  acometer tres grandes desafíos. El primero, ganar con el Apruebo el 4 de septiembre; apoyar al Gobierno del Presidente Boric, el segundo. Por último, recuperar la política en su dimensión de vínculo indisoluble con la sociedad, para construir una poderosa fuerza social y política que asegure y lleve adelante las transformaciones democráticas presentes y futuras.